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Sobre el Caso Trasso

La Guardia Civil ha desarticulado una fundación con sede en el municipio valenciano de Loriguilla que explotaba laboralmente a condenados a trabajos en beneficio de la comunidad y ha detenido a catorce personas, entre ellas un ex alcalde de esa población, su ex jefe de la Policía Local y un ex edil de Gilet.

Según informa la Guardia Civil, la operación Trasso ha permitido desarticular un entramado criminal diseñado por la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez para explotar a esas personas, bajo amenaza o coacción, en beneficio privado de empresarios y entidades locales entre los años 2010 y 2013.

El presidente de esa fundación, así como su familia, que formaba parte del patronato, ofrecía a sus amistades, empresarios, autónomos o cargos públicos la mano de obra de esas personas, a quienes amenazaba con no justificar la prestación de las penas impuestas a través del Servicio de Gestión de Penas de Vigilancia Penitenciaria de la Ciudad de la Justicia de Valencia, con quien la Fundación tenía firmado un convenio.

La Fundación recibió a través de este convenio a 1.450 personas, de las cuales un "elevado" número de ellas fueron víctimas de un delito contra los derechos de los trabajadores y trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Muchas de ellas desarrollaron trabajos de mantenimiento de empresas privadas y viviendas de particulares (pintura o albañilería), para lo cual recibían incluso amenazas y coacciones de los miembros de la fundación de no firmar la justificación de las horas de trabajo en beneficio de la comunidad en caso de no aceptar los trabajos ordenados, que nada tenían que ver con los autorizados por el Servicio de Gestión de Penas.

Entre las distintas actividades laborales irregulares figuran trabajos realizados en el Ayuntamiento de Loriguilla, con la autorización del entonces alcalde del Consistorio, cuya identidad no ha sido desvelada y que ha resultado detenido, en servicios de seguridad pública en horario nocturno en las calles del municipio.

Esos servicios eran supervisados por el que era jefe de la Policía Local de la citada localidad, también detenido, en labores de "serenos" sin ningún amparo normativo, y vulnerando los principios esenciales de los derechos del trabajador y su seguridad física y jurídica.

Durante la fase de explotación de la operación se ha detenido a los administradores de las empresas, particulares, autónomos y responsables públicos para los que los trabajadores realizaron labores sin ser remunerados.

Se ha constatado también la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada que contaba con la connivencia de cargos públicos del Ayuntamiento y miembros de la Policía Local de Loriguilla, sin los cuales los miembros de la fundación no habrían podido ejecutar los hechos delictivos.

Además, la Guardia Civil ha averiguado que el citado ex alcalde desvió fondos públicos para sufragar presuntamente los gastos de los vehículos que la Fundación empleaba para trasladar a las víctimas, y que fueron también empleados en los vehículos particulares del presidente de la Fundación y su familia.

La investigación también ha permitido detener a un ex concejal del Ayuntamiento de Gilet, para el cual se habrían desviado presuntamente trabajadores a través de la Fundación para el desarrollo de trabajos en su empresa de la localidad de Alboraya.

En la fase final de la operación se practicaron dos registros en un domicilio y una asesoría jurídica, ambos pertenecientes a los miembros de la Fundación, interviniendo una gran cantidad de documentación relativa a los trabajos en beneficio de la comunidad desarrollados en los ayuntamientos de Loriguilla y Gilet.

También se han recuperado siete vehículos, además de material informático y electrónico.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipo de Policía Judicial de Ribarroja, bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Llíria.

Según la Guardia Civil, con esta operación se ha localizado "sin duda" una modalidad de trata de seres humanos con fines de explotación laboral "sin precedentes en la provincia de Valencia".

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 8
  • Año de los hechos: 2010
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 04 de Febrero del 2019
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Implicados
Salvador Ortí Tarazona
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-teniente de alcalde de Gilet


Javier Cervera Soria
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-alcalde de Loriguilla, actualmente concejal del grupo Popular

La vuelta del exalcalde del PP de Loriguilla Javier Cervera al ayuntamiento de este municipio del Camp de Túria ya es una realidad. Cervera tomó posesión del acta de concejal en el pleno del pasado martes en sustitución del exportavoz del grupo popular, Eduardo Sáez, que presentó su renuncia el pasado mes de octubre.

La condición como investigado de Javier Cervera por la Operación Trasso, dentro de una supuesta red que se dedicaba a utilizar a condenados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad como mano de obra gratuita para asuntos privados, no ha sido óbice para que el exalcalde popular haya aceptado ser de nuevo concejal de la corporación local. Y es que Cervera se presentó en el número 10 de la lista electoral en los comicios municipales de 2015, y aunque los populares solo lograron cuatro regidores entonces, la dimisión de Sáez y las sucesivas renuncias del resto de candidatos anteriores a Cervera han permitido que éste tenga la oportunidad de volver a tener una silla en el ayuntamiento. Eso sí, esta vez lo hará en la oposición ante un gobierno pactado por Ciudadanos, que ostenta la vara de mando con Sergio Alfaro, y el PSOE, cuando anteriormente fue alcalde durante más de 12 años.

Precisamente, como resultado de ese período en el que estuvo al frente del Ayuntamiento de Loriguilla, Javier Cervera se encuentra como uno de los investigados en la Operación Trasso. Junto a otros políticos y funcionarios, se le acusa de formar parte de una trama que se dedicaba a explotar laboralmente «bajo amenaza o coacción» a personas que habían sido condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Así, al parecer, se obligó a centenares de personas en esta situación a trabajar en beneficio privado de empresarios y entidades locales durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

El actual alcalde, Sergio Alfaro (Ciudadanos), lamentó que «el PP apueste por un investigado por corrupción» y apuntó que esa decisión «evidencia su fractura y su falta de proyecto». «Si el PP cumpliera con su código ético no habría permitido que Cervera ocupara ningún cargo en el Ayuntamiento de Loriguilla», sentenció.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2018/12/20/exalcalde-pp-loriguilla-imputado-vuelve/1811565.html


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