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Sobre el Caso CAM

Las cuentas de Caja Mediterráneo de 2011 se falsificaron para ocultar la situación crítica de la entidad, y la responsabilidad de este maquillaje contable a gran escala recae sobre parte de la cúpula directiva. Los directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez, fueron, según la sentencia de la Audiencia Nacional conocida ayer, los culpables de esta alambicada ingeniería para esconder los números rojos. López Abad y Amorós han sido condenados a tres años de prisión por la falsificación de los estados contables de la CAM. A Martínez le han caído dos años y nueves meses de cárcel, y a Sogorb cuatros años (el fiscal pedía siete años para todos ellos, multas de 180.000 euros y dos millones de euros por responsabilidad civil). De momento, no ingresarán en prisión. Los más que posibles recursos de la sentencia ante el Supremo, tanto de los condenados como de las acusaciones, frenarán este ingreso en la cárcel. Desde la Plataforma de Afectados de la CAM se tachó ayer la sentencia de «vergonzosa y ridícula», ya que, en opinión de esta entidad, el pronunciamiento judicial «ha sido blando» con los causantes de la ruina de la caja. Y es que los condenados solo pagarán una multa de unos 18.000 euros. El coste del rescate de la entidad rondará los 11.000 millones de euros.

Los números

CAM presentó ante el Banco de España un beneficio de 39,7 millones de euros al cierre del primer trimestre de ese año; no obstante, tres meses después, y con la caja ya intervenida por el Banco de España, las pérdidas se dispararon hasta los 1.163 millones de euros y una ratio de morosidad del 19%. Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros, según relata el tribunal en su sentencia, resultaban «irreales y espurias». La recalificación de créditos fallidos y dudosos a normales y la incorrecta contabilización de titulizaciones fueron los métodos para disimular los números rojos y fabricar beneficios. Todo ello para dar apariencia de una sólida salud financiera de cara a la fusión, luego fallida, con CajAstur y otras dos entidades en 2010 y 2011. La Audiencia estima que la situación de la caja suponía un riesgo para el conjunto del sistema financiero, hasta el punto de que su caótico estado obligó a intervenirla. Con todo, el tribunal añade que la quiebra de la CAM no se debió únicamente «a la actuación irregular» de los acusados, sino que deriva de un entorno de crisis económica general donde muchas entidades no superaron sus problemas de liquidez.

Al presidente de la caja, Modesto Crespo, le ha salido bien su estrategia de defensa. Alegó durante el juicio que su papel al frente de la CAM era meramente representativo y sin poder ejecutivo y de decisión. La fiscalía se creyó su versión y no solicitó pena alguna para el empresario ilicitano. La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha exonerado de toda responsabilidad en el falseo de las cuentas. El tribunal concluye que «su labor en la entidad que presidía no trascendía de la meramente protocolaria y de representación, sin participar de manera activa y efectiva en la adopción de las decisiones que tomaba el Comité de Dirección, compuesto por los verdaderos gestores de la entidad».

Otros tres directivos (Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa) también se han librado de las condenas al no apreciar la sala delito alguno en sus actuaciones. Todos los absueltos -excepto Ochoa- se enfrentaban a penas de prisión por falsedad de cuentas, estafa agravada, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad documental.

Sueldos legales

Los cuatro condenados- Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco Martínez- se han librado de los castigos que pedían las acusaciones (la fiscalía, el Frob, la Fundación Caja Mediterráneo, las particulares y la popular) por los delitos de estafa agravada, de apropiación indebida agravada, de administración desleal, falsedad documental, falsedad en la información a los inversores y manipulaciones informativas. Únicamente Teófilo Sogorb ha sido condenado por falsedad en la información a los inversores, de ahí que tenga un año más de prisión.

El tribunal ha considerado que las millonarias retribuciones que recibió la cúpula directiva de la CAM en los meses previos a la intervención del Banco de España, unos 40 millones de euros, son legales, por lo que los 13 directivos que se beneficiaron de estos pagos no tendrán que devolver el dinero (los fondos procedían de las prejubilaciones de miembros del comité de dirección; de una prestación adicional asegurada para la jubilación de los integrantes de este comité; de una paga de beneficios; de las aportaciones al plan de pensiones; incentivos anuales y bono extraordinarios). Así, los jefes de la CAM podrán cobrar las pensiones vitalicias que les aprobó la entidad, unas remuneraciones que oscilan entre los 130.000 y 369.000 euros anuales (algunos las tienen embargadas para hacer frente a fianzas y responsabilidades en otras piezas judiciales relacionadas con la quiebra de la CAM).

Tampoco tendrán que devolver los 15,4 millones de euros que percibieron seis directivos por prejubilarse en 2010 y 2011 (López Abad, Agustín Llorca, Gabriel Sagristá, Joaquín Meseguer, Vicente Soriano y Daniel Gil), antes de que la caja estallara.

La Audiencia Nacional tampoco observa responsabilidad civil alguna en las actuaciones de los directivos, por lo que no se verán obligados a indemnizar a nadie. De este modo, por ejemplo, la Fundación Caja Mediterráneo, que declaró su condición de víctima y perjudicada por el daño derivado de la pérdida definitiva del negocio financiero de la CAM, no verá un euro. El tribunal sostiene que será la vía civil la que tenga que decidir sobre las posibles compensaciones a los perjudicados por el falseo de las cuentas de la caja

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 8
  • Año de los hechos: 2011
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
PP
Actualizado el: 23 de Marzo del 2019
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Implicados
Vicente Soriano Terol
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Cargo: Ex-director general de Recursos de la CAM


Teófilo Sogorb Pomares
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Contribución a falsear las cuentas de los ejercicios 2010 y 2011
  • Cargo: Exdirector de Planificación y Control

Condenado a cuatro años de prisión. Responsable, entre otras cosas, de "elaborar la proforma de las cuentas anuales, donde se contabilizaron de manera irregular las operaciones de titulización con el único objeto de generar falsos beneficios". El instructor sostiene que "fue quien firmó los estados financieros enviados al Banco de España" y que se tomaron como base para el cálculo de las retribuciones consideradas indebidas.


Salvador Ochoa
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: falsedad en las cuentas y en documento mercantil y
  • Cargo: Ex-director de Información Financiera de la CAM


Roberto Lidiano López Abad
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Falsedad contable y falsedad en la información aportada a los inversores
  • Cargo: Exdirector general

Condenado a tres años de prisión. El instructor concluyó que "desempeñó un papel relevante tanto en el proceso de elaboración de las cuentas anuales de 2010 como en la fijación de las retribuciones a los directivos que los peritos han señalado que se pagaron indebidamente".


Modesto Crespo Martínez
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: falsedad en las cuentas anuales
  • Cargo: Expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo


Juan Luis Sabater Navarro
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Cargo: Ex-director de Financiación de la CAM


Francisco José Martínez García
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Contribución a falsear las cuentas de los ejercicios 2010 y 2011
  • Cargo: Ex-director general de Inversiones y Riesgos

Condenado a dos años, nueve meses y un día de prisión


María Dolores Amorós Marco
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Falsedad contable y falsedad en la información aportada a los inversores
  • Cargo: Exdirectora general

Condenada a tres años de prisión. Principal colaboradora de López Abad en la elaboración de las cuentas de 2010 y, como directora general, no sólo las presentó al consejo de administración sino que fue "la principal responsable en la elaboración de los estados financieros intermedios de 2011", considerados falseados.


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