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Sobre el Caso ERE/Pieza Política

El primer juicio del caso de los ERE arrancó el 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo, entre ellos, los expresidentes socialistas de esta comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros. Están acusados de crear y mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un "reparto discrecional" y "arbitrario" de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según la instrucción.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por prevaricación y malversación. El Ministerio Público reclama las penas más graves, 8 años de prisión y 30 de inhabilitación, para 12 de los encausados en esta presunta trama de corrupción, como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, responsable último del reparto de las subvenciones sin ningún tipo de control a pesar de "carecer de competencia para ello".

El caso de los ERE fraudulentos saltó a la luz a finales de 2010 como parte del caso Mercasevilla al detectarse prejubilaciones falsas en esta empresa. Siete años después se juzga la llamada 'pieza política' o 'pieza del procedimiento específico' sobre cómo se diseñó el sistema de ayudas. Estas son las principales claves del juicio:

1. Qué se juzga en la 'pieza política' del 'caso de los ERE'

La 'pieza política' del caso de los ERE se centra en la responsabilidad penal de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están acusados de prevaricación y malversación por el diseño y sostenimiento del presunto sistema ilegal de ayudas, "un procedimiento particularísimo" sin paralelo dentro o fuera de la administración autonómica.

El juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín Gómez concluyó en el auto con el que puso fin a la investigación, iniciada por la juez Mercedes Alaya, que "entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento (...) cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía" para disponer de partidas presupuestarias para estas subvenciones.

El objetivo de este "procedimiento específico" era el "reparto discrecional o, incluso, arbitrario" de este dinero destinado a financiar, entre otros, el coste de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias empresas y a pagar las prejubilaciones de los trabajadores afectados. Entre los receptores de estas ayudas se detectaron los llamados 'intrusos', personas que recibían las indemnizaciones sin haber trabajado nunca en la empresa afectada por el ERE en cuestión. Entre los intrusos había familiares y allegados de los encausados.

En julio de 2015, la juez María Núñez, que sustituyó a Mercedes Alaya, dividió la investigación en varias piezas como pedía la Fiscalía: esta que se juzga ahora sobre el procedimiento por el que se concedían las ayudas; otra sobre las sobrecomisiones supuestamente cobradas por aseguradoras y sindicatos por su tramitación; y un tercer bloque con más de 200 piezas por cada ayuda sociolaboral o directa a las empresas concedida sin publicidad.

2. Más de 854 millones presuntamente malversados

El instructor concluyó en su auto que el procedimiento diseñado por la Junta de Andalucía permitió disponer de partidas presupuestarias para ayudas sociolaborales y a empresas "en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros", es decir, más de 854,8 millones de euros en una década.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, rebaja esta cifra a 741,6 millones de euros en su escrito de acusación al detallar el dinero del que deberán responder solidariamente los autores del delito de malversación para su devolución a la Hacienda Pública andaluza como responsables civiles.

El objetivo último de la concesión de estas ayudas, según declaró Guerrero durante la fase de instrucción, era "mantener la paz social" al ser destinadas a sufragar los ERE de empresas en dificultades y al pago de prejubilaciones. Sin embargo, la primera juez del caso, Mercedes Alaya, señaló en la exposición razonada que envió al Supremo para que investigara a Chaves y Griñán que "bajo la publicitada finalidad de la paz social, en función de una política discrecional de favores", se enmascaraba "una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo".

3. Cómo funcionaba el "fondo de reptiles" para las ayudas

La Junta de Andalucía empleó el instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) para el "reparto discrecional" de las ayudas, según los hechos relatados por el instructor. El dinero para las subvenciones se inyectaba en este instituto, dependiente de la Consejería de Empleo, a través de transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L, denominado "fondo de reptiles" por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

De esta manera "se tramitaban como transferencias de financiación lo que debía tramitarse como expedientes de gasto de subvenciones excepcionales, con postergación de su régimen correcto de control y concesión", según las conclusiones del instructor, que señala que se hicieron para ello modificaciones presupuestarias y "manipulaciones en los presupuestos" de la Junta de Andalucía, gobernada en el decenio investigado por el PSOE.

Para que el IFA-IDEA pudiera después disponer de estos fondos a favor de terceros fueron claves los convenios firmados entre la Consejería de Empleo o su Dirección General de Trabajo y el instituto. El más importante fue el convenio marco de 2001, que "identificaba como competente para otorgar ayudas y subvenciones" a Francisco Javier Guerrero, cuando su cargo "carecía de competencias para ello".

Con este mecanismo se eludía la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se obviaba la convocatoria pública para las ayudas, se infringían los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación y no había control posterior del destino dado a la subvención.

4. "Avisos de irregularidad" ignorados

El juez instructor Álvaro Martín Gómez señaló que para que el sistema instaurado en el año 2000 se pudiera mantener en el tiempo tuvieron que darse dos condiciones. "La primera, que se le siguiese dotando, de manera irregular, de los fondos públicos precisos para su discrecional, o arbitraria, distribución. La segunda, que se dejase de atender a los avisos de irregularidad sobre el sistema y, por ende, que se dejasen de adoptar, se omitiesen, las medidas necesarias para terminar con él".

En este sentido, el magistrado recuerda que en julio de 2005 la Intervención General de la Junta de Andalucía ya alertó del "uso inadecuado de las transferencias de financiación" en un informe sobre el año 2003, en el que se concluía que se "estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento" que establece la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad "para la concesión de subvenciones".

Las advertencias se repitieron en informes anuales posteriores y en los denominados "informes trimestrales de seguimiento" que elaboraba la Intervención en el marco del control financiero permanente al que estaba sujeto el IFA-IDEA desde el año 2005. A estos avisos, se sumaron también los realizados por la consultora Price-Walterhouse en las auditorías de las cuentas del instituto en varios ejercicios y un informe encargado al despacho Garrigues sobre la legalidad del "procedimiento específico".

"Pese a las irregularidades y situación de descontrol que, de modo reiterado, denunciaban estos informes (...) no se adoptó medida alguna para enmendar el sistema. Muy al contrario, se continuó nutriendo el mismo con fondos públicos, empleando, si era preciso, instrumentos tales como la modificación presupuestaria a aprobar por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Hacienda", concluye el instructor.

5. El papel de Chaves y Griñán, según la investigación

El juez instructor sostiene que Manuel Chaves "como responsable máximo del gobierno" de Andalucía "impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías" para su reparto. José Antonio Griñán, por su parte, "como responsable de la Consejería de Hacienda" entre 2004 y 2009 y presidente después "mantuvo" este procedimiento.

Ambos aprobaron las modificaciones presupuestarias necesarias y los proyectos de presupuestos para Andalucía que "contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación" sabiendo, según el juez, que tanto este procedimiento como la concesión en sí de las ayudas y subvenciones eran "irregulares".

Sin embargo, en su declaración ante el Tribunal Supremo, que se encargó de la investigación mientras fueron aforados, tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán negaron su participación en los hechos. Chaves, que gobernó Andalucía durante 19 años, aseguró que "nunca, jamás, en el Consejo de Gobierno" que él ha presidido "ni se ha conocido, ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad" y achacó lo ocurrido a "conductas individuales". Por su parte, Griñán reconoció que "hubo un gran fraude" pero negó que hubiera "un gran plan" para ello y aseguró que no recibió los informes que alertaran sobre las irregularidades.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 0
  • Año de los hechos: 2000
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 03 de Octubre del 2018
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