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Sobre el Caso Pokemon/Miño-Sil

La instrucción del caso Pokémon, que salió a la luz pública con la detención del socialista Francisco Fernández Liñares en septiembre de 2012, empieza a ver el final del camino con el cierre de la primera gran pieza en las que se multiplicó la macrocausa. Con un auto de 113 folios, Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, da traslado al fiscal y a las partes personadas de la investigación que destapó el presunto negocio paralelo que había montado Liñares a costa de su cargo como primer presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. La juez da un plazo de 10 días, ampliables a 20 por la dimensión de la causa, para que el ministerio público formule su escrito de acusación que presumiblemente dará paso a la apertura de juicio oral.

Durante su mandato como presidente de la Confederación, Liñares, que llegó a cumplir prisión y reconoció parte de los hechos ante la instructora, participó supuestamente en la "adjudicación de contratos de obras y servicios a determinados empresarios con los que se habría concertado previamente, sin garantizar el cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en los procesos de contratación publica, quebrantando los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad". Para ello, según el auto, manipuló ofertas y precios, y ocasionó "un perjuicio económico a la administración pública, al eliminar la posibilidad de que el contrato se pudiera haber adjudicado a la empresa que hiciera la oferta realmente más ventajosa, causando así un grave fraude a un ente público y consiguientemente al bienestar social y a la ciudadanía".

Todo esto, afirma De Lara, "a cambio de regalos, obsequios de elevado importe, tales como botellas de Vega Sicilia, relojes, joyas, plumas, antigüedades y otras prebendas", además de "dinero y comisiones", que según los investigadores "podrían oscilar entre el 15% y el 20% del presupuesto licitado, ya acordado previamente entre ambas partes, al ser este presupuesto modificado, redactado y aumentado o inflado en muchas ocasiones por el propio Liñares". El hombre que había sido mano izquierda del alcalde Orozco en el Ayuntamiento de Lugo antes que presidente de la nueva Confederación creada para Galicia reconoció ante la magistrada estos pagos de diferentes empresas beneficiarias de obras. En su casa guardaba papeles y libretas donde iba registrando estos abonos mensuales.

El exconcejal por el PSOE en Lugo y expresidente de la Confederación fue compensado además por varias empresas con la realización de obras, reparaciones y reforestaciones de sus fincas. Los pinchazos telefónicos y los seguimientos que ordenó la juez desde el 5 de abril de 2011, cuando abrió diligencias previas, destaparon la supuesta plantación de miles de eucaliptos en tierras del político y su periódico avituallamiento con piezas de caza como "conejos y perdices", además de cabritos. El propio chófer de Liñares contó en el juzgado cómo había visto varias veces que uno de los empresarios le metía bolsas en el maletero, presuntamente con agasajos de este tipo.

"Esta circunstancia era pública y notoria" en la Confederación, asegura la juez en su auto. Tanto, que en una conversación grabada, una trabajadora del organismo encargado de velar por la cuenca le comentaba a otra mujer, cuando se conoció el traslado de Liñares al llegar el PP al Gobierno central: “El Liñares va para Lugo y mejoró,.... y con todo lo que llevó, que arrapañó todo lo que quiso.... chupó más pasta.... porque aquí se llevan obras y licencias”.

Parte del "dinero procedente de esta actividad ilícita", sigue la magistrada, "fue desviado por Liñares a la adquisición de un importante patrimonio inmobiliario y a su participación en distintas sociedades, algunas de las cuales tienen relevantes contratos con Administraciones Públicas". Para evitar que este patrimonio fuera descubrierto, Liñares "ocultaba sus pertenencias, no registrando tales bienes o comprando los mismos a través de terceras personas". Por esto, la juez le atribuye un presunto delito de blanqueo.

La magistrada archiva la causa para algunas de las personas imputadas en este brazo de la Pokémon pero mantiene como investigados, además de a Liñares, a algunos funcionarios y a diversos empresarios por presuntos delitos de fraude y exacciones ilegal, falsedad documental, tráfico de infuencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos y aprovechamiento de información privilegiada. Además del cohecho relacionado con los presuntos pagos de comisiones y los regalos, atribuye a Liñares los delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y revelacion de secretos. La práctica habitual era adjudicar las obras mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Supuestamente Liñares y la empresa que iba a ser contratada organizaban todo. La Confederación invitaba a tres empresas competidoras, pero todas ellas, cree De Lara, estaban de acuerdo. Ganaba la que había presentado un presupuesto más bajo y las grabaciones evidencian los amaños entre compañías: "es posible", apunta la magistrada, "que las mismas empresas acordaran un reparto de las obras".

Según la juez, los servicios por parte de Liñares a cambio de supuestos pagos, regalos y favores de empresarios continuaron después de su cese como jefe supremo de la Confederación: "a posteriori estaría certificando la realización de obras y amañando facturas en connivencia" con un empresario "hasta que por orden del nuevo presidente fue apartado de estas funciones". Esto "desagradó" al expresidente, tanto que él y el gerente de una de las firmas beneficiadas "presumiblemente llegaron a tratar el tema con el subdelegado del Gobierno", dice De Lara. Liñares velaba tanto por los empresarios presuntamente protegidos en su etapa que, según revelan los pinchazos, llegó a llamar a alguno para instruirlo sobre lo que debía responder si le telefoneaba una responsable de medio ambiente en la confederación. Ella le preguntaría sobre el obligatorio sistema de desinfectado de las herramientas para la tala de los alisos enfermos, afectados por una plaga que se propaga y avanza en Galicia. Y él, según Liñares, debía responder que con su empresa no había riesgo: "Tú dices que tienes dos motosierras, una para los árboles sanos y otra para los enfermos".

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Galicia
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 6
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 20 de Octubre del 2018
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Implicados
Manuel Ángel Pico Yáñez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: presuntos delitos de fraude y exacciones ilegal, falsedad documental, tráfico de infuencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos y aprovechamiento de información privilegiada
  • Cargo: Ex-concejal de Cospeito, empresario y socio de la empresa de construcción Hermanos Pico Yáñez SL


Francisco Fernández Liñares
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: presuntos delitos de fraude y exacciones ilegal, falsedad documental, tráfico de infuencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos y aprovechamiento de información privilegiada
  • Cargo: Ex-concejal del PSOE en Lugo, ex-presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS)


Gerardo José Ferreiro Castro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: presuntos delitos de fraude y exacciones ilegal, falsedad documental, tráfico de infuencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos y aprovechamiento de información privilegiada
  • Cargo: Empresario

Sobreseído provisionalmente


Carlos Monjero Álvarez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: presuntos delitos de fraude y exacciones ilegal, falsedad documental, tráfico de infuencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos y aprovechamiento de información privilegiada
  • Cargo: Partícipe en la empresa Proitec

Sobreseído provisionalmente


Fiacro Arturo Orol Castro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: presuntos delitos de fraude y exacciones ilegal, falsedad documental, tráfico de infuencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos y aprovechamiento de información privilegiada
  • Cargo: Empresario

Sobreseído provisionalmente


Javier Rodríguez Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: presuntos delitos de fraude y exacciones ilegal, falsedad documental, tráfico de infuencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos y aprovechamiento de información privilegiada
  • Cargo: Partícipe en la empresa Proitec

Sobreseído provisionalmente