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Sobre el Caso Valle Gran Rey

El exalcalde de la localidad gomera de Valle Gran Rey, La Gomera, Ruymán García, ingresó el 02/07/2014 en el centro penitenciario Tenerife II de forma voluntaria después de que la Sección Quinta de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, denegase una solicitud para suspender la ejecución de condena hasta que no se resuelva sobre la petición de indulto y ordenase su búsqueda y captura para que fuera encarcelado.

La denuncia que da origen a este caso se produce en el año 2010 y fue interpuesta por los concejales nacionalistas José Manuel Chinea Mesa y Mary Carmen Morales Bethencourt, teniendo como letrado a Juan Hernández Santana, señala que Ruymán García ordenó a través del técnico de la Concejalía de Personal, formalizar un contrato de personal laboral del 14 de enero al 3 de julio de 2008 a su hermana Y. M, prescindiendo del procedimiento legal establecido para cubrir plazas en la Administración Publica.

Curiosamente, la labor de monitora de ludoteca, para cuyo desempeño se hizo el referido contrato, no se realizaba durante las fechas para las que se efectuó la contratación, pero García autorizó con cargo a los fondos públicos y mediante la firma de las nóminas por el mencionado trabajo, por un coste salarial de 7.411, 96 euros percibiéndolos su hermana en concepto de nóminas de enero a mayo de 2008.

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Canarias
  • Coste aprox.: 37058
  • Total implicados: 1
  • Año de los hechos: 2008
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
PSOE
Actualizado el: 08 de Junio del 2017
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Implicados
Ruymán García
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Prevaricación y malversación de caudales públicos.
  • Cargo: Exalcalde de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Los delitos por los que fue condenado García son los de prevaricación del artículo 404 y de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 del Código Penal, que se aplican en concurso medial, con lo cual las penas se acumulan.

Las penas impuestas a Ruymán García son de siete años de inhabilitación especial de empleo y cargo público por la prevaricación y de cuatro años, seis meses y un día de prisión, así como ocho años y un día de inhabilitación por la malversación de caudales públicos.