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Sobre el Caso El Roblecillo

Tras cuatro años de instrucción del caso ´El Roblecillo´, una pieza separada del caso ´Librilla´, que ha instruido el juzgado número 6 de Murcia, su titular, Raquel Lacunza, ha dado carpetazo al asunto al entender que no existieron irregularidades en la aprobación del Plan Parcial que se produjo para la construcción de una urbanización en las proximidades de la pedanía caravaqueña de Barranda.

Según pone de manifiesto Lacunza, «hay una falta de indicios de la comisión de un delito de prevaricación». La causa afectaba al exalcalde Domingo Aranda (PP) y al exconcejal de Urbanismo del mismo partido Amador López e implicó registros de la Unidad Centro Operativa de la Guardia Civil en el Ayuntamiento hace ahora más de cuatro años. El sobreseimiento provisional afecta así mismo a más de una treintena de personas entre miembros de la corporación local y responsables de urbanismo de la Comunidad Autónoma, que participaron en la aprobación del plan parcial y a responsables de las empresas que lo promovían. En un principio se solicitó la recalificación de unos terrenos, junto a una zona protegida ambientalmente para la construcción de más de 8.000 viviendas, pero tras modificar el proyecto, la recalificación aprobada contemplaba la construcción de unas 2.100 viviendas y un campo de golf.

El juzgado de instrucción afirma que los miembros de la corporación estaban imputados por un delito de prevaricación y que para considerar cometida esa infracción penal es preciso que la resolución injusta se dicte a sabiendas de que lo es. En aplicación de jurisprudencia del Tribunal Supremo, añade que la mera ilegalidad de la decisión no es suficiente para la comisión de ese delito. Recoge igualmente el auto de archivo que las normas administrativas prevén supuestos de nulidad que deben ser controlables por la vía contencioso-administrativa, no por la penal.

La resolución judicial comenta que el mayor contratiempo con el que se enfrentaron los gestores del plan parcial fue la falta de recursos hídricos, pero que esa circunstancia fue tenida en cuenta por el ayuntamiento al aprobar inicialmente solo una de las tres unidades de que constaba ese desarrollo urbanístico.

También se refiere a las numerosas gestiones llevadas a cabo con la Confederación Hidrográfica del Segura para gestionar la concesión de aguas subterráneas «con el objetivo de garantizar la requerida en la zona aprobada y dejando al margen aquella zona que les consta no podrá ser desarrollada por no existir ningún mecanismo que pudiera superar dicho óbice».

Finalmente, el juzgado de Murcia señala que el sobreseimiento debe extenderse también a los investigados que no ostentan la condición de funcionario o autoridad, al no quedar suficientemente acreditada la condición de cooperadores.

El auto no es firme, ya que puede ser recurrido en reforma, que resolvería el propio juzgado, o en apelación, del que entendería la Audiencia Provincial de Murcia.

El portavoz del equipo de gobierno en la anterior legislatura, Pedro Vilches, puso de manifiesto que sobre el auto que «es un acto de justicia, donde se establece con total claridad que nunca ha habido indicios de delito del Ayuntamiento en el caso de´ El Roblecillo´», puntualizando que «ni siquiera ha habido una irregularidad administrativa».

Vilches explicó a esta Redacción que «a lo más que llega la juez es a que se podía discutir si el hecho de haber fraccionando la urbanización y haber autorizado solamente el 20% de la misma, es algo ortodoxo, pero en cualquier caso establece con claridad que se aprobó solamente aquella parte de la urbanización que tenía recursos hídricos y cumplía respecto a la ley».

Más de 5 millones

Vilches recordó que «pese a que nunca se puso un ladrillo, ha venido a reportar al ayuntamiento entre las cantidades percibidas tras la venta de la finca y diversos impuestos, del orden de cinco millones de euros.

El exedil concluye que «no veo que se pueda reprochar nada al anterior equipo de gobierno del Partido Popular, sobre todo tras conocer este auto, donde pone de manifiesto que todo se realizó de manera legal».

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Región de Murcia
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 30
  • Año de los hechos: 2004
  • Estado judicial: Sobreseimiento Provisional
PP
Actualizado el: 29 de Marzo del 2019
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Implicados
Manuel Alfonso Guerrero Zamora
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo


Domingo Aranda Muñoz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Alcalde de Caravaca de la Cruz


Amador López García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Exconcejal de Urbanismo. Actualmente es secretario general de la Consejería de Fomento y Obras Públicas


Gonzalo López-Agüy Torres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010


Salvador Gómez Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Concejal de Empleo


Juan Pedro Sánchez Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Miembro de la Junta de Gobierno Local de Caravaca en 2010


María Cruz Pérez Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Concejal de Patrimonio, Cultura y Turismo.


José Alfonso Sánchez-Guerrero Cantó
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Exconcejal de Obras y Servicios


Orencio Caparrós
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Exconcejal de Cultura y ex miembro de la comisión de Urbanismo.


María Isabel García Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.


María Encarnación González Sáez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Emisora de informes jurídicos desde una asesoría privada.


Juan Francisco Jiménez Puerta
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Concejal de Recursos Humanos, Tráfico y Seguridad Ciudadana.


María Teresa Romero Milanés
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Concejal de Sanidad


Pedro Vilchés Pacheco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Concejal de Hacienda


Antonio Vilaplana Vivancos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Es uno de los «actuantes principales» en las gestiones urbanísticas por parte de Golden Sky S. L.


Manuel Sánchez Contreras
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de Golden Sky S. L.


Óscar Madrid Nicolás
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecto de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo redactor del informe de 26 de octubre de 2006 sobre la finca El Roblecillo.


Margarita Ros Mcdonnell
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefa de servicio de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo


Antonio Alcázar Muñoz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe de Sección Administrativa de Urbanismo de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo


José María Ródenas Cañada
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio


Julián Caballero Amor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ingeniero de caminos municipal de Caravaca de la Cruz


Jesús López López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario general municipal (por una supuesta falsedad en documento, en un expediente no vinculado a El Roblecillo)


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