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Sobre el Caso Edu/Huelva

El juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, Javier Romero Jiménez, ha archivado contra su voluntad la investigación por el fraude de la formación en esta provincia, pese a mantener que existen indicios suficientes de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de las ayudas por parte de altos cargos y funcionarios de la Consejería de Empleo en Huelva.

El magistrado arremete duramente contra los abogados de la Junta y contra la Fiscalía, que han retirado las acusaciones, lo cual impide proseguir con la causa. La Fiscalía, que avaló las imputaciones durante todo el proceso, cambió de opinión en el último trámite procesal antes de la apertura de juicio oral.

El juez recuerda que se inflaron facturas, llegándose a pagar 2.000 euros en pimentón y paquetes de folios a 50 euros. Además, afirma que lo ocurrido con la gestión de los cursos en la Junta sería "impensable en una empresa privada" e "inasumible para cualquier economía doméstica". Y aun así se ve obligado a archivar la causa en la que estaban siendo investigados cuatro altos cargos y tres funcionarios de Empleo de la Junta en Huelva, entre ellos el que fuera delegado provincial Eduardo Muñoz.

En su auto de sobreseimiento y archivo, el juez recuerda que "en el procedimiento penal es imprescindible para la continuación del procedimiento abreviado que exista una acusación previa", recordando que en este caso la acusación "viene representada" tanto por la Junta como acusación particular como por el Ministerio Fiscal como acusación pública, quienes han reclamado el archivo de la causa, de forma que "por aplicación del principio acusatorio y conforme a lo dispuesto en el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar el sobreseimiento y archivo del presente procedimiento".

Sin embargo, el magistrado, que considera "injustificado" el cambio de opinión de la Fiscalía, no se resiste a entrar en "el fondo del asunto", y cuestiona el criterio de la letrada de la Junta y se pregunta si los hechos que la abogada "considera normales y totalmente legales se sustentarían o permitirían en una empresa privada, concediendo subvenciones a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos para ello o a empresas que tenían deudas por subvenciones anteriores y deudas con la Seguridad Social o que no se comprueban dichos extremos".

"Cabe preguntarse si cualquier economía doméstica permitiría este tipo de comportamientos, es decir, ¿le prestaría una persona dinero a otra que no le ha devuelto un dinero que le había prestado anteriormente? Claramente la respuesta será negativa", añade el juez, quien concluye que "el mismo celo que toda persona tiene sobre sus propios bienes es exigible a los funcionarios públicos respecto a sus funciones y al dinero público que manejan; y aún en mayor grado, porque cualquier particular pueda hacer una liberalidad con su dinero, pero el funcionario público debe ser escrupuloso con el uso y destino del dinero que tiene encomendado distribuir en el desempeño de su función".

El juez considera que, si bien no hay pruebas de que hubiera "un acuerdo expreso de voluntades entre todos para la concesión de subvenciones" de forma irregular, sí existen indicios de que "todo este sistema de funcionamiento ha estado dirigido y supervisado personal y directamente" por el jefe de Servicio de Formación, J. A. G. F., a quien sitúa como el principal artífice de las irregularidades, y quien se sirvió de distintas personas que colaboraban con él. "Tras la instrucción practicada, se considera que existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas".

El magistrado insiste en que se han pagado gastos inflados e injustificados, y cita dos ejemplos, una factura de 2.000 euros en pimentón y otra en la que se compraban paquetes de folios a 50 euros. Pues bien, los técnicos de la Junta daban por buenos todos los documentos por el simple hecho de que estuvieran presentados, sin revisar ninguno de ellos. También se observa que no había un criterio fiable en la valoración de los sueldos que se pagaban a los formadores, y sospecha que se hacía constar como formadores a trabajadores de las empresas que reclamaban las subvenciones para pagar sus nóminas.

En su resolución, recuerda que durante la instrucción se abrieron diez piezas separadas, una por cada una de las distintas empresas beneficiarias de las subvenciones investigadas, "estando cada una de las piezas íntimamente ligadas con la presente causa principal". De tal forma, que el archivo de la pieza principal conlleva el archivo también de las otras diez, con la única excepción de la que afecta a la empresa El Paraíso, en la que estaban siendo investigados un exalcalde de Punta Umbría, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, y dos de sus sobrinos, quienes regentaban un restaurante que también tuvo acceso a las ayudas de formación. La empresa de Rodríguez Nevado recibió en ayudas más de un millón de euros. Entre las facturas presentadas en su día para justificar esas subvenciones se incluyeron gastos para la compra de 80 kilos de pez espada, 20 muñecas de comunión «de lujo» y al menos 24 botellas de ron Legendario de 7 años.

Según ha informado el TSJA, en esta última pieza se archivará lo relativo al fraude de subvenciones, si bien se continuará con el procedimiento abreviado exclusivamente por falsedad documental contra uno de los sobrinos del exalcalde al haber simulado presuntamente la firma de su tío en algunas documentos.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 12000000
  • Total implicados: 3
  • Año de los hechos: 2009
  • Estado judicial: Archivado
PSOE
Actualizado el: 06 de Septiembre del 2018
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Implicados
Manuel Pastrana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario general de UGT


Francisco Fernández Sevilla
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario general de UGT


Ángel Ojeda Avilés
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario, Consejero de Hacienda (1987-1990)


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