Sobre el Caso Fórum Filatélico

Las investigaciones desarrolladas por la policía judicial a raíz de la puesta en marcha de la Operación Lavandera sacaron a la luz que el presidente de la Autoridad Porturia de Tenerife entre los años 1996 y 2007, Luis Suárez Trenor, manejó "grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida".

Concretamente, entre los años 2000 y 2006, llegó a ingresar cerca de medio millón de euros en sus cuentas, cifra que los investigadores consideran "totalmente atípica" y cuyo origen se desconoce. Pero además, entre los años 2000 y 2003 el también destacado miembro de Coalición Canaria (CC) adquirió cinco vehículos mediante pagos en efectivo por valor de 143.385 euros, cuya contrapartida en cuentas bancarias nunca se encontró.

A los investigadores les llamaron poderosamente la atención dos de estas compras, que relacionaron en el tiempo con la presentación ante la Autoridad Portuaria por parte de la empresa Parque Marítimo Anaga del proyecto de construcción de un muelle deportivo en este barrio de Santa Cruz. Y es que las investigaciones se desarrollaron dentro del conocido como caso Fórum que tenía en la capital dos activos como eran este puerto y la urbanización Valle Tahodio. La única explicación que los investigadores encuentran en los pagos sin recurrir a transferencias o cheques es que el origen de estas cantidades pudiera ser ilícito.

Resumen
  • Partido/Org: CC
  • Lugar: Canarias
  • Coste aprxo.: 500000
  • Total implicados: 1
  • Año de los hechos: 2000
  • Estado judicial: Abierto
CC
Actualizado el: 08 de Junio del 2017
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Implicados
Luis Suárez Trenor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife y exdirigente de Coalición Canaria

Los informes policiales que investigan el patrimonio del expresidente del Puerto de Santa Cruz y exdirigente de Coalición Canaria (CC), Luis Pedro Suárez Trenor, por el conocido caso Fórum Filatélico determinan que este tiene una cantidad total de 520.900 euros de ingresos en efectivo que son de origen desconocido, puesto que no corresponden con los pagos por rendimientos del trabajo que constan en la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Además, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial ha remitido a principios de este año a los tribunales un oficio en el que se informa de que el nacionalista tiene una cuenta bancaria en las islas Bermudas con un saldo actual de 434.916 dólares. El Juzgado de Instrucción Número 5 ha acordado que se libre una comisión rogatoria a la autoridad británica para que se investigue este asunto y para que se proceda al embargo preventivo y al bloqueo de la cuenta.

La UDEF señala que ha recibido información procedente del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en la que se indica que Suárez Trenor - imputado en este caso por un presunto delito de cohecho, al igual que el exalcalde nacionalista de Santa Cruz, Miguel Zerolo- abrió una cuenta en Bermudas en 2004 con una cantidad aproximada de 200.000 dólares. En diciembre de 2005 se realizó un ingreso de 60.000 dólares y en enero de 2006 de otros 50.000 dólares. Asimismo, se determina que el expresidente de la Autoridad Portuaria chicharrera estaría tratando de liquidar sus inversiones en dicho lugar.

Para el Juzgado que investiga este caso, el oficio de la UDEF tiene una enorme trascendencia y es relevante para esta causa, por lo que ha pedido colaboración a la autoridad británica. En este sentido, se solicita información sobre si Suárez Trenor es titular de cuentas bancarias o de cualquier otro producto en aquel territorio; sobre las fechas de apertura o cancelación, y sobre los movimientos registrados. Además, para evitar que este sustraiga cantidad alguna se solicita el bloqueo de las cuentas de las que sea titular.

A dicha cuenta en las Bermudas se sumarían dos sociedades que Suárez Trenor tiene en el paraíso fiscal de la Isla de Man, tal y como ya se ha acreditado en las diligencias realizadas durante la instruccion del caso Fórum Filatélico.

En las investigaciones se establece que durante la presidencia de Suárez Trenor en la Autoridad Portuaria hubo "numerosas irregularidades administrativas, como la no aplicación de la Ley de Costas, y de gestión", concluyéndose que la pérdida patrimonial del Puerto chicharrero fue de 6,3 millones de euros. Según los informes llevados a cabo, en los expedientes relacionados con el procedimiento concesional de la Autoridad Portuaria a diferentes empresas se muestra el escaso interés de esta por ajustarse al procedimiento, "de forma que las concesiones no eran acordes a los usos portuarios, se incumplían los plazos y las transmisiones se realizaban sin que el nuevo titular reuniese los requisitos para el ejercicio de la nueva actividad".

Respecto a los cánones que se debían aportar, se destaca en los informes que la arbitrariedad era la línea dominante, pues "su exención o reducción se realizaba en contra de lo legalmente establecido, produciendo una pérdida de ingresos para el Puerto de Santa Cruz de 2,3 millones de euros". Las irregularidades cometidas en relación con la Consignataria Herrera supusieron una pérdida para la Autoridad Portuaria de 2,9 millones de euros, perdida patrimonial que es imputable fundamentalmente a Luis Suárez Trenor, presidente en aquel entonces del Puerto, tal y como se indica en los informes policiales.

Estos apuntan que también son importantes las disfunciones en la empresa Sofitesa, en la que la Autoridad Portuaria participaba junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo y a CajaCanarias, así como la ausencia de capitalización del canon del Parque Marítimo de la capital tinerfeña, que determinó que el Puerto se mantuviera con el 50% de las acciones, en lugar del 99,61% que le hubiera correspondido. En los informes se concluye que en total la pérdida patrimonial de la Autoridad Portuaria durante el periodo de la presidencia de Trenor asciende a 6,3 millones.

El mismo informe policial indica que Suárez Trenor abonó 90.000 euros en efectivo para la adquisición de una vivienda y que compró varios vehículos entre los años 2002 y 2003 con dinero de origen desconocido. Además, estos tres hechos coinciden con el periodo de tramitación de la concesión administrativa de la marina del pueblo chicharrero de San Andrés.