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Sobre el Caso ERE/Surcolor

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los exdirectores de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas también han sido investigados en esta pieza.

En el año 2005 Surcolor y Surcolor Óptica tenían 45 trabajadores e iniciaron un ERE para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo por causas "económicas y cierre de la actividad", pero el ERE fue archivado al no subsanar los defectos detectados por la delegación provincial de Empleo. La empresa optó entonces por despidos individuales, que tuvieron lugar entre junio de 2006 y abril de 2007, y que afectaron a 24 trabajadores de ambas empresas y para el pago de las indemnizaciones se comprometieron a contratar una póliza de seguro.

"Pese a la ausencia de una solicitud formal de ayuda", la Junta instruyó un expediente "cuyo objeto era la concesión de una ayuda sociolaboral en favor de los trabajadores de estas sociedades cuyos empleos se perdían". Para ello, se formalizó una póliza de renta colectiva cuya firma estuvo precedida por un estudio de Vitalia "en el que se incluyeron" en la columna de empleados una relación de 26 personas, "dos de las cuales nunca habían trabajado para la empresa y no formaban parte del listado de personas para las que se proponía la extinción de puestos de trabajo en la propuesta inicial de ERE".

Así, las personas "que se incluían de manera indebida" eran Juan Manuel López Espadas, "militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas", y José Antonio Márquez, "concuñado de Antonio Rivas, dos 'intrusos' cuya inclusión conllevaba un coste de 133.553,56 y 60.861,90 euros, respectivamente.

"En atención a aquel estudio" de Vitalia, Guerrero remitió el 28 de junio de 2006 un escrito a Apra Leven "en el que mostraba la conformidad" de la Dirección General de Trabajo a la contratación de una póliza para 26 extrabajadores, con dos compromisos de pago de 1.170.068,69 euros, "asumiendo así la presencia de sendos intrusos".

El juez procesa a Antonio Fernández porque, siendo consejero de Empleo, se autorizó por la Dirección General de Trabajo esta póliza para 26 extrabajadores, "comprometiendo el abono por parte de la Junta en concepto de prima de 2,3 millones, conociendo que ello se llevaba a cabo pese a no existir solicitud de concesión, no haberse suscrito protocolo de colaboración con la empresa, no haberse firmado convenio de colaboración con IDEA para la materialización del pago y no haberse comprobado que los trabajadores despedidos lo hubieran sido legalmente".

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 2300000
  • Total implicados: 0
  • Año de los hechos: 2006
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 03 de Octubre del 2018
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