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Sobre el Caso de los ERE

El caso ERE en Andalucía, también llamado escándalo de los ERE en Andalucía o EREscándalo, también conocido como EREgate o caso del fondo de reptiles, es una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen de este escándalo en Andalucía estuvo en la investigación del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que fueron detectadas prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

El caso ERE está siendo actualmente investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado. La Junta de Andalucía es parte de la acusación particular del caso..

En el año 2001, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, ERE, para realizar prejubilaciones o despidos, y a los trabajadores afectados por estos ERE. Para lo que creó la partida presupuestaria 31L. Esta partida fue dotada con 721 millones de euros hasta el año 2011 y, para su finalización, debería ampliarse hasta la cifra de 1.217 millones. La Junta afirma que el procedimiento es legal, aunque la oposición del Partido Popular y varios medios de comunicación lo niegan, afirmando que el fondo y la utilización de todo el dinero del que disponía la Junta, es irregular.

La investigación que desarrolla la juez Alaya con la colaboración de la Guardia Civil, sostiene que existieron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a los ERE puesto que, a cuenta de dicha partida 31L que fue llamada "fondo de reptiles", se concedieron:

- Prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. (12,3 millones de euros).

- Subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. (73,8 millones de euros).

- Comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. (Entre 50 y 68 millones).

Constituyendo un fraude total de, al menos, 136 millones de euros. Un informe de la Dirección General de Seguros, organismo del Ministerio de Economía y Competitividad de España, eleva el fraude a 152 millones. Asimismo, la juez no descarta el pago de sobornos a cargos políticos de la Junta por parte de los comisionistas.

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 279
  • Año de los hechos: 2011
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 17 de Julio del 2018
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Implicados
José Domínguez Abascal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología (2004-2008)


Ramón Díaz Alcaraz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesor de la Consejería de Empleo / Diputado del PSOE en el Parlamento de Andalucía / Secretario general PSOE Sevilla Este


Rafael Herrera Gil
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Empleo


Pilar Rodríguez López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Telecomunicaciones


Pablo Millán Márquez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Finanzas del IFA (1999-2004)


Mar Moreno Recio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de la Presidencia (2010-2012)


Martín Soler Márquez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Innovación


Manuel Recio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de empleo (2010-2012)


Juan Vela Quiroga
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Finanzas de IDEA (2004-2008)


Juan Rodríguez Cordobés
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla (1999-2000)


Juan Luque Alfonso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Interventor de la Consejería de Empleo


Juan Francisco Trujillo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Chófer de Javier Guerrero, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía


Juan Carlos Soriano Hernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Viceconsejero de Relaciones Institucionales


José de Haro Bailón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Viceconsejero de Economía (2009-2013)


Joaquín Moya-Angeler Cabrera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía


Isabel De Haro Aramberri
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Desarrollo Industrial y Energético


Francisco Mencía Morales
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director General del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), lo que hoy es IDEA


Buenaventura Aguilera Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director General de Presupuestos


Antonio Rivas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Delegado de Empleo de la Junta en la provincia de Sevilla (2000-2010)


Antonio Jesús Ávila Cano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Presidencia (2009-2010), Consejero de Economía, Innovación y Ciencia (2010-2013)


Antonio Diz-Lois
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Finanzas de IDEA (2008) / Jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social


Ana María Peña Solís
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Telecomunicaciones


Antonio Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía

La juez María Núñez Bolaños ha imputado al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

En un auto, la magistrada atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e incluye como investigados en esta pieza tanto al exconsejero como al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.

La juez recuerda que, en su escrito, el Ministerio Público alude a la existencia de indicios de la participación de ambos "en el pago con fondos del programa 31L de sobrecomisiones a las empresas" del dueño de Uniter, José González Mata, "para la creación y mantenimiento de oficinas de atención para colectivos de trabajadores de empresas en crisis".

Y todo ello, a juicio de la Fiscalía, "sin sujeción a procedimiento alguno ni determinación/justificación de su coste para la Junta de Andalucía", lo que "permitió, de forma indiciaria, un enriquecimiento indebido" del dueño de Uniter.

40 personas investigadas

En este auto fechado el día 13 de julio, la juez también atiende otra petición de Anticorrupción y acuerda investigar los pagos efectuados por Estudios Jurídicos Villasís de determinadas ayudas públicas a Muebles Don Formón, Roda Textil SCA, Sapphire Grupo Empresarial, Promociones Vinícolas, Tialna, Dehesa Navera y Megara SCA.

Asimismo, también acuerda investigar las ayudas vinculadas a la Sociedad de Desarrollo del Pedroso, "referida exclusivamente a la transferencia de 240.000 euros", Salvador García Rodríguez, Federación Minerometalúrgica de CCOO-A "por importe de 104.400 euros", y a Verónica Galloso Villalba.

Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Recientemente, tres sindicalistas de CCOO pidieron por primera vez a la juez que aplique las "consecuencias procesales" del auto donde la Audiencia Provincial de Sevilla establece que haya un solo juicio contra los exaltos cargos de la Junta procesados en la pieza 'política' de los ERE y, de este modo, decrete la nulidad de actuaciones en la pieza separada por las sobrecomisiones.

Nulidad de la pieza

Así lo solicitan en tres escritos distintos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido; el exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, y el exsecretario general de Fiteqa José Luis Montesinos.

Los abogados de estos tres imputados aluden al auto dictado por la Sección Séptima en relación con el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y concluyen que el tribunal ha "sentado el principio que puede resumirse en la imposible presencia de quienes componen el procedimiento específico en las diferentes piezas incoadas en ejecución material del principio 'non bis in idem', lógicamente en tanto no se resuelva de forma definitiva el citado procedimiento específico".

En este sentido, las defensas de Manuel Roberto Carmona Soto y de Juan Antonio Florido consideran que lo resuelto por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a Jacinto Cañete "necesariamente se extiende a todos los investigados incluidos" en el denominado procedimiento específico, "que no van a poder ser investigados en las piezas separadas".

"En orden a evitar el avance de esta pieza que vendría viciada en su origen al pretender la presencia de personas que están siendo objeto de enjuiciamiento" en la pieza 'política' de los ERE', consideran que procede decretar la nulidad de actuaciones desde el auto de 8 de junio de 2016 donde se incoó la pieza separada de las sobrecomisiones, "excluyendo toda referencia a quienes se juzga en el referido proceso y las consideraciones efectuadas consecuentes con la cita de aquellos".

"Indefensión"

Al hilo, aseveran que "resulta imposible mantener una imputación por malversación de fondos en calidad de extraneus" contra ellos "sin que en la presente pieza se incluyan a quienes presuntamente han malversado directamente esos fondos públicos, y ordenado el pago de los supuestos excesos de comisión, máxime" cuando los sindicalistas investigados "no pueden actuar" al no ser parte en la pieza 'política' en la que "se incluye como acusado la persona que directamente pudiera haber malversado los fondos, permitiendo el exceso de comisión".

Los letrados consideran en sus escritos que "una eventual condena de aquellas personas en el denominado procedimiento específico, por los hechos relativos a sobrecomisiones, necesariamente afecta" a los sindicalistas investigados, "prejuzgando el resultado de estas diligencias" sin que sus patrocinados "hayan podido intervenir".

Por ello, "nuevamente se crea y mantiene una situación de indefensión que aboca a la nulidad de cuanto se actúe a partir del auto inicial de incoación de las previas de sobrecomisiones", manifiestan los abogados, que reclaman a la juez la nulidad de este auto y el dictado de una nueva resolución "en aplicación de las consecuencias procesales" de lo resuelto por la Audiencia Provincial.

Fuente: http://www.publico.es/politica/caso-ere-juez-nunez-imputa-exconsejero-antonio-fernandez-sobrecomisiones-ere.html


Ángel Garijo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Innovación


Antonio Lamela
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta


Francisco García 'Paquillo'
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Empleo