?> Corruption in Spain: Caso Camelot de PP en Región de Murcia | Casos-Aislados.com
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About Caso Camelot

MURCIA. Cualquiera que acabe siendo el resultado del ‘caso Camelot’, a los alcaldes de Torre Pacheco y de Fuente Álamo, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa Legaz, respectivamente, se les habrán quitado para los restos las ganas de conocer cualquier historia sobre el Rey Arturo y la fortaleza en la que reunía a su Mesa Redonda. Aunque no han llegado a trascender las razones por las que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bautizaron de tal forma ’Camelot’ esa operación policial contra la corrupción, desencadenada en 2008, sí están ya meridianamente claras las imputaciones a las que se enfrentan ambos regidores municipales.

El fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, acaba de presentar su escrito de calificación provisional, en el que acusa a García Madrid de tres delitos de prevaricación, dos de tráfico de influencias y otro de fraude, por los que reclama un total de cuatro años y un mes de cárcel y 43 años de inhabilitación especial, mientras que a María Antonia Conesa le imputa un delito de cohecho y solicita una pena de año y medio de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Les acompañarán en el banquillo el empresario Facundo Armero, también acusado de cohecho y enfrentado a la misma petición de pena que la alcaldesa;

el arquitecto técnico municipal de Torre Pacheco, Ramón Ángel Cabrera(prevaricación y fraude, petición de 20 meses de prisión y 15 años de inhabilitación), y el jefe de la Policía Local pachequera, José Mercader Saura (fraude, con solicitud de 20 meses de prisión y 8 de inhabilitación).

Los hechos supuestamente delictivos cometidos en Torre Pachecho se dividen en cuatro apartados.

El primero se refiere a un ‘proyecto de innecesariedad de reparcelación’, que promovió Facundo Armero en el año 2005 y sobre el cual el arquitecto municipal, José Antonio Albaladejo, emitió informes técnicos en los que advertía de una serie de deficiencias, así como que la zona verde no alcanzaba el mínimo del 7,43% de superficie exigido por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento, faltaban 86,39 metros cuadrados, causando de esa forma un perjuicio de 25.800 euros al municipio.

Pese a esas advertencias contenidas en los informes desfavorables, «de los que era conocedor» el alcalde García Madrid, éste autorizó y firmó el 22 de abril de 2005 el decreto por el que se aceptaba la petición de Facundo Armero. Y ello, reseña el fiscal, «sin disponer de ningún informe técnico municipal que le amparara».

La ‘permuta Mar Menor’

La segunda imputación contra García Madrid se refiere a una permuta de terrenos que realizó el Ayuntamiento con la empresa ‘Mar Menor Golf Resort’

, de la que también participaba Facundo Armero, y que se firmó, según el fiscal, «sin expediente previo y sin ningún informe o dictamen con unas mínimas consideraciones técnicas, económicas y jurídicas que acreditasen su necesidad para servir al interés público»

Reseña el Ministerio Público que el Consistorio entregó una parcela de 34.834 m2, situada en suelo urbano, y a cambio recibió de la promotora cuatro parcelas rústicas, con una superficie total de 53.033 m2. Así, Cabrera hizo un «escueto informe», en el que supuestamente depreció el valor de los terrenos municipales, tasándolos a 82,80 euros/m2, «muy por debajo de su valor real», y aumentó presuntamente la valoración de las parcelas rústicas privadas, que tasó a 45,80 euros/m2.Añade que el alcalde García Madrid, que había apartado al arquiteco municipal Albaladejo de cualquier responsabilidad importante, encargó al arquitecto técnico Ramón Ángel Cabrera que valorara las fincas a permutar, «con el mutuo acuerdo de favorecer a la citada empresa y perjudicar a las arcas municipales». Según las tasaciones de los peritos designados por el juzgado, el perjuicio que la

permuta habría causado a las arcas públicas oscilaría entre los 3,1 y 5,2 millones de euros.

Una balsa ilegal

El tercer supuesto delictivo atribuido al regidor pachequero es no haber actuado presuntamente contra una balsa ilegal en el paraje de La Maraña, «contruida sin ningún tipo de licencia y al margen de la más elemental legalidad, propiedad de un conocido suyo».

Tras comprobar supuestamente esos extremos y consciente, según el fiscal, de que si mandaba a un inspector iba a abrir un acta de infracción,

García Madrid habría decidido «no adoptar medida alguna para restaurar la legalidad infringida». A día de hoy, señala el acusador público, la balsa sigue sin licencia ni expediente sancionador.

Una cédula de habitabilidad

Otro presunto delito habría consistido en pedir al arquitecto técnico Cabrera que emitiera informe favorable a la concesión de la cédula de habitabilidad para una vivienda de la calle Olivar, pese a que el alcalde «era sabedor de que tenía deficiencias y anomalías y de que había informes municipales negativos»

Retirada de una multa

También se le atribuye al alcalde haber llamado al jefe de la Policía Local de Torre Pacheco, José Mercader, para pedirle que le quitara una multa de 1.500 euros a un conductor, cuñado de un amigo de García Madrid, que había sido sorprendido sin seguro y sin pasar la ITV. Aunque se le mantuvo la multa de 100 euros por la ITV, se le retiró, según el fiscal, la más grave, de 1.500 euros, por llevar casi un año sin seguro.

En total,

tres cargos de prevaricación, dos de fraude y otro de tráfico de influencias para García Madrid

El ‘caso de la pagamenta’

Los hechos imputados a la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, se resumen en haber recibido presuntamente un sobre con 12.000 euros en billetes de 50, que el empresario Facundo Armero le habría enviado en las manos de su chófer. El fiscal considera que ese pago había sido «acordado como contrapartida por la intervención (de la alcaldesa) en la adjudicación de contratos a Armero para, al menos, agilizar su tramitación».

En el momento de la entrega, en mayo de 2007, el constructor tenía en marcha en la localidad las obras del centro de salud de Balsapintada, el plan parcial industrial Los Garcerán, el colegio público San Pedro y el acondicionamiento de la Plaza del Agua, además de una serie de contratos menores.

El juicio por ‘Camelot’ podría celebrarse antes de fin de año.

Fuente

Summary
  • Party/Org: PP
  • Place: Región de Murcia
  • Cost aprox.: 3000000
  • Total implicated: 4
  • Year of the events: 2007
  • Judicial status: Abierto
PP
Update date: 20 de Enero del 2018
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Implicated
Ramón Ángel Cabrera
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Prevaricación y fraude
  • Position: Ex-arquitecto técnico municipal de Torre Pacheco


María Antonia Conesa Legaz
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho
  • Position: Alcaldesa de Fuente Álamo (2003-2015)

Los hechos imputados a la alcaldesa se resumen en haber recibido presuntamente un sobre con 12.000 euros en billetes de 50, que el empresario Facundo Armero le habría enviado en las manos de su chófer. El fiscal considera que ese pago había sido «acordado como contrapartida por la intervención (de la alcaldesa) en la adjudicación de contratos a Armero para, al menos, agilizar su tramitación»


Facundo Armero Madrid
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho
  • Position: Propietario de Polaris World


Daniel García Madrid
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Prevaricación y fraude
  • Position: Alcalde de Torre Pacheco (2003-2015)

Condenado en 2015 a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, “con privación definitiva de los cargos de alcalde, respecto del primero, y concejal, respecto de éstos últimos, así como de los honores que les sean anejos, con la incapacidad de obtener dichos cargos o análogos durante el tiempo de la condena” por un delito continuado de prevaricación administrativa