Castellano English
Sobre el Caso Blasco/Piezas 2 y 3

El exconseller Rafael Blasco, que ha cumplido 3 años en prisión de los 6 y medio a los que fue condenado por malversación en las ayudas al Tercer Mundo en el primer juicio del caso Cooperación, se enfrenta a nuevas penas por este caso que pueden incrementar su condena hasta otros 9 años y medio.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat, que hace meses pidieron penas de 16 y 17 años, respectivamente, mantienen ahora que, tras la sentencia del Tribunal Supremo con la que el exconseller fue condenado a 6 años y medio, en el nuevo juicio por las piezas 2 y 3 de este caso solo podría ser condenado a un año y medio más porque el tope, aseguran, serían los 8 años con los que se castiga el delito de malversación.

Este es el argumento que utilizan para justificar el acuerdo que están negociando con el fin de evitar el juicio a cambio de una vertiginosa rebaja en la pena reclamada para Blasco: de 16 años a 2 y medio. Obvian, sin embargo, que en las nuevas piezas se trata de un delito continuado de malversación que se comete en concurso con prevaricación y falsedad documental, lo que eleva a 12 años y no a 8 la pena máxima. También pasan por alto que el exconseller está acusado por otro delito por el que nunca antes ha sido condenado y por el que las mismas acusaciones le pidieron 4 años.

El nuevo juicio deriva de la investigación sobre el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití –las piezas 2 y 3 del caso–, en la que junto al exconseller están acusados el empresario César Augusto Tauroni, el exjefe de Cooperación del Consell, Marc Llinares, y otras 21 personas. La Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat y la Coordinadora de ONGD reclamaron hasta 170 años de prisión en total.

En el caso concreto de Rafael Blasco, tanto Anticorrupción como la Coordinadora pidieron 16 años de cárcel, 12 por los delitos continuados de malversación y prevaricación y 4 por asociación ilícita. La Generalitat elevó la petición a 17 años, pero ahora se negocia dejarla en 2 años y medio pese a que esas mismas acusaciones mantienen que lideraban una organización criminal que se enriqueció a costa del dinero público que la Generalitat destinaba al Tercer Mundo.

Hasta el mismo día del juicio en la Audiencia Provincial de Valencia, las partes tienen tiempo de pactar una sentencia de conformidad, un acuerdo que evitaría el juicio con la declaración de culpabilidad de los acusados a cambio de rebajas de sus respectivas condenas.

El fiscal del caso, Vicente Torres, ya ha llegado a un acuerdo con Blasco, Tauroni, Llinares y el resto de acusados. Las condiciones del mismo, de las que ha venido informando Valencia Plaza, son muy controvertidas porque incluyen permisos penitenciarios y beneficios para su mujer, Consuelo Císcar, y su hijo en el caso IVAM. Solo Blasco, Tauroni y Llinares serían condenados a más de dos años de cárcel y los otros 21 acusados se librarían a pesar de que en algunos casos se reclamaron penas de hasta 7 años, que ahora se verían reducidas a 4 meses.

Para justificar esa oferta y la rebaja de la condena a 2 años y medio, la Fiscalía y la Generalitat se basan en el mencionado límite de 8 años por ser la máxima pena prevista para el delito de malversación de caudales públicos, el más grave de los tres delitos por los que fue condenado.

Pero este razonamiento resulta, cuando menos, discutible a juicio de expertos consultados por Valencia Plaza porque, pese a lo que indica el Supremo, ni el Ministerio Público ni la Abogacía de la Generalitat tienen ahora en cuenta el carácter continuado del delito de malversación ni su comisión en concurso con prevaricación y falsedad documental, circunstancias ambas que elevan la pena máxima de 8 a 12 años.

Lo que se investigó en la primera pieza fueron las subvenciones a ONG de 2008. Las de 2009 a 2011 se han investigado en otras piezas, las llamadas 2 y 3. Aunque las convocatorias se juzguen por separado, serían un único delito de malversación de caudales públicos –en concurso con prevaricación y falsedad documental– y la condena máxima a cumplir no podría ser mayor que si se hubieran juzgado todas juntas.

Por tanto, si la pena máxima a cumplir por malversación no puede ser nunca superior al tope previsto para este delito, por el que ya está condenado (8 años) ¿Por qué pidieron 12 las acusaciones?. Según los expertos consultados, lo hicieron aplicando el artículo del Código Penal que establece que, para los delitos que como este tendrían carácter "continuado", se puede imponer la pena superior en grado. Si la pena base por malversación es de entre 4 y 8 años, la superior en grado iría de 8 a 12 años.

Además, los delitos de prevaricación y falsedad documental estarían en concurso medial con el de prevaricación. Esto es, fueron cometidos como medio para poder realizar la malversación de caudales públicos. De esa forma, en lugar de imponer una pena para cada uno, se impondría solo la del delito más grave –en este caso la malversación–, de ahí que a Blasco se le pidieran inicialmente 12 años por las piezas 2 y 3.

En caso de ser condenado a esos 12 años, como sería por los mismos delitos, estos no se sumarían a la pena que ya están cumpliendo –6 años y medio en el caso de Blasco y 6 en el de Taurini–. Esos 12 años serían el tiempo máximo de cumplimiento porque la pena de la primera pieza quedaría embebida por la de las piezas 2 y 3. Por lo tanto, por los delitos de malversación, falsedad y prevaricación, además de los 6 años y medio por los que ya está condenado, a Rafael Blasco le quedarían 5 años y medio más si se le condena por los 12 que pidió el fiscal y que ahora quiere rebajar a dos años y medio evitando la celebración de un juicio que duraría varios meses.

En el caso de César Augusto Tauroni, condenado a 6 años, habría que sumar otros 6 de la nueva condena. Sin embargo, la Fiscalía también está dispuesta a rebajar la petición de pena del empresario a 2 años y medio, muy por debajo de los 22 que le reclamaba al principio.

Mención aparte merece Marc Llinares, exjefe de Cooperación a quien se le atribuye un papel clave dentro del "grupo criminal" que desvió las ayudas destinadas a las ONG. Él no tendría límite alguno de cumplimiento, ya que se le absolvió en la primera pieza y podría cumplir sin problema los 12 años. No obstante, en el acuerdo de conformidad que ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción, la pena que se le reclama se ha reducido de 14 años a 2 años y cuatro meses.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que en las piezas 2 y 3 se acusa a Blasco y a Tauroni de delitos por los que aún no han sido juzgados. No cabría pues aplicar límites de cumplimiento en las condenas que se les pudieran imponer por estos nuevos delitos.

En el caso de Rafael Blasco, las acusaciones pidieron 4 años de prisión por asociación ilícita, organización criminal o, alternativamente, grupo criminal. A César Augusto Tauroni se le pidió la misma pena por este delito y, además, otros 6 años por otro delito de blanqueo de capitales.

Con ello, a los 12 años que se le podrían imponer por delito continuado de malversación, al exconseller le podrían caer hasta 4 años más. Ese es el motivo por el que la Fiscalía Anticorrupción solicitó 16 en su escrito de acusación tras el procesamiento.

Además, conviene recordar que en las piezas 2 y 3 existen en total 24 acusados. Muchos de ellos empresarios que no tienen condenas porque no estaban en la primera pieza del caso. La Fiscalía Anticorrupción pedía para muchos de ellos penas de hasta 7 años de prisión que ahora quedarían reducidas a 4 meses, con lo que su participación en esta trama de corrupción quedaría prácticamente impune.

El acuerdo de Anticorrupción, que está buscando la adhesión del resto de acusaciones, también se basa en una supuesta reparación del daño económico que ya ha quedado en entredicho porque todos los bienes que Blasco y los principales acusados se han ofrecido a vender están ya embargados.

A ello se suma, además, que el exconseller no ha devuelto ni un euro del dinero de la solidaridad que malversó para comprar inmuebles en Valencia, por lo que tampoco cabría hablar de voluntad de colaboración.

Antes de firmar la conformidad, Blasco no solo está solicitando beneficios concretos para su mujer y su hijo, un artista conocido como Rablaci, ambos imputados en el caso IVAM, también quiere que se le facilite el acceso a permisos para salir de la cárcel, donde aún le quedan tres años y medio por la condena que se le impuso en el primer juicio.

Todo ello está sobre la mesa. Incluso con reuniones en prisión entre fiscales de Anticorrupción –entre cuyas atribuciones no está el control de la situación penitenciaria ni los permisos de los reclusos. que no tienen que ver con el caso– los dos abogados de Blasco –el de la parte penal y el de la penitenciaria, que también lo es de su mujer en el IVAM– y el propio Blasco.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 19
  • Año de los hechos: 2009
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 23 de Octubre del 2018
Anuncios para la Caja A de CA
Implicados
Rafael Blasco Castany
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana (2007-2011), portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (2009-2012)

Actualmente cumpliendo condena de la pieza primera de 6 años y 6 meses de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta.


Rafael Pedro Barrera Cuquerella
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de la organización FUDERSA

Entre 2009 y 2011, se calcula que la organización logró ayudas de la administración valenciana para proyectos de cooperación valorados en 1,6 millones.


Marcos Antonio Llinares Picó
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex Jefe de Área de Cooperación al Desarrollo noviembre 2008- octubre 2011

Fue absuleto en al pieza primera por un error de forma en la sentencia a pesar de estar probados los hechos de un delito continuado de malversación de caudales públicos asi como los delitos de cooperador necesario y autor respectivamente de delitos de prevaricación y falsedad


Luis Fernando Castel Aznar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Responsable de empresa evaluadora Caaz SL. y gerente de la UTE Broseta Abogados - Inversiones y Estudios Caaz SL.


Josep María Felip Sardá
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex Director General de inmigración y Cooperación desde mayo 2010 - febrero 2012.

Condenado solamente a siete años de inhailitación en la pieza primera por un error de forma en la sentencia a pesar de estar probados los hechos de un delito continuado de malversación de caudales públicos asi como los delitos de cooperador necesario y autor respectivamente de delitos de prevaricación y falsedad.


Fernando Darder Flores
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de la organización Esperanza sin Fronteras

A partir de 2010 recibe proyectos de la Generalitat por valor de 570.000 euros. En 2011 se le adjudicó la construcción del hospital de Haití por cerca de 4 millones de euros.


Augusto César Tauroni Masía
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario, creador y director de la trama de empresas alrededor de la Fundación Hemisferio

Condenado a seis años de prisión en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES


Arturo Tauroni Masiá
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de la Fundación Hemisferio


Agustina Sanjuán Ballesteros
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex Secretaria General de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía 2007-2012.

Condenada a pena de 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta en la primera pieza


Adolfo Soler Sempere
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Cofundador y vicepresidente de la Fundación Hemisferio


María Isabel Castillo López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Directiva de la Fundación Hemisferio


Alfonso Navarro Torres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de la Fundación Hemisferio


Jose Bollain Pastor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario de la Fundación Hemisferio, abogado del despacho Advance Abogados


Alina Indiekina Lysenko
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation. Esposa de Augusto César Tauroni


Carlos Andrés Chust
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador de las empresas Chust Alzira, Avanza Consultoría y Promociones Carla-Nerea, Consultoria de construcciones y proyectos SL


Rosa María Castelo Otero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresaria. Cobró supuestamente facturas falsas a traves de las empresas Beconsa y APB arquitectura.


Luis Alfonso Freire Oleas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador de Apima Ingeniería, S.L.


José Luis Mezquida Alcañiz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador de la firma Matuscas Servicios de Riba-Roja del Túria que supuestamente ingresó 103.855,01 euros gracias a la trama de la Fundación Hemisferio


Jesús Urquiza Delgado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario

Esposo de María Isabel Castillo. Dueño de la empresa Equipment Marketing Consulting Corporation, fundador, director gerente y administrador único de las empresas Sistemas Inelme, Mecanizados Inelme y Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero César Augusto Tauroni.