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Sobre el Caso ERE/Pieza Política

El primer juicio del caso de los ERE arrancó el 13 de diciembre en la Audiencia de Sevilla con 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo, entre ellos, los expresidentes socialistas de esta comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros. Están acusados de crear y mantener un sistema de concesión ilegal de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que presuntamente permitió un "reparto discrecional" y "arbitrario" de cerca de 855 millones de euros de dinero público a través de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2011, según la instrucción.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Chaves por prevaricación y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por prevaricación y malversación. El Ministerio Público reclama las penas más graves, 8 años de prisión y 30 de inhabilitación, para 12 de los encausados en esta presunta trama de corrupción, como el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, responsable último del reparto de las subvenciones sin ningún tipo de control a pesar de "carecer de competencia para ello".

El caso de los ERE fraudulentos saltó a la luz a finales de 2010 como parte del caso Mercasevilla al detectarse prejubilaciones falsas en esta empresa. Siete años después se juzga la llamada 'pieza política' o 'pieza del procedimiento específico' sobre cómo se diseñó el sistema de ayudas. Estas son las principales claves del juicio:

1. Qué se juzga en la 'pieza política' del 'caso de los ERE'

La 'pieza política' del caso de los ERE se centra en la responsabilidad penal de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están acusados de prevaricación y malversación por el diseño y sostenimiento del presunto sistema ilegal de ayudas, "un procedimiento particularísimo" sin paralelo dentro o fuera de la administración autonómica.

El juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín Gómez concluyó en el auto con el que puso fin a la investigación, iniciada por la juez Mercedes Alaya, que "entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento (...) cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía" para disponer de partidas presupuestarias para estas subvenciones.

El objetivo de este "procedimiento específico" era el "reparto discrecional o, incluso, arbitrario" de este dinero destinado a financiar, entre otros, el coste de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias empresas y a pagar las prejubilaciones de los trabajadores afectados. Entre los receptores de estas ayudas se detectaron los llamados 'intrusos', personas que recibían las indemnizaciones sin haber trabajado nunca en la empresa afectada por el ERE en cuestión. Entre los intrusos había familiares y allegados de los encausados.

En julio de 2015, la juez María Núñez, que sustituyó a Mercedes Alaya, dividió la investigación en varias piezas como pedía la Fiscalía: esta que se juzga ahora sobre el procedimiento por el que se concedían las ayudas; otra sobre las sobrecomisiones supuestamente cobradas por aseguradoras y sindicatos por su tramitación; y un tercer bloque con más de 200 piezas por cada ayuda sociolaboral o directa a las empresas concedida sin publicidad.

2. Más de 854 millones presuntamente malversados

El instructor concluyó en su auto que el procedimiento diseñado por la Junta de Andalucía permitió disponer de partidas presupuestarias para ayudas sociolaborales y a empresas "en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros", es decir, más de 854,8 millones de euros en una década.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, rebaja esta cifra a 741,6 millones de euros en su escrito de acusación al detallar el dinero del que deberán responder solidariamente los autores del delito de malversación para su devolución a la Hacienda Pública andaluza como responsables civiles.

El objetivo último de la concesión de estas ayudas, según declaró Guerrero durante la fase de instrucción, era "mantener la paz social" al ser destinadas a sufragar los ERE de empresas en dificultades y al pago de prejubilaciones. Sin embargo, la primera juez del caso, Mercedes Alaya, señaló en la exposición razonada que envió al Supremo para que investigara a Chaves y Griñán que "bajo la publicitada finalidad de la paz social, en función de una política discrecional de favores", se enmascaraba "una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo".

3. Cómo funcionaba el "fondo de reptiles" para las ayudas

La Junta de Andalucía empleó el instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) para el "reparto discrecional" de las ayudas, según los hechos relatados por el instructor. El dinero para las subvenciones se inyectaba en este instituto, dependiente de la Consejería de Empleo, a través de transferencias de financiación con cargo al programa presupuestario 31L, denominado "fondo de reptiles" por el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

De esta manera "se tramitaban como transferencias de financiación lo que debía tramitarse como expedientes de gasto de subvenciones excepcionales, con postergación de su régimen correcto de control y concesión", según las conclusiones del instructor, que señala que se hicieron para ello modificaciones presupuestarias y "manipulaciones en los presupuestos" de la Junta de Andalucía, gobernada en el decenio investigado por el PSOE.

Para que el IFA-IDEA pudiera después disponer de estos fondos a favor de terceros fueron claves los convenios firmados entre la Consejería de Empleo o su Dirección General de Trabajo y el instituto. El más importante fue el convenio marco de 2001, que "identificaba como competente para otorgar ayudas y subvenciones" a Francisco Javier Guerrero, cuando su cargo "carecía de competencias para ello".

Con este mecanismo se eludía la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se obviaba la convocatoria pública para las ayudas, se infringían los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación y no había control posterior del destino dado a la subvención.

4. "Avisos de irregularidad" ignorados

El juez instructor Álvaro Martín Gómez señaló que para que el sistema instaurado en el año 2000 se pudiera mantener en el tiempo tuvieron que darse dos condiciones. "La primera, que se le siguiese dotando, de manera irregular, de los fondos públicos precisos para su discrecional, o arbitraria, distribución. La segunda, que se dejase de atender a los avisos de irregularidad sobre el sistema y, por ende, que se dejasen de adoptar, se omitiesen, las medidas necesarias para terminar con él".

En este sentido, el magistrado recuerda que en julio de 2005 la Intervención General de la Junta de Andalucía ya alertó del "uso inadecuado de las transferencias de financiación" en un informe sobre el año 2003, en el que se concluía que se "estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento" que establece la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad "para la concesión de subvenciones".

Las advertencias se repitieron en informes anuales posteriores y en los denominados "informes trimestrales de seguimiento" que elaboraba la Intervención en el marco del control financiero permanente al que estaba sujeto el IFA-IDEA desde el año 2005. A estos avisos, se sumaron también los realizados por la consultora Price-Walterhouse en las auditorías de las cuentas del instituto en varios ejercicios y un informe encargado al despacho Garrigues sobre la legalidad del "procedimiento específico".

"Pese a las irregularidades y situación de descontrol que, de modo reiterado, denunciaban estos informes (...) no se adoptó medida alguna para enmendar el sistema. Muy al contrario, se continuó nutriendo el mismo con fondos públicos, empleando, si era preciso, instrumentos tales como la modificación presupuestaria a aprobar por el Consejo de Gobierno o por la Consejería de Hacienda", concluye el instructor.

5. El papel de Chaves y Griñán, según la investigación

El juez instructor sostiene que Manuel Chaves "como responsable máximo del gobierno" de Andalucía "impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías" para su reparto. José Antonio Griñán, por su parte, "como responsable de la Consejería de Hacienda" entre 2004 y 2009 y presidente después "mantuvo" este procedimiento.

Ambos aprobaron las modificaciones presupuestarias necesarias y los proyectos de presupuestos para Andalucía que "contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación" sabiendo, según el juez, que tanto este procedimiento como la concesión en sí de las ayudas y subvenciones eran "irregulares".

Sin embargo, en su declaración ante el Tribunal Supremo, que se encargó de la investigación mientras fueron aforados, tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán negaron su participación en los hechos. Chaves, que gobernó Andalucía durante 19 años, aseguró que "nunca, jamás, en el Consejo de Gobierno" que él ha presidido "ni se ha conocido, ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad" y achacó lo ocurrido a "conductas individuales". Por su parte, Griñán reconoció que "hubo un gran fraude" pero negó que hubiera "un gran plan" para ello y aseguró que no recibió los informes que alertaran sobre las irregularidades.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 51
  • Año de los hechos: 2000
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 03 de Octubre del 2018
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Implicados
Manuel María Chaves González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-Presidente de la Junta de Andalucía

Fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 27 de julio de 1990 y el 7 de abril de 2009. Está procesado por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa. Como responsable máximo del gobierno de la comunidad, impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación (el sistema empleado para pagar las ayudas) y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones, con ausencia de control.

El juez asegura que Chaves asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía.


Magdalena Álvarez Arza
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada
  • Cargo: Ex-consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, ex-ministra de Fomento

A diferencia de su sucesor en la Consejería, Griñán, está acusada sólo de un delito continuado dr prevaricación administrativa. «Para instaurar el procedimiento propuso, como consejera de Hacienda, y aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L, habiendo aprobado, como consejera de Hacienda la modificación de 7 de mayo de 2001», que implantó la dotación económica de los ERE.


Justo Mañas Alcón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía

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Juan Márquez Contreras
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía

Sucesor de Guerrero, se sienta en el banquillo por asumir e impulsar el desarrollo del sistema promovido por su predecesor en el cargo conociendo las irregularidades y a pesar de carecer de competencias para otorgar estos fondos públicos.


José Salgueiro Carmona
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía

El juez le acusa de impulsar de manera directa el procedimiento asumiendo "la eventualidad" de que se iba a disponer de ellos de forma discrecional. Como viceconsejero, dice el instructor, le correspondía el control de la redacción de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se "manipulaban" para dar cabida a las transferencias de capital. También ve "determinante" su participación en los 'consejillos'.


José María Bueno Lidón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de El Monte

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José Domínguez Abascal
  • Cargo: Ex-presidente de Abengoa

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José Antonio Viera Chacón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ex-presidente de IFA-IDEA

Consejero de empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004, presidente de IFA-IDEA 2003-2004, la agencia autonómica que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo. Está acusado de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación. Viera «Suscribió con el viceconsejero de empleo, Antonio Fernández García, el convenio marco de 2001, en el que, entre otras cosas, se designaba al Director General de Trabajo [Francisco Javier Guerrero] como persona responsable de la concesión de estas subvenciones, pese a carecer este cargo de competencia para ello». «Permitió que IFA-IDEA fuese empleado como caja pagadora de subvenciones y ayudas» a sabiendas de que era irregular.


José Antonio Griñán Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-Consejero de Economía en la Junta, ex-presidente de la Junta

Consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. «Como responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos como la falta de un procedimiento». Para mantener el procedimiento aprobó, con su firma, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L. «En todos los casos la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular», afirma el juez, que le atribuye dos supuestos delitos continuados de prevaricación y de malversación de caudales públicos.


Jesús María Rodríguez Román
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-viceconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía


Gaspar Zarrías Arévalo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía

Consejero de Presidencia desde el 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009. Era miembro del Consejo de Gobierno que aprobó las modificaciones presupuestarias relativas a los programas 22E y 31L. Como presidente de los denominados «consejillos», señala el juez, «tuvo conocimiento del convenio marco de 2001 que instauró el sistema ilegal, de los procesos de modificación presupuestaria y de los dos proyectos de orden y tres de decreto con las que se trató de establecer un régimen para la concesión de ayudas sociolaborales, que terminase con la situación creada, dotando al sistema de una regularidad jurídica que superase los defectos expuestos, a pesar de lo cual no adoptó medida alguna para la modificación del régimen». Se le acusa de prevaricación administrativa.


Francisco Vallejo Serrano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-consejero de Innovación de la Junta de Andalucía y ex-presidente de IFA-IDEA

En su condición de titular de la Consejería de Innovación, de la que dependía la agencia IFA-IDEA, «impulsó los anteproyectos de presupuestos de los años 2005 a 2009», que contenían la partida de los ERE, y «como miembro del Consejo de Gobierno aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad andaluza para esos ejercicios, pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA». «Omitió el deber de trasladar a los miembros del Consejo Rectorlos informes que se estaban presentando por la Intervención General de la Junta de Andalucía referentes al “procedimiento específico”, en los que se denunciaban sus irregularidades».


Francisco Javier Guerrero Benítez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía

Se sienta en el banquillo como "responsable directo", de la concesión de las ayudas y subvenciones investigadas.


Felipe Romera Lubias
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía

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Daniel Alberto Rivera Gómez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía

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Lourdes Medina Varo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-secretaria general técnica de Empleo de la Junta de Andalucía

Desde su cargo, «participó en el establecimiento del sistema de encomienda de gestión en el año 2010», un procedimiento que adolecía de defectos tales como ausencia de fiscalización previa a la subvención, o del ulterior destino de las mismas y la omisión del deber de publicación de las subvenciones y de comunicación a la Comisión Europea de su concesión.


Francisco Javier Aguado Hinojal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-secretario general técnico de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía

"En el año 2000, impulsando la instauración de este sistema, participó en la gestión y tramitación de la modificación presupuestaria" como técnico de Trabajo, después como responsable de Empleo "promovió de manera directa el mantenimiento" del procedimiento, señala el instructor.


Pilar Rodríguez López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Secretaria General de Telecomunicaciones

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Pablo Millán Márquez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Finanzas del IFA (1999-2004)

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Miguel Ángel Serrano Aguilar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-director general de IFA-IDEA

Suscribió 42 convenios pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales.


Mar Moreno Recio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejera de la Presidencia (2010-2012)

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Martín Soler Márquez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Consejero de Innovación

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Manuel Recio Menéndez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Consejero de empleo (2010-2012)

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Manuel Gómez Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-interventor general de la Junta de Andalucía

El juez le acusa de no adoptar medidas para impedir que se mantuviese un sistema en los años sucesivos a pesar de que no era el adecuado. De hecho, en el Informe Adicional de Cumplimiento emitido en el control financiero permanente de IFA-IDEA del ejercicio 2003, presentado el año 2005, desveló que se estaban concediendo subvenciones excepcionales por la Consejería de Empleo a través del sistema de transferencias de financiación a IFA-IDEA, para que ésta obrase como mera caja de pagos, eludiendo el preceptivo procedimiento para la concesión de subvenciones. También informó favorablemente a las ampliaciones de presupuestos de la partida 31L.


Juan Vela Quiroga
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Finanzas de IDEA (2004-2008)

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Juan Luque Alfonso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-interventor de la Consejería de Empleo

Archivado.


Juan Carlos Soriano Hernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Viceconsejero de Relaciones Institucionales

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José de Haro Bailón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Viceconsejero de Economía (2009-2013)

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Joaquín Moya-Angeler Cabrera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía

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Jacinto Cañete Rolloso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-director general de IFA-IDEA

Firmó 124 convenios pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales.


Isabel De Haro Aramberri
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Secretaria General de Desarrollo Industrial y Energético

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Francisco Del Río Muñoz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

Como miembro del Consejo Rector de IFA-IDEA no opuso reparo a la firma del convenio marco de 2001, ni a la de los convenios particulares, pese a conocer, por el cargo que desempeñaba, las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de los mismos.


Buenaventura Aguilera Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director General de Presupuestos

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Antonio Vicente Lozano Peña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía

En su condición de director general y en el desempeño de sus competencias, asegura el juez, "promovió el mantenimiento" del procedimiento específico sabiendo que no se cumplían las garantías mínimas. El magistrado destacó en su momento su "participación directa" en las modificaciones presupuestarias y en la formulación de los presupuestos.


Antonio Jesús Ávila Cano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Presidencia (2009-2010), Consejero de Economía, Innovación y Ciencia (2010-2013)

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Ana María Peña Solís
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Secretaria General de Telecomunicaciones

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Carmen Martínez Aguayo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía

Como responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones a sabiendas de sus irregularidades. Dio la cara por su jefe, José Antonio Griñán, y confesó que no le había mandado los informes del interventor que alertaban de que el procedimiento no era el adecuado. «Yo recibí los informes y nunca se los comenté», dijo. Se enfrenta a sendos delitos de prevaricación y malversación.


Braulio Medel Cámara
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de Unicaja

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Antonio Valverde Ramos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-director general de IFA-IDEA

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Antonio Fernández García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ex-presidente de IFA-IDEA.

En su condición de viceconsejero asumió el sistema ideado e impulsó de manera directa la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones. Omitió su deber de constituir la comisión de seguimiento de los convenios celebrados con la Dirección General de Empleo, pese a estar así previsto en el convenio marco.


Antonio Diz-Lois Ruiz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Finanzas de IDEA (2008) / Jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social

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Ángel Garijo Galve
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario General de Innovación

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Agustín Barberá Salvador
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, malversación y asociación ilícita
  • Cargo: Ex-viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía

Como el resto de cargos relacionados, asumió el sistema ilegal ideado de reparto de las ayudas, formó parte de los consejillos, conocía las ampliaciones presupuestarias del fondo de los ERE y no comunicó las advertencias del interventor al consejo rector de IDEA/IFA.


Juan Francisco Sánchez García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación y prevaricación
  • Cargo: Secretario general técnico de Empleo (2000-2004), de Innovación (2004-2010) y director de Administración y Finanzas de IFA-IDEA desde 2010 a 2012

Conoció que las ayudas y subvenciones carecían de un procedimiento administrativo regular que amparase su concesión y mantuvo el sistema instaurado, pese a tener conocimiento de todas sus irregularidades.


Antonio Lara Revilla
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario general (1994/2002) y director gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) entre 2002 y 2003,

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Juan Francisco García Martínez "Paquillo"
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-secretario general de Empleo de la Consejería y miembro del antiguo IFA

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Manuel López Casero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-secretario general de Industria y Desarrollo Tecnológico de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

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Jesús Nieto González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director de industria de la Consejería de Empleo

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Juan Paniagua Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-viceconsejero de Agricultura y Pesca

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José Domínguez Abascal
  • Cargo: Ex-presidente de Abengoa

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Gonzalo Suárez Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-viceconsejero de Innovación

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