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Sobre el Caso Pulpo

La operación Pulpo arrancó en el año 2013 a raíz de una denuncia por presunto acoso laboral entre los trabajadores del departamento KM0 de la Diputación de Lugo, dedicado a organizar visitas turísticas por los enclaves más característicos de toda la provincia gallega –cañones del Sil, O Courel, las playas de A Mariña o los Ancares, entre otros– y que contaba con fondos europeos para invertir en el autobús utilizado para los desplazamientos y para sufragar la comida de los visitantes en un restaurante de la zona. En concreto, señalaban por este acoso laboral al jefe de protocolo, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, al que acusaban de utilizar irregularmente estos fondos y que ha dado nombre a la operación.

Sin embargo, tras declarar los denunciados y denunciantes del departamento, la Pulpo se quedó en stand by y continuó en fase de investigación durante los tres años siguientes, tiempo suficiente para que algunas trabajadoras cambiaran sus versiones y otras afirmasen que los conflictos eran fruto de viejas relaciones sentimentales. Después del parón, este pasado jueves todo se aceleró cuando la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Luego, Pilar de Lara Cifuentes, citase a declarar para el próximo 11 de mayo al secretario general de los socialistas gallegos y candidato del PSdeG a la Xunta en las próximas autonómicas, José Ramón Gómez Besteiro.

En concreto, De Lara considera necesario investigar al dirigente político por seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos. Además, ha citado también a declarar a su jefe de Protocolo, su jefa de Comunicación y otras cuatro personas más, entre las que destaca el dueño de Monbus, Raúl López –también imputado en el caso Cóndor–, el grupo gallego de transporte de viajeros al que se adjudicó los autobuses del servicio que prestaba KM0. Según aclaró la Diputación tras conocerse la noticia, también fueron llamados como investigados responsables de la etapa en la que gobernaba el PP.

La jueza habla de "contratación ilícita", "manipulación de concursos", "desviación de fondos y caudales públicos" y "otorgamiento fraudulento de subvenciones sin justificar". Unas subvenciones de millones de euros y unos gastos de personal en la Diputación de Lugo difíciles de justificar. La magistrada vincula a Besteiro a "un entramado" para financiar "cuantiosos gastos de dudosa legalidad" tanto a trabajadores de la Diputación como a sus familiares con una partida denominada "gasto social". Entre los objetos subvencionados figurarían gafas, prótesis, audífonos, ortodoncias, acupuntura, operaciones láser de ojos, ozonoterapia y un DIU, así como ayudas para vivienda y premios para jubilación, natalidad y nupcialidad.

Asimismo, "parece que algunos de sus empleados podrían haber disfrutado de vacaciones subvencionadas", en concreto a lugares como Euro-Disney, Argentina, Ámsterdam, Crucero Rhin o la India, según apostilla en el auto. La investigación también abordará posibles "adjudicaciones ilícitas" en el citado programa KM0 que podrían haberse efectuado con "claro quebranto de los principios de objetividad, competencia e igualdad que debe imperar en la contratación administrativa" durante el periodo de Besteiro al frente de la Diputación de Lugo (2007-2015). La jueza sostiene que algunos contratos pudieron ser "amañados" para "favorecer" al grupo Monbus, que se hizo con "la mayoría" de los encargos de este programa por un valor superior a los 800.000 euros.

De los 15 tomos de investigación, por el momento la jueza ha levantado parcialmente el secreto de sumario en 14. Al apartado conocido como Lugo2 se dirigían las subvenciones de la Unión Europea, que estaban a cargo de Pulpeiro y que supuestamente se utilizaron para otros fines diferentes y se repartieron entre las empresas de Raúl López, que, según el auto del pasado viernes, obsequiaba al secretario general del PSdeG con "artículos de lujo de elevado importe". Aunque la UE obliga a que los pagos relacionados con dichas subvenciones se realicen por vía bancaria, lo cierto es que, según De Lara, el jefe de Protocolo abonaba los gastos del programa "en efectivo" guardado "en una caja fuerte".

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Galicia
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 4
  • Año de los hechos: 2013
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 08 de Junio del 2018
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Implicados
Raúl López López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Propietario de la empresa Monbús y del club de baloncesto Monbús Obradoiro


José Ramón Gómez Besteiro
  • Cargo: Exlíder del PSOE gallego

A diferencia de otras macrocausas sobre supuestos casos de corrupción instruidas desde las dependencias lucenses, en el sumario de esta solo se encuentra un nombre de marcada relevancia política. José Ramón Gómez Besteiro fue durante años el valor en alza del PSdeG y su puesto en la Diputación de Lugo le dio visibilidad y capacidad de promoción interna hasta conseguir la secretaría general en 2013.

Apenas tres años más tarde, el mismo puesto le serviría para enterrar su carrera. Los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) lo señalan directamente como firmante y conocedor de toda una serie de contratos trufados de irregularidades como la falta de la necesaria publicidad y concurrencia, o los tratos de favor hacia allegados.

Con una trayectoria ya mermada por sus cuatro imputaciones por el caso de O Garañón, las seis de la «Pulpo» terminaron con sus aspiraciones de ser candidato socialista a la Xunta.


Juan Carlos Fernández Pulpeiro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe del servicio de Protocolo de la Diputación de Lugo


Susana Pardiñas
  • Cargo: Jefa de prensa del exalcalde de Lugo, José López Orozco

La jefa de prensa del exalcalde de Lugo, José López Orozco, se vio salpicada hace años por presuntas contrataciones en publicidad a empresas en las que figuraba como propietaria. En el marco de la «Pulpo», se desvela que la Diputación otorgó contratos a empresas cuyos administradores eran personas de su entorno familiar más próximo por valor de 1.625.328,1 euros. Muchos de ellos en el umbral de los 18.000 euros, por lo que entienden que resultan fraccionados artificialmente para mantenerse en los límites del negociado y poder eludir los procesos de concurrencia.