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Sobre el Caso RTVV

La Intervención de la Generalitat Valenciana se ha puesto de perfil en el procedimiento que instruye un juzgado de Paterna por el agujero de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) a raíz de una denuncia que presentó el grupo parlamentario Compromís.

El procedimiento, por el que está imputado el ex director general José López Jaraba, avanza hacia el archivo después de que varios organismos hayan rechazado la petición del juzgado para llevar a cabo un informe pericial que detalle los motivos de la deuda contable de la antigua RTVV, cifrada en más de 1.200 millones de euros. En concreto, el juzgado quería saber si los pagos a la productora Triskel estaban ajustados a mercado. Según confirmaron fuentes judiciales a ELMUNDO, el motivo que alegan estos organismos para analizar las cuentas de Canal 9 es que estos peritajes no entran dentro de sus competencias.

La diligencia fue acordada por el juzgado instructor en noviembre de 2015. Al parecer, en ese momento se ofició a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para que lo realizara pero en marzo de 2016 se recibió la respuesta negativa de este organismo a realizar el encargo. Más tarde, en abril, el instructor recurrió a la Unidad de Apoyo a Causas de Corrupción del CGPJ (UACC), pero tampoco sirvió para desbloquear el asunto.

Según estas fuentes, ante esta situación, el juez encargó un informe pericial a la Intervención General de la Generalitat en mayo de 2016. Este organismo tampoco asumió el encargo por considerar que tampoco era competente para hacerlo. El juzgado recibió su respuesta en octubre de 2016, cinco meses después de requerirle para que lo hicieran y mientras la Generalitat negociaba con los partidos que integran las Cortes valenciana la reapertura de la nueva RTVV y la puesta en marcha de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC). En noviembre de 2016, ante las reiteradas renuncias, el juzgado ofició a la empresa de tasaciones ordinarias, la empresa contratada por la Generalitat para surtir de peritos a los juzgados.

La denuncia inicial incluía actuaciones comprendidas desde el 2010 para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir. En ella, se exponía la «disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas».

Entre esa presunta disposición dolosa de fondos públicos se encontraba la adquisición de derechos deportivos, la colaboración comercial entre la televisión pública valenciana y el Villarreal CF o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

En este sentido, el administrador de la productora Triskel, quien declaró en el juzgado por estos hechos, explicó que fue López Jaraba el que encargó por razones políticas los tres reportajes sobre los GAL, Rubalacaba y Garzón a cambio de 700.000 euros. La compra se habría cocinado desde el despacho de López Jaraba.

El Mundo: 18/01/2017

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 1200000000
  • Total implicados: 4
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial:
PP
Actualizado el: 28 de Mayo del 2017
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Implicados
Luis Redondo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Televisión Valenciana (TVV)


José López Jaraba
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general del grupo de Radio Televisión valenciana (RTVV)


Nuria Romeral
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Ràdio 9 (2011-2013), Secretario autonómica de Comunicación con Francisco Camps (2007-2011)


Dolores (Lola) Johnson
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Televisión Valenciana (2009), Consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana (2011-2012), portavoz del Consejo de la Generalitat valenciana (2011-2012)