Si quieres aportar para cubrir los gastos de la web, la campaña de colaboración está abierta. Lo puedes hacer desde la opción COLABORA
Castellano English
Sobre el Caso Valley

«La creación por parte de José Luis López Ayala del 'entramado Gescom' ha derivado en una situación indeseable, al haber generado un conflicto de intereses entre sus obligaciones públicas y sus intereses privados». De tal manera resumen los investigadores del Grupo de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía, en uno de los informes que conforman las diligencias del 'caso Valley', la compleja telaraña de influencias, favores, gestiones e intereses de todo tipo que, a lo largo de la última década, habría tejido sobre el Valle de Ricote el hoy todavía alcalde del PP en Villanueva del Río Segura.

Una tupida madeja, densa, espesa y turbia, que le habría permitido enriquecerse de forma supuestamente ilícita, al igual que a un escogido grupo de amigos, socios y clientes, en algunos casos mediante un aparente saqueo de las arcas públicas.

Las actividades presuntamente ilícitas impulsadas desde Gescom y sus empresas satélite -resumidas en los presuntos delitos de falsedad documental, malversaciones de caudales públicos, alzamiento de bienes, negociaciones prohibidas, fraude fiscal, blanqueo de capitales y asociación ilícita- son de lo más variopinto. Lo que sigue es un resumen de algunas de las operaciones presuntamente delictivas esclarecidas por los investigadores, tal y como se recoge en las diligencias que impulsa el Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza, sobre las que acaba de levantarse el secreto de sumario.

En el año 2005, siendo ya alcalde, López Ayala creó la sociedad Gesaldi Gestiones Contables SL, que acabó dando origen a un grupo de asesorías llamadas Gescom, cuya sede principal está en Archena. Durante una temporada, el primer edil de Villanueva estuvo asociado en ese negocio con un edil archenero, Brígido Fulgencio Palazón Garrido, quien también fue detenido con motivo de la 'Operación Valley', en marzo del año pasado. Bastante tiempo después, en mayo de 2012, a raíz de algunas diferencias surgidas sobre la forma de llevar la empresa, Palazón se desvinculó y vendió sus acciones a López Ayala.

Para entonces ya llevaba unos seis años trabajando para la asesoría un economista llamado José Andrés Díaz Marín, en apariencia como colaborador o captador de clientes, por lo que percibía unas retribuciones. La Policía considera, sin embargo, que su papel iba mucho más allá, ya que habría creado una extensa trama de sociedades fantasma, ficticias, sin actividad alguna conocida y sin empleados, cuya aparente finalidad era la emisión de cientos de facturas falsas de las que se habría nutrido Gescom. Unas facturas que, según los informes contenidos en el sumario, sirvieron a los empresarios que trabajaban con esa asesoría para defraudar a Hacienda mediante deducciones ilícitas de IVA e Impuesto de Sociedades.

Los cálculos de los investigadores apuntan a que ese amplio grupo de empresas, al que los implicados se referían como 'Las 6.000', habría emitido facturas por un importe cercano al millón de euros anuales, por lo que el fraude ascendería a unos 200.000 euros al año por IVA y en torno a 300.000 por el Impuesto de Sociedades. Una situación que se habría venido produciendo al menos desde el año 2008.

Uno de los elementos que apuntan a que esas empresas habían sido creadas con el único fin de emitir documentos falsos, por servicios no prestados, es que todas están domiciliadas en dos direcciones de Murcia (avenida Juan Carlos I) y Santomera (en el domicilio de un primo de Juan Andrés Díaz), donde no hay oficinas, ni despachos, ni empleados, ni se registra actividad alguna.

Cuando fue detenido, este economista admitió haber creado tales sociedades, pero alegó haberlo hecho por petición de algunos clientes, a los que luego las habría cedido. Y que no le había dado más importancia a cuál era el domicilio social. «No sé si he pecado de ingenuo», declaró, «y no sé si es normal o no constituir empresas y ese mismo día ceder todas las participaciones, pero así me lo pidieron y así lo hice».

La aparente confusión entre las facetas personal, laboral y pública de José Luis López Ayala queda reflejada en un asunto en el que estaba implicado un buen amigo suyo y además cliente de la asesoría Gescom, Elías B.S., propietario de la empresa Ingeniería Interior del Valle SL. El que acabó pagando supuestamente el pato de esas relaciones fue el Ayuntamiento de Villanueva.

La Policía ha encontrado indicios que apuntan a que los contratos que la mencionada mercantil obtuvo del Consistorio habrían sido adjudicados «de forma fraudulenta», con aparentes incumplimientos flagrantes de la normativa de contratación pública. Así habría ocurrido con la remodelación de la cubierta del edificio de la Policía Local (46.633 euros), la creación de una nueva aula y biblioteca del colegio público (48.472 euros), una subvención para la mejora de la instalación eléctrica y adecuación del Centro Social de Mayores (32.208 euros)...

En este último caso, cuando el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) reclamó el expediente de contratación para justificar la concesión de una ayuda, desde el Consistorio se habrían falsificado documentos para acreditarlo. Y supuestamente lo hicieron de forma tan burda, que los presupuestos presuntamente presentados por la empresa tienen fecha de los días 10 y 11 de noviembre de 2008, cuando la adjudicación se realizó en septiembre, dos meses antes.

Más todavía: cuando Ingeniería Interior del Valle SL empezó a tener problemas para cobrar el dinero que le adeudaba el Ayuntamiento por sus trabajos, debido a que la empresa tenía pagos pendientes con Hacienda, desde la asesoría Gescom se habría creado una sociedad ficticia, heredera de Ingeniería Interior del Valle SL, y se puso a su frente un testaferro.

Esa nueva firma, denominada Servicios Industriales Genéricos SL, habría presentado facturas falsas al Ayuntamiento, por servicios no prestados, con el aparente fin de irse embolsando lo que el empresario tenía pendiente de cobrar.

Cuando la Policía se presentó en el Ayuntamiento para realizar un registro y pidió al secretario municipal la documentación sobre las facturas de Servicios Industriales Genéricos SL, el funcionario reconoció que constaba el pago de tres facturas, pero que no existía expediente alguno que justificara que los trabajos se habían adjudicado o realizado.

«Esas tres facturas falsas -concluyen los investigadores- aceptadas y abonadas por el Ayuntamiento, constituyen por sí mismas la prueba de la comisión de delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos».

Si el alcalde le hizo realmente tales favores a su amigo y cliente de Gescom, le salieron caros al Consistorio de Villanueva. Algo que permitiría conocer hacia dónde apuntaban las preferencias de López Ayala cuando entraban en conflicto sus intereses particulares y los públicos.

Otro ejemplo de las actividades presuntamente delictivas que se acometían desde la asesoría Gescom se halla, a juicio de la Policía, en las operaciones que se realizaron con las sociedades Promociones Rojo Campoy SL y Paraísos Inmobiliarios SL, propiedad del constructor también imputado Antonio Francisco Rojo Campoy. Éste, contando presuntamente con el asesoramiento de Gescom, habría creado una firma fantasma, Gestión y Urbanización del Valle SL, la habría puesto a nombre de su suegro y después le habría transferido una gran cantidad de bienes inmobiliarios (35 pisos y fincas con un valor catastral de más de dos millones de euros). El objetivo: declararse insolvente para abonar deudas por un millón de euros contraídas con Hacienda.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Región de Murcia
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 4
  • Año de los hechos: 2005
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 22 de Enero del 2018
Anuncios para la Caja A de CA
Implicados
Antonio Francisco Rojo Campoy
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Propietario de Promociones Rojo Campoy SL y Paraísos Inmobiliarios SL


José Luis López Ayala
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental, malversación de caudales públicos, alzamiento de bienes, negociaciones prohibidas, fraude fiscal, blanqueo de capitales y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-alcalde de Villanueva del Río Segura

También investigado en otro caso por supuestos delitos de prevaricación y denuncia falsa en relación a las obras efectuadas con dinero del Ayuntamiento en las naves de la comunidad de regantes con un coste aproximado de 40.000 euros


Brígido Palazón Garrido
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-concejal de Archena


José Andrés Díaz Marín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presunto testaferro de José Luis López Ayala