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Sobre el Caso Cursos Formación/CTI

La juez María Núñez Bolaños quiere saber qué hay en las cajas de papeles almacenadas desde hace años en los calabozos de la Policía Local de San Fernando y que llegaron allí desde el Centro de Formación de Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando, en Cádiz. Son decenas de cajas con archivadores y ordenadores con información de los cursos de formación que se impartieron en las instalaciones del polígono Fadricas de la localidad gaditana, primero por la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) y luego por una de las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, uno de los principales imputados en el caso del fraude de la formación.

Según ha podido saber EL MUNDO de Andalucía, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla -que dirige la investigación de este caso- ha dado instrucciones a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le informe acerca de estos expedientes, que su antecesora, la juez Mercedes Alaya, reclamó después de recibir un aviso del Ayuntamiento de San Fernando acerca del abandono de este material sensible en la nave del CTI que cerró, con el parón de los cursos y tras el escándalo del fraude, en mayo de 2014.

En una providencia fechada el pasado día 22, la juez Núñez ordena que se oficie a la UCO para que «informe» sobre esta documentación, que la propia Guardia Civil sacó del centro de formación gaditano pero que nunca llegó, por razones que se desconocen, a las dependencias judiciales.

Por el contrario, como ya desveló este periódico, la documentación quedó bajo custodia de la Policía Local de San Fernando, guardada en uno de los calabozos de su edificio, donde permanece aún, cuatro años después.

La decisión de la magistrada es la respuesta a un escrito presentado por el Partido Popular Andaluz -que ejerce la acusación en la macrocausa de la formación- en el que solicitó a la titular del juzgado que pidiese los expedientes ante la posibilidad de que pudieran resultar de utilidad en la investigación.

En la actualidad, existe una pieza separada que investiga las subvenciones concedidas al CTI de San Fernando, otra de la Faffe y otra del entramado empresarial de Ángel Ojeda, que subarrendó el CTI y dio allí muchos de sus cursos para los ex trabajadores de Delphi hoy bajo sospecha.

El PP-A quiere que toda la documentación se incorpore a la causa después de reclamarla al Ayuntamiento de San Fernando, que ha manifestado, por su parte, que su único papel es el de la custodia de los papeles.

A su vez, el escrito presentado por el PP, en el que se pide asimismo la digitalización de toda la documentación y su entrega a las partes, se produjo a raíz de la información publicada por EL MUNDO de Andalucía.

El CTI de San Fernando se creó con forma de consorcio entre la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento gaditano en 1997 y desde 2007, estuvo gestionado por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), hoy en liquidación tras innumerables escándalos que han llevado a sus principales responsables a estar imputados judicialmente. Tres años después, en marzo de 2010, la Faffe subarrienda una parte de las instalaciones del CTI de San Fernando a la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA) cuyo presidente era el ex consejero Ángel Ojeda. AEA formaba parte del entramado que montó Ojeda para captar subvenciones millonarias destinadas a la formación, como destapó la Guardia Civil.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 0
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
Actualizado el: 16 de Diciembre del 2018
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