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Sobre el Caso Púnica/Cofely

José Antonio Hernández no había dicho una palabra desde que fue detenido el 27 de octubre de 2014 en la primera fase de la operación Púnica. Su primer paso por la Audiencia Nacional duró seis minutos. El tiempo que necesitó para acogerse a su derecho a no declarar y escuchar las preguntas que había preparado la Fiscalía. El pasado 20 de diciembre, más de tres años después, regresó voluntariamente al Juzgado Central de Instrucción número 6. Esta vez, estuvo en la sala dos horas y 19 minutos. No dejó ninguna pregunta sin responder. Y de su declaración se desprende un minucioso relato sobre cómo una multinacional presuntamente corrupta paga a políticos en España.

La multinacional es Cofely. En el momento de su arresto, Hernández era jefe de Operaciones de esa filial del gigante francés GDF, renombrado Engie ocho meses después de que estallara este escándalo. Se encargaba de supervisar los contratos de eficiencia energética adjudicados a su empresa por más de una decena de ayuntamientos. Las cifras de las concesiones son astronómicas: Moraleja de Enmedio (3,6 millones), Alcalá de Henares (13,9), Collado Villalba (42,9), Parla (66,1), Valdemoro (60,8), Móstoles (75), Serranillos del Valle (5,7), Torrejón de Velasco (4,9) y Getafe (varios contratos, el menor de 1,2 millones). A esas adjudicaciones hay que sumar las que estaban a punto de cerrarse cuando se desencadenó la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son los casos de Almendralejo (20,2 millones), Brunete (8,9) y Casarrubuelos (3). En total, 306,2 millones de euros que habrían salido del bolsillo de los ciudadanos de esos municipios.

Los tres años de instrucción ya habían permitido reconstruir el presunto amaño de todas esas adjudicaciones, pero Hernández aportó hace tres semanas detalles clave sobre los mecanismos que usó Cofely para comprar a alcaldes, concejales y funcionarios municipales. Ante el actual instructor de la causa, el juez Manuel García-Castellón, el exempleado de la filial francesa —fue despedido tras la operación— reconoció que los contratos con los ayuntamientos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas. Supuestamente, eran gastos generados por “los trabajos que había necesitado el departamento de 'back office' para poder llegar a ganar esa adjudicación”, declaró. En un primer momento, las partidas eran identificadas directamente con el concepto 'commission fee', es decir, comisión. Sin embargo, en adjudicaciones posteriores, el capítulo se camufló como 'success fee' (comisión de éxito) y 'project management' (gestión de proyecto).

Había otras partidas en los contratos que también llamaron la atención de Hernández. Se trata de los conceptos “control de auditoría” y “encuestas de calidad de servicios”, que supuestamente también debía abonar Cofely. El extrabajador, acusado de cohecho, falsedad documental e integración en organización criminal, aseguró en la sala que sus superiores en Cofely le dijeron que también debía “ejecutarlas con cargo al contrato” público. En teoría, esos fondos debían costear auditorías anuales sobre el ahorro energético que la compañía había proporcionado a los ayuntamientos con los que trabajaba.

Hernández descubrió pronto que eran conceptos ficticios para desviar fondos de la adjudicación. Los trabajos clasificados en los capítulos de 'comisión fee', 'success fee' y 'project management' debía adjudicarlos a la mercantil Construcciones y Reformas de la Peña SL, de Eduardo de la Peña, presunto testaferro del conseguidor David Marjaliza, que a su vez era el encargado de facilitar los contactos políticos que necesitaban los directivos de Cofely para amañar adjudicaciones en ayuntamientos de toda España. Por su parte, las 'auditorías' eran abonadas a Ruta Energética, otra empresa vinculada a Marjaliza, y a Consultoría Lumínica, de un tercer proveedor.

Hernández llevaba más una década trabajando en Cofely, pero no conocía esas mercantiles. “¿Había trabajado alguna vez con esas empresas?”, le preguntó su abogado. “Para nada. Nunca había trabajado con ellas, ni las conocía. Empecé a conocerlas con los contratos de eficiencia energética (…) Al principio pensé que eran tres empresas independientes”. Luego comprobó que formaban parte de un mismo entramado.

Aunque los contratos con los ayuntamientos reconocían la existencia de esas partidas, de puertas para dentro Hernández necesitaba justificar a qué servicios concretos se destinaba el dinero. Según sostuvo ante el juez, pidió consejo a sus superiores y le ordenaron que se refiriera a conceptos como "pintura”, “albañilería”... “Lo que me llamó la atención fue lo vagos que eran los conceptos. Hay cosas que te explicas más porque si te pasan un presupuesto o una factura de una empresa que ha ejecutado un trabajo, pues se ve claramente el alcance. En Consultoría Lumínica estaba más claro porque, oye, pues habían hecho un trabajo y decían que esos eran sus honorarios y había que darles más porque se había conseguido el contrato (…). Pero [en las partidas] de 'project managent' y 'success fee', había que meter en el circuito [interno de la empresa] pagos de 150.000 euros, como en Parla. Pero… ¿en base a qué? ¿Hay un presupuesto? Yo de lo que me daba cuenta es de que no había nada”, explicó. “Lo lógico es que hubiera una factura o un presupuesto. Pero no había nada”.

Hernández empezó a inventarse las órdenes de pago para justificar las transferencias a las tres empresas de la trama. “Al no haber concepto como tal (...) no hay como tal un sustento, ni unidades, ni partidas… no hay nada, lo que me dicen es que yo lo mecanice”, explicó. “Tenía un concepto vago que tenía que cuantificar. Son conceptos muy vagos porque no tenemos nada en lo que basarnos. Hablan de cosas muy genéricas: pinturas de edificios municipales, ayudas de albañilería… Cosas muy, muy… No se cuantifica 150 unidades de metro cuadrado… No podía llegar a más. No tenía nada en qué basarme”.

A pesar del engaño, las solicitudes de pago fluían por los canales internos de Cofely y el dinero llegaba a su destino. “Era totalmente atípico”, admitió. “Para hacer un pago de 150 euros, pues se puede poner un concepto vago. Pero claro, para 150.000, pues extrañaba. Lo suyo es que tuviera unas garantías, un desglose por si lo vas a certificar. Los procedimientos habituales de compras para gastar esa cantidad de dinero”, contó el acusado. Sin embargo, nadie en Cofely cuestionaba el procedimiento.

Solo tuvo un problema con el Departamento de Auditoría Interna, que estipulaba que todos empleados debían contratar con la empresa más barata después de realizar una comparativa de al menos tres ofertas. “La obligación era comprar al menor precio, pero en Torrejón de Velasco, se adjudicó a Construcciones de la Peña, que era lo contrario, porque se adjudicó a la más cara”, relató. A partir de ese momento, el acusado comenzó a fabricar presupuestos falsos de terceras empresas a precios disparatados para que las tres firmas preseleccionadas ganaran siempre. “Con el conocimiento de todos en la empresa”, dijo. Los conceptos siguieron siendo igual de confusos.

El sistema estaba tan engrasado que el trabajo comenzó a acumularse. “Nosotros no éramos una empresa barata”, admitió el exjefe de Operaciones. Con todo, Cofely no paraba de ganar adjudicaciones de eficiencia energética. Hernández contó delante del juez que él mismo terminó descubriendo que esas facturas que había elaborado se referían a trabajos que nunca se realizaron. “Con el tiempo, yo fui también desplazándome a los edificios y a las instalaciones de alumbrado público (…) y lo que estábamos haciendo, conceptos de pinturas de paredes… Hombre, todos los edificios no llegué a verlos, pero...”, expuso. “Yo habría metido la mano en el fuego por que no se habían hecho”.

El juez, las fiscales y la UCO también están convencidos, al menos por ahora, de que tampoco se efectuaron. Sostienen que esos fondos que salieron de Cofely, mediante facturas falsas justificadas por capítulos ficticios, sirvieron para que parte del dinero de los contratos de eficiencia energética adjudicados por los ayuntamientos retornara a los mismos responsables políticos que habían impulsado las licitaciones. El exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada recibió presuntamente 30.000 euros; el de Alcalá de Henares, Bartolomé González, 60.000 euros; el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, había pedido 25.000; el de Collado Villalba, Agustín Juárez, tenía comprometidos otros 400.000; el de Parla, José María Fraile, pactó 500.000, y en Almendralejo iban a repartirse supuestamente otros 180.000, por ejemplo.

El propio Marjaliza confesó que repartió personalmente el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales entre esos y otros cargos públicos. La declaración de Hernández, excepcional, una de las escasas ocasiones en las que un trabajador ha explicado con precisión milimétrica cómo funcionan los resortes de la corrupción en las tripas de una multinacional, permitirá al juez completar el puzle de esta pieza de Púnica, centrada en una de las líneas de negocio que más beneficios reportó a la trama.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 37
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 15 de Julio del 2018
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Implicados
Gonzalo Antonio Parra India
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director gerente de Electrificaciones Parra, S.L.

Fue interrogado como “investigado no detenido” por la UCO el pasado 30 de enero, según ha confirmado su abogado.


Luis Alfonso Merino Cano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Almendralejo


José García Lobato
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en el proceso de licitación en 2014 de un contrato municipal para un sistema de eficiencia energética por valor de 20,2 millones
  • Cargo: Alcalde de Almendralejo


José María Fraile Campos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: ex-alcalde de Parla

Participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely (la principal adjudicataria de los contratos de la trama), que obtuvo un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato.


José Luis Moreno Torres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-concejal de Getafe, presidente del PP en este municipio del sur de Madrid , ex-director general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación y ex-director general de Empleo de la Comunidad de Madrid


Gonzalo Cubas Navarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, prevaricación, malversación
  • Cargo: Alcalde de Torrejón de Velasco

Cuñado de David Marjaliza y alcalde de Torrejón de Velasco, se ha constatado la influencia de Marjaliza en el Ayuntamiento de esa localidad, hasta el punto de que el alcalde sigue las instrucciones de éste sobre cuándo y a quién facturar, manteniéndole puntualmente informado de todo lo que atañe a sus sociedades. Además, se ha detectado que estaría articulando un procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad.

Y también existen indicios de la irregularidad de otros contratos públicos del municipio adjudicados a Marjaliza, incurriendo en delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsificación documental, cohecho y fraude. El juez decretó prisión provisional bajo fianza de 60.000 euros. Se encuentra en libertad tras pagar la fianza.


David Rodríguez Sanz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Malversación, revelación de secretos, tráfico de
  • Cargo: Exalcalde de Casarrubuelos

Se pone totalmente en manos de Pedro García y David Marjaliza para la redacción de pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilita a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a la adjudicación. Además, existen indicios de posibles cohechos vinculados a dicho contrato, incurriendo presuntamente en los delitos de malversación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.


Cristina Gil Guerra
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y cohecho
  • Cargo: Concejala de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Brunete


Victoria Muñoz Agüera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Exconcejal de Obras Públicas de Parla


Pedro García Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Mercado Público de Cofely.


Mario Utrilla Palombí
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex-alcalde de Sevilla La Nueva, ex-diputado de la Asamblea de Madrid

Marjaliza lo señala como la persona que negoció el presunto pago de una mordida de más de 400.000 euros a cambio de la adjudicación del contrato de Cofely en Móstoles, que ascendía a 74 millones de euros.


Didier Maurice
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Consejero y director ejecutivo de Cofely.

Según el auto, era conocedor y partícipe de los delitos contra la administración pública de los que se ha servido esta sociedad para adjudicarse contratos públicos millonarios en diversas administraciones, haciendo uso de una red de tráfico de influencias como práctica habitual para lograr dichos contratos y articulando una trama de facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos comprometidos.


Daniel Ortiz Espejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.
  • Cargo: Ex-alcalde de Móstoles y ex-diputado del grupo Popular de la Asamblea de Madrid


Constantino Álvarez de la Casa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director Comercial y de Desarrollo de Cofely


Carlos Alberto Estrada Pita
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho.
  • Cargo: Exalcalde de Moraleja de Enmedio.


Antonio Cándido Ruiz Garcia
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Cooperación de forma constante y directa en la consecución de los fines de enriquecimiento ilícito de David Marjaliza
  • Cargo: Administrador de Ruta Energética, S.L.

Cooperador necesario en la comisión de diversos delitos que se atribuyen a dicho entramado empresarial en relación a contratos públicos de eficiencia energética en los que Marjaliza habría intervenido como facilitador de su adjudicación irregular, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, malversación, fraude, cohecho y falsedad documental. El juez ha decretado para él prisión provisional bajo fianza de 25.000 euros. Se encuentra en libertad tras pagar la fianza.


Alejandro Utrilla Palombi
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, malversación, cohecho
  • Cargo: Ex-concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Móstoles

Concejal en el Ayuntamiento de Móstoles, municipio donde se le adjudicó a Cofely el 20 de mayo de 2014 un concurso por 72 millones de euros. De la investigación se deduce que la adjudicación de ese contrato se debió a la concurrencia de Cofely España S.A.U. al procedimiento de licitación en una situación de ventaja frente a otros, fruto de acuerdos previos que suponen una importante vulneración de los principios generales de la contratación pública. A tenor de varias llamadas, se deduce que Cofely tiene comprometida la entrega de 240.000 euros en este municipio y se ha constatado por la misma vía la celebración de varias reuniones en las que participa este concejal y en las que se aborda la forma de justificar dicha cantidad, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. En libertad.

Marjaliza detalló que el y su hermano negociaron el pago de una presunta mordida de 400.000 euros a cambio de la adjudicación del contrato de Móstoles.


Carlos González Jariego
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Cuarto teniente de alcalde del ayuntamiento de Almendralejo


Borja Antonio Gutiérrez Iglesias
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y cohecho
  • Cargo: Alcalde de Brunete

Su imputación se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) entregase a finales de 2016 un informe sobre dichas irregularidades en el que se acusaba al alcalde de Brunete de los delitos de fraude y cohecho. A cambio del amaño, la compañía de eficiencia energética presuntamente financió "espectáculos musicales" para las fiestas del pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según los autores del informe policial deberían haber sido sufragados por el consistorio y el PP local, respectivamente. En dichas irregularidades también participaron presuntamente los dos otros miembros del partido citados ahora también para declarar como imputados.

En aquel informe, la UCO recalcaba que había "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos de Cofely actuaron en connivencia con responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". El contrato de eficiencia energética finalmente no se adjudicó porque la Guardia Civil realizó las primeras detenciones el 27 de octubre de 2014, y entre los arrestados estaban los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta". Brunete tenía convocado para dos días después la comisión en la que se iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos que iban a regir el concurso, pero "una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día", destacaba la UCO en su informe.


Avelino Pérez Pallares
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude.
  • Cargo: Asesor de la concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Parla

Encargado de la supervisión del contrato de eficiencia energética con Cofely, habría intermediado en los pagos y fue quien controló la partida presupuestaria de dicho contrato.


Antonio Sánchez Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Exalcalde de Serranillos del Valle

La corrupción ha arruinado a Serranillos del Valle, un pequeño municipio del sur de Madrid de apenas 4.000 habitantes. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición de independientes (Transparencia y Democracia) y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos, despidió el viernes a nueve trabajadores, un 15% de la plantilla, debido a la precaria y delicada situación por la que atraviesan las arcas municipales. La deuda de la ciudad es de 18 millones de euros (4.500 euros por vecino), una dura losa que el Consistorio arrastra por la gestión del anterior alcalde, Antonio Sánchez Fernández, imputado en el caso Púnica. La trama campó a sus anchas en la localidad, amañando un contrato de eficiencia energética que hipotecó a la ciudad (4,7 millones durante 15 años) y falseando facturas para pagar el servicio de deportes, adjudicado a una de las empresas del cabecilla, David Marjaliza.

Era el número 22 en la lista de Ciudadanos a las Europeas, alcalde independiente de la localidad madrileña de Serranillos del Valle, que fue detenido en la operación Púnica. El regidor decidió dimitir después de que la Guardia Civil le sorprendiera sacando documentación del Consistorio. Ciudadanos salió al paso con un comunicado en el que aseguraba que Sánchez no es afiliado ni tiene relación con el partido. Justificaba su presencia en la lista como parte de la "relación de colaboración en el ámbito de partidos independientes de la sierra de Madrid".

El juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid) Antonio Sánchez Fernández (UDMA) y que se presentó en la lista de Ciudadanos, sorprendido cuando intentaba sacar documentos del Ayuntamiento, como responsable de irregularidades en adjudicaciones públicas para beneficiar al supuesto cerebro de la trama Púnica David Marjaliza.


Antonio Borrego Fortea
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex-jefe de gabinete del alcalde de Parla
  • ¿Sigue en el cargo?: Ha dimitido

Existen evidencias de conversaciones con Pedro García y David Marjaliza en las que se apunta a que se han desbloqueado los pagos comprometidos por Cofely, que serían las contraprestaciones por la adjudicación del contrato de eficiencia energética. Gestiona uno de los cohechos acordados que se habría materializado mediante una supuesta donación de Cofely y controla la ejecución del contrato, siendo conocedor de todos los parámetros irregulares de su preparación y adjudicación, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, cohecho, malversación, revelación de secretos, prevaricación, falsedad documental y fraude. Prisión provisional bajo fianza de 60.000 euros. Aún está en prisión por no abonar la fianza.


Alberto Sánchez Caballero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Segundo teniente de alcalde y concejal de Obras de Collado Villalba

Contratos amañados de eficiencia energética con fijación de contraprestaciones y confección amañada de los pliegos


Agustín Juárez López de Coca
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Prevaricación, malversación, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho, fraude y organización criminal
  • Cargo: Ex-alcalde de Collado Villalba

Evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y, a cambio, los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre el grupo de empresas de Marjaliza y Cofely


Elena María Fernández Pérez
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ingeniera municipal del ayuntamiento de Parla

Según el juez Velasco, Elena María Fernández Pérez, “quebrantó” indiciariamente su deber de “sigilo” y permitió al jefe comercial de Cofely hacer “aportaciones relevantes” en la redacción de los pliegos del concurso de eficiencia energética del municipio, que ascendía a 66.137.413,00 euros.


Marco Durán Benítez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, falsedad documental, cohecho
  • Cargo: Técnico municipal de Serranillos del Valle

Al respecto de un contrato de eficiencia energética del municipio de Serranillos del Valle para favorecer la adjudicación del mismo a Cofely, alteró la valoración de las ofertas del concurso con la connivencia del alcalde, Antonio Sánchez Fernández, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, falsedad documental, cohecho, malversación y fraude.


Eduardo de la Peña Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Propietario de Construcciones de la Peña

Presunto testaferro de Marjaliza.


Teresa Martín Camacho
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ingeniero municipal de Moraleja de Enmedio.


José Antonio Hernández Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad documental e integración en organización criminal
  • Cargo: Ex-jefe de Operaciones de Cofely.


Víctor Manuel Ortega Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.


Manuel Casado del Castillo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesor de Agustín Juárez, ex-alcalde de Collado Villalba


Xavier Susan Mir
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: director general de Servicios de Cofely.


Cofely España Sociedad Unipersonal
  • Situación Judicial: Imputado


Gaéla Hamon
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-directora de Back Office de Cofely


José Gil Granizo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y cohecho
  • Cargo: Secretario general del PP de Brunete


Enrique Salas Rincón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Directivo de Cofely


José Manuel Casado Garzón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Intermediario