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Sobre el Caso PP de Valga

El concello de Valga, en Pontevedra, lleva con gobiernos de mayorías absolutas del PP desde el año 1991. Tan absolutas que José María Bello, el alcalde, a quien en la oposición califican de “muy dictatorial”, con el apoyo de su Junta de Gobierno se consideró a partir de 1992 cualificado para comenzar a convocar unas reuniones ‘paralelas’ a las Juntas de Gobierno... naturalmente pagadas con pluses de asistencia y con dinero público.

Reuniones sólo para los concejales del PP

El asunto, aunque ya había sido criticado durante años en los plenos municipales, no fue sin embargo denunciado judicialmente por la oposición (en estos momentos el PSOE tiene 4 concejales frente a los 9 del PP) hasta el pasado año “después de que intentáramos infructuosamente durante meses que nos aclarase en los plenos las características y el contenido de esas reuniones”, dice a ELPLURAL.COM María Ferreirós, portavoz del grupo socialista en Valga.

A estas reuniones, que eran calificadas en las Juntas de Gobierno de Valga como de coordinación, tan sólo eran invitados los concejales del PP. Ni los concejales que desde 1992 ocupaban la bancada de la oposición ni, aún más sorprendente, funcionario alguno del ayuntamiento para tomar notas, dar fe o simplemente apagar y encender las luces de la sala.

Hasta ahora, cada intento de aclarar “no sólo éste, sino también otros asuntos, era como chocar contra un muro dado el carácter autoritario del alcalde, que se negaba a contestarnos y nos retiraba la palabra cuando preguntábamos”, dice Ferreirós. Hasta que el grupo socialista cambió de estrategia y comenzó a pedir oficialmente documentos.

Imputados los concejales que cobraron las dietas

Les llevó un año hacerse con una mínima documentación, pero a pesar de las resistencias del Ayuntamiento y las “miradas amenazantes” de algunos simpatizantes del PP del Concello, los concejales socialistas consiguieron suficientes papeles como para acudir al juzgado de Calda de Reis y presentar el 24 de noviembre del 2016 una demanda. La juez a la que le correspondió el caso exigió al interventor del Ayuntamiento y al secretario informes en los que preguntaba sobre la legalidad de esas reuniones, su contenido y un detallado listado de cuánto y a quiénes se pagaba por la asistencia.

Los informes de los funcionarios fueron contundentes: confirmaron que las reuniones no eran legales porque no se guardaban proporcionalidad, ya que asistían sólo concejales del PP; que se habían iniciado en 1992 y cifraban en 215.000 euros la cantidad que se había pagado en concepto de dietas a los participantes. Cantidad, insistimos, que no se ajustaba a la verdadera ya que, como reconocían los propios funcionarios, no pudieron retrotraerse más allá de 2003.

Pero la juez no se ha dejado intimidar y ha decretado una providencia con fecha 4 de enero, pero que llegaba este el 19 de enero del 2017 al Ayuntamiento de Valga, en el que no sólo se pide al interventor y al secretario de que informen también sobre “las personas que han venido percibiendo ingresos por asistir a las comisiones de coordinación desde el año 1992 hasta 2003”, sino que pide que se cite “a declarar en calidad de investigados (lo que antes se llamaba imputados) a los denunciados (el alcalde y los demás citados en el informe)”, y como testigos al propio interventor y al secretario.

"Reuniones del PP pagadas con dinero público"

“Nosotros hemos descubierto -dice a ELPLURAL.COM María Ferreirós- que ellos mismos levantaban actas de las comisiones, y que las firmaban el alcalde y quien hacía de secretario, José Ángel Souto, su perenne mano derecha, pero claro, no sabemos si existían o no, ni quiénes de verdad asistían a ellas.., ni siquiera si se celebraban”. En realidad, los concejales de la oposición sospechan que no se trató durante 25 años sino de reuniones de los miembros del PP en el Concello que se veían y sacaban un sobresueldo (“alguno habría cobrado hasta en torno a los 30.000 euros en dietas”) a costa del dinero público. Porque, aunque la finalidad fuera pagar sobresueldos, no todo ha llegado a través de gürteles y similares.

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Galicia
  • Coste aprox.: 215000
  • Total implicados: 9
  • Año de los hechos: 1992
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 04 de Junio del 2017
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Implicados
José María Bello Maneiro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Alcalde de Valga (Pontevedra)


Román Castro Castromán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Concejal del PP en Valga (Pontevedra)


Ramona Otero Tanoira
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Concejal del PP en Valga (Pontevedra)


Begoña Piñeiro Busto
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Concejal del PP en Valga (Pontevedra)


Manuel Ferreiro Maneiro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Concejal del PP en Valga (Pontevedra)


José Ángel Souto Jamardo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Concejal del PP en Valga (Pontevedra)


Carmen Gómez Pardal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Concejal del PP en Valga (Pontevedra)


Juan Bautista Potel Calvo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Exconcejal del PP en Valga (Pontevedra)


Peregrina Abril Castromán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa y posible malversación
  • Cargo: Exconcejal del PP en Valga (Pontevedra)