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Sobre el Caso DV4

Pese a que su imputación más conocida por la gravedad de los hechos es la conocida como 'cártel del fuego' -que habla de regalos y sobornos que el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano recibía presuntamente por parte de diversos empresarios que, a cambio, recibían contratos para la extinción de incendios- el también exconseller de Francisco Camps enfrenta otra no menos importante en la que hay lugares comunes con la anterior. Al parecer, también se sirvió de su cargo público para hacer negocios personales.

Castellano debe responder por otorgar contratos de la Administración a su empresario amigo José Miguel Pérez Taroncher, ya fallecido, cuando dirigía las consellerias de Sanidad y de Gobernación. El exdelegado del Gobierno está imputado por prevaricación y malversación desde noviembre de 2017 en una causa que parecía dormida pero que sigue su curso a la espera de un documento crucial.

Según ha podido saber EL MUNDO, el juez ha pedido un informe muy exhaustivo a la Intervención General de la Generalitat Valenciana en el que solicita que se concrete el perjuicio que estas contrataciones a dedo causaron a las arcas públicas. Además, también solicita que se pronuncie sobre su legalidad. Este dossier es el último escalón para que finalice la instrucción.

Las diligencias practicadas evidencian que el grado de amistad entre Serafín Castellano y el empresario -pese a estar fallecido la causa continúa porque su mujer y sus hijos están imputados- era tal que incluso compraron varias propiedades juntos. Al parecer, varias fincas en Llíria. Además, presuntamente también tenían una cuenta común en la que ingresaban dinero para adquirir esas propiedades. Esto sucedía, según las pesquisas, mientras que Castellano estaba en el Gobierno de la Generalitat.

La investigación apunta a que el exdelegado del Gobierno en la Comunidad dio los contratos a la firma de su amigo, Construcciones Taroncher y Asociados, saltándose toda la normativa de contratación pública. El número de adjudicaciones fue tal que incluso llamó la atención del juez, que destacó el abultado incremento de la facturación de la empresa en un corto periodo de tiempo. Los contratos de la Administración autonómica llegaron a alcanzar los tres millones de euros, según han precisado los investigadores.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 4
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 21 de Marzo del 2019
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Implicados
Serafín Castellano Gómez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación y malversación
  • Cargo: Ex-conseller valenciano de Gobernación con el PP y ex-delegado del Gobierno en la comunidad


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