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Sobre el Caso El Musel/Pieza principal

La instrucción del "caso Musel", en el que se investigan supuestas irregularidades en la planificación, licitación, adjudicación y modificación de las obras de ampliación, así como durante la ejecución de las mismas, está prácticamente concluida después de que se practicara ayer la última prueba en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, con la declaración como testigos del presidente de HC, Manuel Menéndez y del director de proyectos de la compañía absorbida por EdP, Marcos Antuña.

Ambos declaraban por segunda vez, a petición de Viliulfo Díaz, abogado defensor del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato. La defensa sostiene que los sobrecostes de la obra se debieron a las trabas puestas por HC para explotar la cantera de Aboño, como medida de presión para que les concedieran las autorizaciones para abrir centrales térmicas de gas en Soto de Ribera. Ambos testigos lo negaron, señalando que los trámites de las centrales en Soto de Ribera no tenían relación con la tramitación de la construcción de una desulfuradora para la térmica de Aboño, ubicada cerca de la cantera. Menéndez también señaló que no participó en el acuerdo de intenciones entre el Puerto y HC para el uso de la cantera, mientras Antuña dijo que había informado de esa obra a la Autoridad Portuaria y que además ese proyecto era público y notorio por haberse anunciado en el BOE. La defensa de Díaz Rato insistió en la coincidencia de fechas, ya que HC desbloqueó el uso de la cantera pocos días después de que le autorizaran las centrales de gas en Ribera de Arriba. Insistió también en que ambas obras se realizaron sin licencias ni autorización ambiental integrada.

Estas declaraciones se producen después de que concluyera formalmente el plazo para la instrucción, el pasado 7 de diciembre. Tras dos prórrogas, la magistrada Carmen Lamela, tercera jueza del caso, da por zanjada la investigación y una vez que las acusaciones y las defensas le comuniquen sus conclusiones, decidirá si abre juicio o da carpetazo.

La Fiscalía Anticorrupción y la asociación Ocan, que ejerce la acusación popular, presentaron sendas denuncias en la Audiencia Nacional el 5 de diciembre de 2014, en base al informe de abril de aquel año de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que destapó las supuestas irregularidades. El fiscal también usó la información facilitada por la Asociación de Vecinos del Alto Aboño, que ejerce la acusación particular.

El 8 de enero de 2015 el juez Javier Gómez Bermúdez admitía a trámite la denuncia, comenzando una instrucción que se ha saldado con 31 investigados, que en la fecha de los hechos eran cargos de la Autoridad Portuaria de Gijón, de Puertos del Estado, del Ministerio de Fomento, de la UTE Dique Torres y las empresas que la integran (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), de Tudela Veguín, del Ayuntamiento de Carreño y de la Abogacía del Estado en Asturias.

Lo que se ha investigado es si hubo irregularidades en la adjudicación de la obra a Dique Torres y en la negociación de los sobrecostes, si hubo un fraude de subvenciones a la UE; si se ejecutó la totalidad de la obra contratada, si la UTE falseó el precio de los materiales que usó en la obra o infló sus gastos y si fue irregular la expropiación del Alto de Aboño por el Puerto. En conjunto, seis delitos: Fraude y exacciones ilegales, malversación de fondos públicos, estafa agravada, falsedad documental, fraude a la Hacienda pública y prevaricación. También se investigó un supuesto delito fiscal por los trabajos sin facturar que Dique Torres hizo para Tudela Veguín, asunto que acabó archivado al prescribir.

Prescripción

En el caso de que se abra juicio oral, una de las incógnitas es si se acusará por todos los delitos inicialmente investigados o por parte; y otra saber quienes se sentarán en el banquillo, si todos los imputados actuales o si alguno libra. De hecho, ya ha sido archivada la acusación contra el exdirectivo de HC que firmó el acuerdo de intenciones con el Puerto para el uso de la cantera de Aboño, al haber prescrito el supuesto delito. Un excontable de la UTE también se libró de la imputación, por la prescripción del supuesto delito fiscal con Tudela Veguín.

Del resultado de la investigación judicial están pendientes en la Comisión Europea. En base al informe de la OLAF que destapó el supuesto fraude, la Comisión acordó revocar los 247,5 millones de euros de fondos de cohesión que concedió a El Musel para la obra de ampliación. La decisión, que aún no es firme, obligaría a devolver 198 millones ya cobrados y a no percibir los 49,5 que no llegó a recibir el Puerto.

Al decidir revocar las subvenciones, en octubre de 2014, la Comisión Europea resaltó la demora del Estado en ejercer acciones penales por el supuesto fraude en la obra, lo que a su juicio posibilitaba que pudieran quedar impunes los supuestos delitos apuntados por la OLAF, al dificultar la prueba y facilitar su prescripción.

La Autoridad Portuaria elaboró un denso dossier para rebatir las acusaciones de la UE, que incluye un informe de la consultora American Appraisal que tasa la obra de El Musel -a valor en la fecha de entrega, en 2011- en 92,3 millones de euros más de lo que costó, al estimar el valor de los rellenos en más del doble de lo que se pagó por ellos.

El caso penal también ha dejado suspendida la reclamación de Dique Torres, por la vía contencioso-administrativa, del pago de 349,71 millones de euros adicionales por la obra.

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas ha abierto juicio contra los antiguos gestores de El Musel, mientras que el Defensor del Pueblo examina el desmonte de Peña María, del que se extrajo material para la obra, y que permitió ampliar la cementera de Aboño parcialmente en terrenos protegidos del litoral.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas Públicas
  • Lugar: Asturias
  • Coste aprox.: 198000000
  • Total implicados: 24
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
Empresas Públicas
Actualizado el: 17 de Noviembre del 2018
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Implicados
Vicente Moscardó Basaras
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: ACS


Rafael Martín de Nicolás Cañas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero delegado y miembro del consejo de administración de OHL

También investigado en el Caso Lezo


Mariano Navas Gutiérrez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente del ente público Puertos del Estado


Manuel Amaro Martínez Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-gerente de la UTE Dique Torres


José María López Piñol
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director de Obra Civil de Dragados


José María Alcoba Arce
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe de la Abogacía del Estado en Asturias


Juan Miguel Pérez Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-gerente de la UTE Dique Torres


José Luis Díaz Rato
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director general de El Musel

La Abogacía del Estado ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Cuentas para tratar de que José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, exdirector y expresidente de El Musel durante las obras de ampliación, tengan que aportar de su propio patrimonio 137 millones por las irregularidades contables detectas durante la operación.


Juan Ernesto Pérez Moreno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Adjunto al Presidente de Dragados


Guillermo Castañedo Elizalde
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe de obra (FCC)


Fernando Palao Taboada
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-secretario de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento.


Jorge Menéndez Rexach
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de El Musel

La Abogacía del Estado ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Cuentas para tratar de que José Luis Díaz Rato y Fernando Menéndez Rexach, exdirector y expresidente de El Musel durante las obras de ampliación, tengan que aportar de su propio patrimonio 137 millones por las irregularidades contables detectas durante la operación.


David López Navarrete
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-gerente de la UTE Dique Torres


Ana Isabel Dizy Menéndez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-gerente de la UTE Dique Torres


Francisco José García Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director general de FCC Construcción


Joaquín Jiménez López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director de obra civil de OHL


Francisco Javier Lázaro Estarta
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Subdirector del Área I de FCC Construcción


Octavio del Real Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Participadas de Dragados


Maximino Gorostiza Méndez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director gerente de Alvargonzález Contratas


Javier Hidalgo González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director zona Norte de FCC


Eloy Domínguez-Adame Bozzano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Apoderado de DRACE Infraestructuras


José Luis Sánchez del Río Fernández de Muniain
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Dragados


Miguel Eguiagaray García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe de obra marítima (DRACE)


Jesús Fernando Pérez Velasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: SATO


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