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Sobre el Caso Desguaces La Torre

Las obras de ampliación de Desguaces la Torre han salpicado de lleno al alcalde de Torrejón de la Calzada (del PP), municipio del sur de Madrid de apenas 8.000 vecinos donde se levanta el mayor depósito de vehículos de España. El juzgado número 1 de Valdemoro, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, ha citado a declarar como investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) al regidor Eusebio García, al que el ministerio público acusa de prevaricación urbanística por consentir durante años los trabajos ilegales del propietario de los desguaces, el empresario Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, un habitual del papel rosa por la especial amistad que mantiene con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco.

Eusebio García tendrá que declarar el 7 de julio a las 11 de la mañana, en un procedimiento en el que ya está imputado Luis Miguel Rodríguez, que también está en el punto de mira del fisco al aparecer en el último listado de morosos de Hacienda. Debe 15,4 millones de euros. La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía asegura que el "denunciado [Eusebio García] ha dilatado conscientemente la incoación de expedientes administrativos con el fin de beneficiar el proyecto desarrollado ilegalmente por Desguaces la Torre". La causa se abrió en julio de 2011, cuando el empresario comenzó unas obras en suelo no urbanizable y protegido por su interés agrícola y edafológico (la relación del suelo con las plantas y su entorno), sin tener además ninguna licencia municipal para hacerlo.

Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'el rey de la chatarra', ha comprado para su faraónica ampliación 650.000 metros cuadrados en el paraje Las Lagunas, donde ya tiene otros 240.000 metros cuadrados. Las denuncias y las sanciones se han sucedido en estos años. El Gobierno regional ya le abrió un expediente después de que la Asociación de Gestores de Residuos de la Construcción (Agescam) acusara al desguace de tratar sin autorización los residuos de sus obras. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) comprobó a su vez que las obras habían enterrado 170 metros del cauce del arroyo Barahondo sin pedir permiso. El Seprona de la Guardia Civil también investigó si estos trabajos afectaron a la vía pecuaria Camino de Segovia, protegida. A lo que hay que sumar los sucesivos informes de los técnicos municipales subrayando la irregularidad de los trabajos.

La última queja llegó de Red Eléctrica de España (bajo control del Estado), que denunció ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Industria ha sido ahora incluida en el Ministerio de Economía) "la situación antirreglamentaria" de los trabajos realizados por los desguaces, que amenazan los tendidos eléctricos que hay en la zona. Industria solicitó al alcalde, Eusebio García, que paralizara las obras y adoptara las medidas necesarias "para garantizar la seguridad de las personas y los bienes".

La Fiscalía recuerda que el empresario está siendo investigado por delitos contra el medio ambiente y que "durante los cinco años que han transcurrido desde el inicio de la instrucción se ha podido comprobar cómo las actuaciones urbanísticas ilegales han ido progresando, sin que en ningún momento se haya detenido tal progresión". En este punto tiene un papel clave el alcalde, según el ministerio público. "El denunciado ocupa el puesto de regidor desde el año 2011 y, como tal, ha de actuar como garante del cumplimiento de la legalidad urbanística y, en caso de incumplirse, de que se pongan en funcionamiento los instrumentos de los que la ley provee para responder a ello, en forma de expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad".

El escrito de la Fiscalía es demoledor, ya que acusa a García de hacer caso omiso de los requerimientos de la Comunidad de Madrid, "que a través de la Dirección General de Urbanismo le ha instado de forma reiterada para que dé cumplimiento a la previsiones legales incoando los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad con la medida cautelar de suspensión de las obras, precintado de las mismas, retirada de maquinaria y material, y, en su caso, demolición de las obras a costa del responsable". Al no hacer nada, el alcalde ha permitido el avance y consolidación de los trabajos "teniendo conocimiento de su ilegalidad".

La Fiscalía también ha solicitado la declaración como testigos de la secretaria general del ayuntamiento y de Alfredo Simarro, el arquitecto municipal que denegó la licencia de obras y solicitó la paralización de unos trabajos que el ‘rey de la chatarra’ había iniciado sin permiso. El arquitecto fue despedido en noviembre de 2011 (ya con el PP en el poder) tras 21 años en el cargo. Denunció al consistorio y la Justicia le dio la razón, condenando al ayuntamiento a pagarle 72.338 euros.

Un grupo municipal de la oposición, el GLITC, es una de las acusaciones de la causa. "En estos seis años de gobierno del PP, hemos tenido que acudir a los tribunales por diferentes causas, siempre en defensa de los derechos de los vecinos de nuestro municipio. Por estos motivos llevamos siendo atacados de manera indiscriminada durante este tiempo, recibiendo acusaciones falsas y desestimadas en los juzgados, en este caso, con el dinero de todos los vecinos. Eusebio García y su equipo atentan deliberadamente y de forma continuada contra nuestros derechos cívicos, en el ejercicio de nuestra función pública como concejales electos, suponemos que en un intento de desviar el foco de atención de sus evidentes problemas judiciales", señala su portavoz, Inma Blázquez.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 2
  • Año de los hechos: 2011
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 29 de Octubre del 2018
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Implicados
Luis Miguel Rodríguez García-Rivera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Propietario de Desguaces La Torre


Eusebio García Gómez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación urbanística
  • Cargo: Alcalde de Torrejón de la Calzada