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Sobre el Caso Cursos Formación/J.M. Pérez

El testimonio de un empresario beneficiario de ayudas ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz para depurar responsabilidades políticas por el escándalo de la formación profesional para el empleo, confirma la existencia del fraude al reconocer que con subvenciones finalistas lograba ganancias.

José María Pérez González, de 79 años de edad y vinculado a tres entidades que recibieron fondos de la Junta para formación, reconoció que una parte de la subvención pública para impartir acciones formativas se destinaba a «beneficio empresarial».

Durante el interrogatorio al que le sometió la diputada de IU Elena Cortés, interesada en conocer si sus empresas ganaban dinero con los cursos, Pérez González reconoció que el beneficio era aproximadamente del «20%» de cada curso. «Por supuesto que no perdía dinero», declaró el empresario, que aseguró que con ese margen hacía frente a inversiones en las instalaciones que no se podían imputar.

Pérez González insistió en que el beneficio «era mínimo» y que, dada la naturaleza de los cursos que impartía (sobre agricultura principalmente), el grueso del dinero se destinaba a pagar a los monitores, los tractores y el gasóleo.

Las fuentes consultadas por este periódico indicaron que admitir la existencia de un beneficio supone reconocer el fraude, al tratarse de subvenciones finalistas que deben emplearse al 100% en las acciones formativas.

La mayor parte del dinero para formación procede de las aportaciones de las empresas y los trabajadores a través de cotizaciones directas a la Seguridad Social mediante una cuota específica llamada Formación Profesional. En concreto, la empresa destina el 0,6% del salario de cada trabajador y éste detrae un 0,1% adicional de sus percepciones líquidas.

A estas aportaciones directas para formación se suman las del Fondo Social Europeo (FSE) y, en menor medida, las que proceden de los Presupuestos Generales del Estado.

Como ya publicó este diario, el ex director de Formación Profesional para el Empleo Carlos Cañavate llegó a requerir el desglose de facturas para que la empresa externa que explotaba el consorcio Ciomijas demostrara que nunca había tenido beneficio económico con los cursos y así poder justificar ante Bruselas los fondos recibidos.

El conglomerado vinculado a José María Pérez González centra una de las piezas separadas que la juez que instruye la macrocausa de la formación, María Núñez Bolaños, ha abierto y ha sobreseído provisionalmente a la espera de que la Junta aporte la información requerida.

Concretamente, la juez Mercedes Alaya -predecesora de Núñez Bolaños al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- vinculó a Pérez González con ocho sociedades: Asociación para el Fomento y la Formación de la Agroganadería Andaluza (Affoan), Agri Res 2 SL, Korays Dos Consultores SL, Dinosol Supermercados SL, Creaciones Samaral SL, Centro de Formación Profesional de Andalucía Abisur SL, Andalucía Polivalentes SL y Profrío SL.

Pérez González dijo desconocer ayer en el Parlamento andaluz el dinero que han recibido sus empresas para formación, pese a la insistencia de los comisionados. De acuerdo con las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a Affoan, Agri Res 2 y Korays Dos Consultores les concedieron al menos 1.015.778,26 euros entre enero de 2008 y junio de 2012.

El compareciente admitió otras presuntas irregularidades en la concesión y seguimiento de las ayudas públicas para formación. Así, puso de manifiesto que en los últimos años la Junta apenas realizaba inspecciones a los cursos para comprobar su desarrollo y que «prácticamente» no había concurrencia competitiva para conseguirlos.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 1015000
  • Total implicados: 0
  • Año de los hechos: 2008
  • Estado judicial: Sobreseimiento Provisional
PSOE
Actualizado el: 16 de Diciembre del 2018
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