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Sobre el Caso Serrallo

El ministerio fiscal aprecia delitos vinculados a la prevaricación urbanística en el ex alcalde de Granada José Torres Hurtado y la ex concejal de Urbanismo Isabel Nieto, ambos del PP, por los que pide penas de prisión que podrían llegar en conjunto a ocho años de prisión en caso de condena y una multa diaria de cien euros durante 24 meses (72.000 euros) además de otra por un montante de 450.000 euros, según el escrito de acusación en el 'caso Serrallo', en el que se investiga la construcción de una discoteca en una zona destinada por el PGOU a espacio público.

El 'caso Serrallo', cuyas diligencias abrió el Juzgado de Instrucción número 2 con anterioridad a la 'operación Nazarí', por la que fueron detenidos Torres Hurtado y Nieto, a quienes se investiga por una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, da sus últimos pasos antes de la apertura de juicio oral, en el que la Fiscalía presenta acusación por un total de ocho delitos vinculados a la prevaricación urbanística y apunta al ex alcalde y la ex concejal, además del promotor de la discoteca, Roberto García Arrabal, y seis técnicos del Ayuntamiento de Granada, entre ellos el ex director de la Gerencia de Urbanismo, Manuel Lorente.

El fiscal, no obstante, pide el sobreseimiento de los concejales del PP que en la junta de gobierno local, durante el anterior mandato municipal, votaron a favor de conceder la licencia. Seis de ellos continúan en la actual corporación y han sido imputados por el Juzgado que instruye diligencias.

La acusación de la Fiscalía aprecia delitos continuados contra la ordenación del territorio, de prevaricación urbanística y de prevaricación común, así como fraude en la contratación, tráfico de influencias y encubrimiento, según los hechos penales señalados en el escrito que incluye a los dos políticos, el promotor y los seis técnicos municipales.

El escrito considera, sin embargo, que no existe 'dolo' directo por el voto emitido en el delito de prevaricación, aunque sí formula acusación, como responsables civiles o partícipes a título lucrativo, contra Inversiones Área Sur SL, Fontdeis SL, Sociedad 683 UPPER Club SL y Multiaventuras Serrallo Plaza SL.

Grados de participación

El escrito de la Fiscalía distingue distintos grados de participación en los delitos enunciados y, así, para el promotor solicita la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación para profesión u oficio de promoción y construcción por un tiempo de cuatro años y comiso, privación de las posesiones de lo ilegalmente construido. La misma condena solicita para Torres Hurtado y Nieto, con arresto sustitutorio en caso de impago y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante doce años, al igual que a Lorente y otros tres técnicos municipales.

Por el delito continuado de prevaricación común la Fiscalía solicita para Torres Hurtado y Nieto, además de cuatro técnicos, acusados como cooperadores, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por otros doce años.

Fraude en la contratación

En cuanto al fraude en la contratación, los dos ex cargos políticos, el promotor García Arrabal, el ex director de Urbanismo Manuel Lorente y otros tres técnicos municipales afrontan otra petición de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años. En este delito se pide, además, para el empresario la inhabilitación especial para ejercer la profesión de promoción y construcción durante cuatro años y, también, para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismos o entidades del sector público y para disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un periodo de diez años.

Con respecto al delito de tráfico de influencias, al exalcalde, a la ex concejala y al ex director se les pide pena de prisión de un año y seis meses, multa de 450.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por cuatro años y medio, apartado que incluye a Arrabal, quien además quedaría inhabilitado para contratar con el sector público.

Otros dos técnicos municipales aparecen señalados en el escrito por un presunto delito de encubrimiento que podría suponerles una pena de dos años de prisión.

Parque infantil

El escrito del fiscal aprecia diversos delitos en las actuaciones urbanísticas relacionadas con la construcción, usos y aprovechamiento de un espacio público, recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU), realizadas al amparo de una concesión administrativa para la construcción y explotación de un parque infantil que se llevaron a cabo con vulneración del pliego de condiciones y la legislación urbanística.

"Se habría sustraído sustancialmente al uso público", señala el escrito de acusación, "estos terrenos, poniéndolos, a través de distintos expedientes municipales, al servicio de las necesidades e intereses de un promotor privado y del centro comercial contiguo". Unos cambios de uso del espacio público que han sido "ostensibles y notorios" para ciudadanía.

El escrito apunta, igualmente, como delito los incumplimientos económicos contraídos con el Ayuntamiento de Granada por el empresario acusado, tanto en el contrato de concesión administrativa del parque infantil como en los convenios suscritos para la gestión de la unidad de ejecución derivados del proyecto de compensación, que asciende a la cantidad de 306.932 euros, pago que no consta oficialmente en los servicios municipales del Registro de Intervención ni en la Tesorería. Una cantidad de la que, en caso de condena, deberían responder los acusados conjunta y solidariamente y subsidiariamente los responsables civiles.

La Fiscalía también solicita que se proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística y a la demolición de las edificaciones ilegalmente ejecutadas a costa de los acusados. También pide que se proceda a la nulidad de las licencias aprobadas conculcando la legalidad urbanística.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 306917
  • Total implicados: 16
  • Año de los hechos: 2012
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 19 de Abril del 2019
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Implicados
Vicente Aguilera Lupiañez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Ex-concejal del Ayuntamiento de Granada, actualmente teniente de alcalde en Ogíjares


Telesfora Ruiz Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-concejala


Roberto García Arrabal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cochecho, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio
  • Cargo: Promotor inmobiliario


María Francés Barrientos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada


Manuel Lorente Sánchez-Palencia
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho
  • Cargo: Ex-gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada

También investigado en el Caso Nazarí


Juan García Montero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Concejal del Ayuntamiento de Granada


Juan Antonio Fuentes Gálvez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada


José Torres Hurtado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias
  • Cargo: Exalcalde de Granada

También implicado en el Caso Nazarí.


Juan Antonio Mérida Velasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Segundo Teniente de Alcalde y delegado del Área de Economía, Hacienda y Comunicación


Isabel Nieto Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias
  • Cargo: Exconcejal de Urbanismo de Granada

También investigada en el Caso Nazarí


Ruyman Francisco Ledesma Palomino
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada


Fernando Egea Fernández-Montesinos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada


Emilio Martín Herrera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
  • Cargo: Ex-director de Licencias


Gaspar Navarro Carruesco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
  • Cargo: Jefe de Servicio de Obras Privadas


María Paz Spínola Merino
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
  • Cargo: Directora general de Urbanismo


Agustín Belda Busca
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
  • Cargo: Coordinador del Área de Urbanismo y Obras


Francisco de Paula Aguilera González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Interventor general del Ayuntamiento de Granada


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