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Sobre el Caso Teatro

El nombre de Juan Soler aparece en cada auto del juez el caso Teatro bajo el epígrafe investigado, pero nunca ha estado imputado. La causa judicial sobre la corrupción en su ayuntamiento le ha tenido como protagonista durante los últimos años, pero su condición de aforado ha impedido que el juez le cite a declarar. Ahora, tras más de tres años de investigación, la Fiscalía cree que es el momento de que el Supremo le impute, lo que obligará a los dirigentes del PP a tomar una decisión sobre uno de sus miembros más polémicos, protegido durante los últimos años y erigido en las últimas primarias como uno de los principales apoyos de Pablo Casado.

Soler se afilió al PP con 18 años y consiguió el acta de diputado en la Asamblea de Madrid con 27, en 1987. Medró a la sombra de Esperanza Aguirre hasta conseguir su logro político más importante. En 2011, en las elecciones autonómicas y municipales en las que los conservadores arrasaron, Soler se hizo con la alcaldía de Getafe. Ganó las elecciones y pactó con UPyD para suceder a Pedro Castro, el socialista que llevaba 28 años como alcalde.

En tan solo una legislatura, Soler acumuló escándalos, protagonizó polémicas y las irregularidades en su gestión dieron origen a una investigación que ha afectado a la práctica totalidad de su equipo de gobierno. Aguirre se retiró y Soler perdió la alcaldía en 2015. Sin embargo, ya con Cristina Cifuentes al frente del PP de Madrid, se mantuvo como portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Getafe, siguió de diputado regional y de senador.

Cifuentes consiguió que no volviese a presidir el PP de Getafe, pero le ha tenido durante estos años sentado en su bancada de la Asamblea. El caso de corrupción que le tiene como protagonista le ha supuesto varios dolores de cabeza con cada nueva revelación. De hecho, la expresidenta madrileña se vio obligada a cesar a un asesor a los pocos días de contratarle. Había estado en el gabinete de Soler y fue imputado en el caso Teatro.

Con Cifuentes fuera del partido y de la política, será el próximo líder del PP de Madrid quien tenga que lidiar con las novedades judiciales en torno a Soler. Pero con el cambio en el partido a nivel nacional, el caso también va a afectar a Pablo Casado. Soler ha sido uno de sus principales apoyos durante las primarias, dentro del núcleo de antiguos aguirristas que se ha avalado a Casado.

"Tiene las ideas claras explicándolas sin ofender. Tiene algo ‘kennedyano’, tiene carisma", escribió en una tribuna que luego usó para sembrar dudas sobre los votos obtenidos por Soraya Sáenz de Santamaría. "La reconstitución del PP pasa por Pablo. Pocos lo dudan", dice Soler en otra columna. En septiembre, el Supremo decidirá si se cruza en esa reconstrucción con la imputación de Casado por el caso Máster, un tribunal en el que también puede acabar Soler por su gestión como alcalde de Getafe.

Un contrato a la medida de la empresa escogida

Los posibles delitos que cometió se han investigado durante más de tres años, desde que en 2015 el activista contra la corrupción Roberto Benítez presentó la denuncia que dio origen al caso. La Fiscalía ha resumido ahora la investigación en en un escrito de 82 páginas con fecha de 23 de julio que incluye una lista de 34 acusados encabezada por Soler.

Ese escrito recoge cómo Soler prescindió de los requisitos exigibles cuando se licitan obras públicas. Se centra en la construcción de un nuevo teatro en la localidad, cuyas irregularidades comienzan desde el primer trámite. En lugar de encargarse el Ayuntamiento, la licitación quedó en manos de la empresa pública Getafe Iniciativas S.A. (GISA). La Fiscalía concluye que se hizo para saltarse trámites y esquivar la fiscalización de la Intervención General, así como evitar tener que informar al resto de partidos.

Hubo varios concursos para la demolición del edificio antiguo y la construcción del nuevo. El primero se fraccionó para poder otorgarlos a dedo, sostiene la Fiscalía, porque al procedimiento negociado sin publicidad se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Uno de los principales implicados, Julián Vegas, redactó las tres ofertas para el concurso del proyecto de demolición, asegura la Fiscalía.

Ya en el concurso para la obra de demolición fue otra compañía, Promogonsa, la que indicó a los responsables del Ayuntamiento a qué empresas se debía invitar. De hecho, esa empresa presentó físicamente la oferta de otra con la que teóricamente competía. Para la Fiscalía es un caso claro de amaño de concurso en el que varias sociedades, ayudadas por un procedimiento cerrado, presentan falsas ofertas en una adjudicación ya decidida para dar apariencia de legalidad.

Algo similar ocurrido en la licitación para construir el edificio, en el que se invitó a tres empresas relacionadas entre sí. Una de ellas, Vegas Arquitectura, no tenía ningún licenciado en arquitectura entre sus integrantes. La segunda oferta la presentó una socia del dueño de Vegas Arquitectura. La tercera corrió a cargo de un arquitecto técnico cuyo nombre aparece en la primera, como titular del seguro económico que se exigía para participar en el concurso.

Soler propuso que la adjudicación se diese a Vegas Arquitectura, "la oferta más ventajosa". A partir de ahí, GISA realizó diversos cambios en las condiciones del contrato "sin los cuales Vegas Arquitectura nunca podría haber sido adjudicataria". Es más, la Fiscalía asegura que se ha demostrado que a esa empresa se le comunicó que sería la ganadora antes incluso de comenzar los trámites del concurso.

Un paraíso para los arquitectos

Todos los implicados, empezando por Soler, conocían las irregularidades con el contrato para construir el nuevo teatro, y lo mismo ocurre con el resto de adjudicaciones investigadas. Por ejemplo, la que se hizo para construir nuevas escuelas infantiles en Getafe, "contactando directamente y sin concurso previo con el estudio de arquitectura previamente seleccionado para la realización del proyecto dejando en su mano la estimación del gasto de su propio trabajo".

De esta forma era el arquitecto quien diseñaba el concurso a su antojo. En esa ocasión fue el estudio A-Cero, cuyo propietario, Joaquín Torres, cenó en alguna ocasión con Soler para fijar el presupuesto de la licitación.

A-Cero también se hizo con la reforma del Mercado Municipal. Un miembro de esa empresa estuvo sacando fotos del edificio para comunicar luego al Ayuntamiento si al estudio le interesaba o no la reforma. Para la Fiscalía, se daba a este estudio "un poder de decisión sobre los trabajos que realizaba el consistorio fuera de lo normal, ya que era esta empresa quien tenía conocimiento anticipado de los concursos, eligiendo y descartando a su antojo e incluso poniendo el precio de alguno de ellos".

Algo similar ocurrió con el contrato para rehabilitar la antigua fábrica de harinas. "Antes de la celebración de un concurso para la redacción del proyecto de reforma, se solicita desde urbanismo un presupuesto a una empresa", en este caso a Javier Fúster Arquitectos. "Esta solicitud de presupuesto se realiza no para sondear el mercado en busca del mejor precio, sino para amoldar los pliegos técnicos con ese informe", añade el informe.

La Fiscalía cree más que probado que Soler conocía todas estas irregularidades, como muestras emails intervenidos y declaraciones de los implicados. En algunas ocasiones es él mismo quien impulsa el amaño, eligiendo de antemano las empresas que quiere para sus proyectos. Por ello reclama al juez que eleve su caso al Supremo, tres años después de la denuncia, y con Soler resguardado en el paraguas de Pablo Casado.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 34
  • Año de los hechos: 2012
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 22 de Abril del 2019
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Implicados
Rudy Lamas Gesto
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Ex-asesor de urbanismo

En su ordenador la policía encontró numerosas pruebas de los supuestos amaños en las adjudicaciones públicas.

En el último informe elevado al juzgado de instrucción número 4 sobre el caso Teatro (el presunto amaño del diseño y la construcción del Centro Europeo de Producciones Audiovisuales y Escénicas, el proyecto estrella de Juan Soler), la Udyco analiza algunas facturas cargadas por uno de los investigados (imputado) en el caso, Rudy Lamas Gesto, que ha sido citado a declarar. Lamas fue fichado por Soler como "consejero adjunto" de Urbanismo, es decir, como asesor en la concejalía. Antes había sido edil socialista en un pueblo de Galicia y finalista del concurso de belleza Pelo Pantene 2008. El caso se inició gracias a la detallada denuncia de un vecino del municipio, Roberto Benítez, que además es editor de un medio local, ElBercial.com.

A los agentes les llamó la atención que Rudy Lamas cargara a una empresa pública, GISA, el pago de una factura de un coche de alquiler. "Esta factura resulta llamativa, en primer lugar porque el alquiler se produce un viernes, por un total de 11 horas y para recorrer 544 kilómetros, lo cual hace bastante difícil justificar que fue para una labor competente del ayuntamiento o de GISA, sobre todo si tenemos en cuenta que el área de Urbanismo contaba con dos vehículos adscritos, estando Rudy Lamas autorizado a su utilización".

"También resulta llamativa porque Rudy Lamas se encuentra contratado como consejero adjunto de la Concejalía de Urbanismo, sin ninguna vinculación 'a priori' con la empresa municipal GISA, que como hemos visto tiene la consideración de 'medio propio', lo que hace aún más difícil explicar su abono en esos términos", prosiguen los agentes en su relato. La Udyco solicitó al ayuntamiento, ahora dirigido por el PSOE, la factura número 00001118, emitida el 10 de octubre de 2012, pero el consistorio no la ha encontrado. Los agentes sí tienen en su poder un correo electrónico que el propio Rudy envió a una de las funcionarias de GISA. "Estos son los datos de facturación. El pago sería por transferencia bancaria. Acuérdate de modificar la tarifa a la que corresponda", señala en el 'mail'.

La factura asciende a 162,7 euros. Y la empresa que facilitó el coche, un Volvo C30, con cargo a la empresa pública GISA, fue Gestión Móvil Madrid. Según el registro mercantil, esta compañía dedicada al "alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros" fue constituida en junio de 2010 y actualmente está cerrada. Cuando se creó, la empresa tenía seis accionistas. El principal, con el 29,12% de las acciones, era Ramón Manuel Rato Salazar-Simpson, sobrino de Rodrigo Rato.

"Esta factura irregular y su posterior cargo a una empresa municipal no es un caso aislado en la concejalía", señala la Udyco. Los agentes relacionan a Rudy Lamas con otra factura que este envió por correo en octubre de 2012 al entonces director de Promoción de la Empresa Municipal de Suelo y la Vivienda de Getafe, José Antonio Saéz Jiménez (que luego sería destituido por Soler tras ser imputado en el caso Gürtel), para que se la abonara a una concejala, Paz Álvarez.

"Lo llamativo de esta factura es que, tras recibir Rudy Lamas la misma [factura de una comida en el hotel Ada Palace], en la cual constaban dos comensales, este solicita a través de correo electrónico que sea modificada, duplicando el número de comensales, accediendo el restaurante a esa modificación irregular enviando una nueva factura, siendo presentada de esta manera una factura falsificada. De este hecho se infiere que quizá sería difícil justificar una comida 'oficial' de interés para la empresa municipal de Getafe celebrada en el centro de Madrid entre dos comensales por un importe de 141,5 euros", concluyen los agentes.


Pablo Martínez Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Ex-concejal del Ayuntamiento de Getafe


Miguel Ángel Garzón Andrés
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesor técnico en el gabinete de la presidencia de Cristina Cifuentes

El juez del caso Teatro, que investiga la adjudicación del contrato para construir el teatro Madrid en Getafe cuando Juan Soler era alcalde, ha imputado a nuevas personas en el caso, entre ellas a Miguel Garzón, recientemente fichado como asesor por Cristina Cifuentes. Garzón forma parte del gabinete de la presidenta desde el pasado dos de enero.

Según la policía, Garzón conoció y participó en el amaño de contratos y trato de favor a empresas cuando trabajaba como asesor del Ayuntamiento, primero, y jefe de gabinete, después, del entonces alcalde Juan Soler. Ahora, el juez le ha citado a declarar como imputado.

A lo largo de la investigación, los agentes encontraron varios correos en los que, supuestamente, Garzón comentaba los compromisos que tenía el ayuntamiento con determinadas empresas contratistas. Se trataría de compromisos por los que esas empresas ayudaban a amañar contratos públicos.

El juez llama a declarar a Miguel Garzón junto a otra ex concejal del PP en Getafe, que ahora está en la oposición.


María Paz Álvarez Sánchez-Arjona
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Concejal del PP de Getafe durante la era de Soler


María Luisa Gil Madrigal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación
  • Cargo: Exalto cargo del Consistorio de Getafe

La Fiscalía acusa a Gil Madrigal de "contratar a José María Barahona Moreno a sabiendas de no reunir los requisitos necesarios para desempeñar el cargo". El 'enchufado' es hijo de un exsenador, compañero de Soler, y ex alto cargo en la Consejería de Sanidad con Esperanza Aguirre.


María Begoña Reyero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Responsable de comunicación de la Consejería de Sanidad.


Juan Soler-Espiauba Gallo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunto delito de prevaricación
  • Cargo: Ex-alcalde de Getafe, ex-diputado de la Asamblea de Madrid, ex-senador del PP

Diputado de la Asamblea de Madrid en la pasada legislatura y, hasta el pasado 11 de junio, senador del PP, tendrá que acudir el próximo 3 de octubre a un juzgado de la localidad madrileña de la que fue regidor para declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación, según recoge una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Getafe del pasado 30 de julio a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Lo hará en las Diligencias Previas 750/2015 conocidas como 'caso Teatro', una investigación iniciada por la denuncia que Roberto Benítez, presidente del partido local Impulsa Getafe, hizo hace cuatro años por las supuestas irregularidades detectadas en el proyecto de remodelación de un edificio público de Getafe para convertirlo en el Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas (CEPAAE), una de las grandes promesas electorales de Soler en la campaña electoral de 2011 que le llevó a la alcaldía. Las pesquisas se extendieron con posterioridad a otros tres contratos. En las elecciones autonómicas del pasado mayo, Soler iba en las listas de Isabel Díaz-Ayuso, pero quedó a cuatro puestos de conseguir escaño.

La decisión del juez instructor de la causa, Francisco Javier Achaerandio, de imputar a Soler se produce a instancia de la fiscalía, que el pasado 23 de julio presentó en el juzgado un escrito de más de 80 folios en el que hacía un exhaustivo repaso de los indicios de irregularidades detectados durante la investigación tanto en el proyecto del CEPAAE como en la licitación para la construcción de dos escuelas infantiles en la localidad y la remodelación del mercado municipal. En el texto, el ministerio público consideraba finalizada la investigación de la causa y planteaba enviarla a juicio y sentar en el banquillo a una treintena de personas. En el escrito, la fiscalía cita en 15 ocasiones a Soler y plantea su imputación aunque, por error, solicitaba al magistrado que remitiera una exposición razonada al Tribunal Supremo para que actuara contra él al creer que seguía siendo senador y, por tanto, aforado. Sin embargo, había perdido esta condición más de un mes antes.

En el documento, al que también ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público destaca que ya “en las primeras declaraciones en sede policial” que se tomaron a varios testigos se recogieron testimonios de que el exsenador era “conocedor de las adjudicaciones” supuestamente irregulares que había realizado el consistorio a través de la empresa municipal Getafe Iniciativas S. A. (Gisa) y que, incluso, tuvo un alto “grado de implicación” en aquella decisiones. Para ello, el escrito recuerda el contenido de diversos correos electrónicos intervenidos a otros imputados que apuntan en ese sentido. Fueron estos mismos mensajes los que extendieron las sospechas sobre irregularidades a la licitación para la construcción de varias escuelas infantiles y la remodelación del Mercado Municipal.

“Otro de los datos que hacen suponer que este investigado [Soler] era no solo conocedor de la tramitación relativa a estos concursos, sino que también era el impulsor, es el hecho de que las dos empresas adjudicatarias de los concursos relativos al CEPAAE [el Centro de Artes Escénicas], Vegas Arquitectura y Dragados, intercambiaran información de sus encargos llegando a tener influencia en ellos, o que el empresario que resulta adjudicatario de la realización de los proyectos de las dos escuelas infantiles quiera departir sobre los pormenores de los proyectos -casi un año antes de su licitación oficial- con el propio alcalde alegando que fue este quien le fue a buscar a él”, destaca la fiscalía. Por todo ello, le considera autor de un delito de prevaricación, castigado con pena de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2019/08/07/madrid/1565176453_097773.html


José Antonio Sáenz Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunto pago de facturas falsas a cargos del Ayuntamiento gobernado por Juan Soler.
  • Cargo: Ex-concejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón

Durante la etapa de Juan Soler, ahora diputado de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid y senador nacional del PP por designación autonómica, como alcalde de Getafe, Sáenz Jimenez fue director de Promoción de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), cargo que abandonó en 2013 cuando el juez Ruz le imputó en el caso Gürtel por haber presuntamente financiado a una empresa de la trama mientras era concejal de Pozuelo de Alarcón, también por el PP.


Jorge Paumard García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Exconcejal de Obras


Joaquín Torres Verez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Arquitecto

"El arquitecto de los famosos".


Javier García-Monsalve Escriña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de A-cero Tech

Cuñado de Esperanza Aguirre


María Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Ex-concejala de Getafe


Fernando Lázaro Soler
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Ex-concejal de Hacienda, Comercio e Industria y ex consejero delegado de GISA. Actualmente es concejal en la oposición.


Antonio José Mesa Garrido
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta prevaricación administrativa
  • Cargo: Concejal del PP en el Ayuntamiento de Getafe


Ignacio Contreras Serrano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Técnico municipal de contratación


Cristóbal Corretje Aznar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe de la Sección de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Getafe.


Vicente Navarrete Tamargo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe de la Sección de Aperturas y Licencias del Ayuntamiento de Getafe. 


Julián Vegas Bodelón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador de Vegas Arquitectura


Juana Álvaro Hernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-directora del área jurídica de GISA.


Óscar Felipe Fole Fuentes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo:  Técnico jurídico de GISA


Gema Garrido Ramiro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Técnica de proyectos y obras de edificación del Ayuntamiento de Getafe.


Emilio José Duque Santos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Coordinador de proyectos y obras de edificación y espacios públicos del Ayuntamiento de Getafe.


José Carlos Jiménez Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Apoderado de GEAR Obras y Construcciones, S.L.


José Pérez-Mateos Peña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecto


Juan Cabañas Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecto


José Antonio Ramos Arroyo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecto técnico


César de Saracho de la Presilla
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecto


María Victoria Miquel Adrada
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-asesora de la Concejalía de Urbanismo


María del Carmen Contreras Huete
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-interventora general del Ayuntamiento de Getafe.


Armando García Juliana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecto del Ayuntamiento de Getafe


María Arauz de Robles de la Riva
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecta


Sandra Lorena Manzanilla Naim
  • Situación Judicial: Imputado

Esposa de Julián Vegas


Francisco Felipe López Gervaso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


Conrado Gil Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


Álvaro de la Fuente de las Heras
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de contratación de la empresa Dragados.


Concepción de las Torres Espí
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefa de la Unidad de Licencias, Disciplina e Inspección del Ayuntamiento de Getafe.


Francisco Mendiola Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


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