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Sobre el Caso Marismas

En junio de 2017 el juez prorroga la investigación del caso 18 meses (https://www.20minutos.es/noticia/3070714/0/tribunales-juez-prorroga-otros-18-meses-investigacion-caso-marismas/)

“Que en la Dirección General de Regadíos se pasan diferentes filtros a la hora de abonar las ayudas, etc, todo ello no ha servido, y tenemos que decirlo, “hay tirado” en las Marismas 41.845.240 Euros, de los cuales más del 60% es dinero público”

Así de contundente se expresa la Guardia Civil que investiga el Caso Marismas en su último informe elevado a la instrucción sobre los aspectos económicos y técnicos del caso. En dicho informe queda en evidencia la comparecencia de la consejera Clara Aguilera el 18 de noviembre de 2009 en el Parlamento a petición de IU sobre el estado del proyecto de mejora de regadíos en las Marismas del Guadalquivir en Sevilla. La entonces titular de Agricultura utilizó en su comparecencia datos de un informe de DAP que, ahora, se confirma como nada riguroso por los investigadores. Al final del documento, los investigadores dejan negro sobre blanco la anterior cita en el siguiente contexto:

“Pero en el caso que nos ocupa de las obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir, si bien consta que que se realizan los controles reseñados en estas diligencias, que había un inspector facultativo designado para ello desde el inicio, que en la Dirección General de regadíos se pasan diferentes filtros a la hora de abonar las ayudas, etc, todo ello no ha servido, y tenemos que decirlo, “hay tirado” en las Marismas 41.845.240 Euros, de los cuales más del 60% es dinero público y si bien desde el primer céntimo hasta el último debe de ser fiscalizado, es el dinero público controlado y fiscalizado por la administración el que más nos debe preocupar y en este caso la propia Administración, cuyos funcionarios del más alto nivel o categoría profesional de la Dirección General de Regadíos y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, no han realizado ese férreo control que debe existir en esta obra subvencionada, el resultado es evidente”.

Así concluye el último informe de la Unidad Orgánica de Policia Judicial de la G.C. entregado al Juez Gutiérrez Casillas de Sevilla a propósito del Caso Marismas y cuya instrucción continua en el juzgado Nº 16. En dicha causa ya se encuentran en calidad de investigados (imputados) más de una veintena de personas entre miembros de la Comunidad de Regantes, dos exdirectores generales de regadíos, altos funcionarios de la Junta y empresarios. Además, desde hace meses, la Guardia Civil mantiene la petición de imputación de unas siete personas más, destacando entre ellas José Luis Sánchez Teruel que también fue Director General de Regadíos. La declaración ante el juez de su sustituta en el cargo, Mar Remón, inculpó aún más a Sanchez Teruel, uniéndose entonces la Fiscalía a la petición de la Guardia Civil para que fuese imputado ante el TSJA. El hoy diputado y Secretario General del PSOE de Almería ya fue llamado a declarar en agosto tras perder la situación de aforado al disolverse el Parlamento andaluz, pero su partido le nombró vocal sustituto de la Diputación Permanente, de tal forma que siguió aforado, negándose a declarar al recibir la llamada de los agentes. Recuérdese que el PSOE también blindó con aforamientos a los exconsejeros imputados en los Eres.

El informe policial, al que ha tenido acceso Confidencial Andaluz, es uno de los últimos encargos del Magistrado a la mencionada Unidad en el que se han empleado a fondo durante meses, con un trabajo de campo previo de dos años.

Los agentes se adentran a lo largo del informe de 25 folios en el desglose de los pagos efectuados en los distintos niveles de la obra y de forma particular examinan los archivos de la empresa pública DAP (Desarrollo Agrario y Pesquero), que en su día emitió el informe que le sirvió a la entonces Consejera de Agricultura, para justificar la correcta gestión de la Junta en el Caso Marismas ante la Comisión de Agricultura del Parlamento.

No queda muy bien parado el trabajo de DAP en el informe pericial de la policía judicial llegando a destacar, a propósito de la documentación analizada sobre la supuesta fiscalización de la Administración, que “en el punto 3.2.2. que dice “que la revisión ha sido muy rápida, por lo que no se ha revisado las mediciones de obra civil, ‘ya que es tarea muy trabajosa y requiere mucho tiempo’, esgrime el informe, que se encuentran algunas inconsistencias/discrepacias en el proyecto”.

Se refieren al contenido del acta de la comisión encargada en septiembre de 2009 para realizar un informe preliminar sobre “el control realizado en situ” por la Administración autonómica. Una especie de puesta al día para trasladar a la sede de la soberanía popular qué se estaba haciendo con el dinero público en las Marismas. Las discrepancias están localizadas en el movimiento de tierras, entre medidores de tuberías de la red de riego y planos y, finalmente, el capítulo eléctrico que aparece “algo incompleto”.

El informe policial se extiende con detalles sobre gran cantidad de errores o irregularidades detectados a propósito del manejo de fondos públicos, afirmando que se han “dejado de analizar e inspeccionar 17.313.155,80 Euros”.

En el informe la investigación policial dejan en evidencia todo aquello que la consejera Clara Aguilera argumentó en sede parlamentaria, basándose precisamente en el informe de DAP que, ahora sabemos, estaba plagado de inexactitudes, falto de rigor técnico y administrativo.

Para la Guardia Civil ha existido carencia de control sobre la ejecución de la obra y subvención por parte de la Administración, haciendo notar, una vez más, una licitación irregular “como poco”; empresas adjudicatarias que terminan siendo subcontratadas y a la vez proveedoras; realizar obra sin proyecto Constructivo “que tenia que estar a los tres meses de la firma del contrato”; certificaciones a “golpe de millones”, prácticamente a final de cada año, con 22 certificaciones de 39, sin obra ejecutada “por mal tiempo”. Fuentes de la Comunidad de Regantes, preguntados por lo que revela este nuevo atestado policial aportado al Juzgado, han indicado que “confirma lo que era evidente, que esto ha sido el timo de la estampita, una obra de trileros”

El Caso Marismas, desde el punto de vista judicial, sigue a marcha lenta en un juzgado sobrecargado con varias macro causas, por lo que se preve que hasta finales de verano no se reactivarán importantes decisiones del Juez sobre esta causa.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 40100000
  • Total implicados: 16
  • Año de los hechos: 2004
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 05 de Septiembre del 2018
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Implicados
Manuel Antonio Cruz-Guzmán López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación de Agricultura


Juan Luque Alfonso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-interventor delegado en Empleo de la Junta de Andalucía


Francisco Ruiz Orta
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura


Tomás Martínez Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura


Carlos Javier Rodríguez Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe de departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales


Julián Martín Jorreto
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe de Servicio de Promoción Rural


Diego García Santos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de la Junta Rectora de la comunidad de regantes


Juan Rafael Ruiz Cano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-secretario de la Junta Rectora de la comunidad de regantes


Francisco de Asís Guzmán Resino
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Componente de la mesa de Contratación de la CRMG y técnico de la Consejería  de Agricultura y Pesca de la Junta


Manuel Moreno Maestre
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Representante de las empresas integrantes de la UTE Teconsa/Elecnor/Meci/Tecner


Emilio García Navarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Representante de las empresas integrantes de la UTE Teconsa/Elecnor/Meci/Tecner


José Marañón Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Representante de las empresas componentes de la UTE Befesa/Alpi.


José Francisco Salort González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Representante de las empresas componentes de la UTE Befesa/Alpi.


Diego Guerrero Beiztegui
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Representante de la UTE Teconsa/Elecnor/Meci/Tegner


José Jaime Ribas Tales
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Representante de la empresa integrante de la UTE Teconsa/Elecnor/Meci/Tecner.


Manuel Gámez Sánchez
  • Cargo: Representante de la empresa componente de la UTE Befesa/Alpi.