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Sobre el CASO BLASCO/CYES

Rafael Blasco Castany, ex conseller de siete carteras de la Generalitat Valenciana, hombre de confianza de Francisco Camps, ex diputado del PP y ex portavoz parlamentarios del grupo popular, ha sido condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por la primera pieza del llamado caso Cooperación. Condenado por el trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), a la que la Conselleria de Cooperación adjudicó en tiempos de Blasco 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino. El resto se invirtió en comprar pisos y garajes en Valencia.

Blasco, conseller con todos los gobiernos de la Generalitat desde el socialista Joan Lerma al popular Francisco Camps, está condenado por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

La sentencia, redactada por el magistrado Antonio Ferrer, es severa, acorde con la gravedad de los delitos, y es condenatoria también el resto de los nueve imputados que integraba la trama que saqueó las ayudas públicas destinadas al Tercer Mundo. César Augusto Tauroni, el otro cerebro de la trama, el único que está en prisión, tendrá que cumplir ocho años de prisión y una inhabilitación de 20 por cooperación al delito de fraude, falsificación y malversación.

A la secretaria general administrativa de la Conselleria, Tina Sanjuán, se le ha impuesto una pena de siete años y medio de prisión y 17 y medio de inhabilitación por prevaricación, malversación y falsedad. Por los mismo delitos ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel Marc Llinares, el ex jefe del área de Solidaridad. El ex subsecretario de la Conselleria, Alejandro Català ha sido encontrado culpable de prevaricación administrativa en concurso y cumplirá cuatro años y medio de cárcel, siete de inhabilitación y pagará 6.750 euros de multa. Tambien Javier Llopis, ex jefe de Gabinete de Blasco, pagará multa de 2.700 euros y un condena de tres años de prisión y dos de inhabilitación.

Quien fue Director General de Inmigración y Cooperación, Josep María Felip, es el único de los imputados que no ha sido condenado a penas de prisión: tendrá que cumplir siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

Pero no sólo han sido condenados los funcionarios públicos implicados en la trama, también quienes la diseñaron. Además de Tauroni, ha sido condenado Marcial López, el presidente de la Fundación Cyes a la que fueron los fondos. Su condena es de cuatro años de prisión y el pago de seis millones de euros. Cuatro millones y tres años y medio de cárcel tendrán que cumplir su pareja y mano derecha, María José Cervera.

El tribunal ha respaldado la tesis de los fiscales Anticorrupción Vicente Torres y Jesús Carrasco. La Sala Civil y Penal del Alto tribunal autonómico daba a conocer su fallo a primera hora de la mañana, dos meses y medio después de que el juicio quedara visto para sentencia y cierra así la primera de las tres piezas que integran el llamado caso Cooperación y que salpican Blasco. Las otras dos todavía están en fase de instrucción. Por tanto, la amalgama judicial continúa para Blasco.

La construcción de la estafa

Según el relato construido durante la instrucción de esta primera pieza del caso y ratificado por la mayor parte de los testigos durante el juicio, el inicio de la estafa se remonta al año 2008 cuando Camps trasladó a Blasco de la conselleria de Sanidad a la recién creada cartera de Solidaridad y Ciudadanía.

Casi en paralelo a la llegada de Blasco a Solidaridad, el empresario Augusto César Tauroni, de Alzira, como Blasco, y viejo conocido del político pese a que ambos han renegado de su amistad ante el juez, fue tejiendo una red de pequeñas entidades dedicadas a la cooperación, sin medios suficientes para aspirar a los proyectos de la Conselleria, a las que Tauroni se ofrecía como gestor y a las que invitaba a asociarse para concurrir a todas las convocatorias públicas. Les garantizó que atraparían las subvenciones.

Ninguna de las empresas de Tauroni cumplía los requisitos que exigía la ley para optar a las ayudas públicas, no tenían experiencia y no concurrían en red con otras ONG, pero, como queda reflejado en el sumario, Blasco se encargó de "allanar el camino".

Se ha sabido después que Tauroni no sólo logró contratos públicos de Solidaridad, sino que también ganó adjudicaciones en otras consellerias por las que fue desfilando Blasco.

Con su llegada de Solidaridad, la Conselleria modificó la forma de evaluar los expedientes sobre subvenciones. Una evaluadora externa "sin currículum" sustituyó a la habitual y fundaciones con mucha trayectoria cedieron el protagonismo como aspirantes a las ayudas a entidades que hasta ese momento no habían presentado proyectos.

Esta nuevo orden en la Conselleria provocó las quejas de algunos funcionarios. La mayoría fueron relevados. "[Rafael Blasco] Nos preguntó por la Fundación Cyes y nos dijo que teníamos que tramitar el acta. Le dijimos que no podía estar entre las entidades subvencionadas porque no tenía experiencia previa. Insistía e insistía, que teníamos que confiar en él. Nos dijo que teníamos que confiar en él porque nos había mantenido en el puesto pese a que le habían dicho que éramos un mal equipo. Él nos dijo que las normas las interpretaba él, no nosotros. Incluso llegó a decir que él sabía que existía documentación que acreditaba la experiencia previa de Cyes. Le decíamos que no y se enfadaba. Nos llegó a decir que si nunca habíamos hecho algo así y que iba a revisar todos nuestros expedientes", relató ante el juez Teresa Clemente, una de las técnicos que se opuso a la concesión de ayudas a la Fundación Cyes .

Tauroni consiguió las ayudas para un proyecto de abastecimiento de agua en Nicaragua: 833.409 euros que no llegaron a Nicaragua y se acabaron invirtiendo en la compra de cuatro inmuebles en Valencia.

De todopoderoso a inocente

Blasco declaró ante el juez el 9 de enero, descargó toda la responsabilidad en los técnicos de su Conselleria, se presentó como un gestor inocente, casi inútil. "Yo no sé ni mandar correos electrónicos", dijo para negar su cruce de mensajes con Tauroni. Acorralado ante las evidencias sobre su estrecha relación con el cabecilla de la trama (el tráfico de llamadas entre ambos era "elevado", según la Policía), Blasco sólo supo decir: "Somos de Alzira, señoría, qué quiere que le diga".

Para la Fiscalía Anticorrupción, quedó probado durante el juicio que conseller y empresario "actuaron juntos para delinquir" y Blasco benefició a Tauroni "en un claro ejemplo de clientelismo político". Pidió 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el diputado.

La Abogacía de la Generalitat para la que Blasco trabajó durante doce años, solicitó 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación tras acusar al ex conseller de aprobar ayudas a la Fundación Cyes "a sabiendas de su injusticia" y de forma "claramente arbitraria", y considerar probadas sus "presiones" y "ataques" a los funcionarios del gobierno valenciano.

El 3 de julio de 2012, casi dos años después de las primeras denuncias de PSPV y Compromís, la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia remitió el caso Cooperación al TSJ al encontrar indicios de delito en Rafael Blasco, entonces portavoz parlamentario del PP.

Consideraba "constatado" que Blasco "conocía el fin último de Augusto César Tauroni de lucrarse con los fondos obtenidos de las subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y además, participó de los beneficios ilícitos obtenidos por Augusto Tauroni al recibir determinadas cantidades de dinero por parte de éste".

El 2 de octubre de 2012 Blasco dimitió como portavoz 'popular' tras ser imputado por el TSJ. Y mantuvo su escaño hasta que la apertura de juicio oral contra él era inminente. El 25 de junio de 2013 y después de que la propia Generalitat pidiera 11 años de cárcel para él, Blasco dejó el PP y pasó al grupo de no adscritos.

Rafael Blasco, desaparecido de la vida política desde entonces, ha sido juzgado por segunda vez en su carrera. La primera vez era socialista. En 1989, siendo conseller de Obras Públicas del gobierno de Joan Lerma, fue imputado en un caso de recalificación de suelo del que logró ser exculpado por la anulación de unas escuchas que le inculpaban. Su abogado era y sigue siendo Javier Boix, el mismo que logró la inocencia de Camps por el asunto de los trajes de Gürtel y el mismo que ha defendido a Carlos Fabra.

Veinticuatro años después, Blasco quedó apresado de nuevo por las grabaciones. Esas en las que se oía: "Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los negratas". Esta vez sin escapatoria. Blasco es culpable.

Su carrera política está acabada, pese mantener su escaño como no adscrito en las Cortes Valencianas, y aún tendrá que sentarse dos veces más en el banquillo con un futuro poco halagüeño. Están en fase de investigación el desfalco en la concesión de subvenciones en los años 2009, 2010 y 2011 (pieza 2) y el proyecto de construcción del Hospital de Haití (pieza 3). La edificación de este centro estaba llamada a ser el proyecto de cooperación más importante de la Generalitat Valenciana y sin embargo se quedó en nada. Las investigaciones apuntan a que el dinero nunca llegó.

Estas dos últimas instrucciones son bastante más comprometidas para el político pues el desvío de dinero podría ascender a cinco millones.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 9
  • Año de los hechos: 2008
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
PP
Actualizado el: 23 de Octubre del 2018
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Implicados
Rafael Blasco Castany
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Malversación de caudales públicos, en concurso con un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial
  • Cargo: Consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana (2007-2011), portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (2009-2012)

Condenado a seis años y seis meses de prisión y veinte años de inhabilitación absoluta en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales. Investigado también en las piezas dos y tres que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Marcos Antonio Llinares Picó
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe del área de cooperación

Absuelto por el Tribunal Supremo en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES. Imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Marcial López López
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Fraude de subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial
  • Cargo: Presidente de la Fundación CYES

Condenado a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 millones de euros en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES


Josep María Felip Sardá
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación administrativa
  • Cargo: Director general de la Conselleria de Solidaridad

Condenado a siete años de inhabilitación. Investigado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


María Josefa Cervera Tomás
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Cooperadora necesaria de un delito de fraude de subvenciones en concurso medial con un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autora
  • Cargo: Empleada de la Fundación CYES, esposa de Marcial López

Condenada a tres años de prisión en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES


JAVIER LLOPIS BAUSET
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL
  • Cargo: Ex Jefe de gabinete de Rafael Blasco

Condenado a pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con una cuota diaria de 15 €


Augusto César Tauroni Masía
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autor en concurso medial con un delito de malversación (que subsume al delito de fraude de subvenciones por el que también era acusado) del que sería cooperador necesario
  • Cargo: Empresario, creador y director de la trama de empresas alrededor de la Fundación Hemisferio

Condenado a seis años de prisión en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES. También imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


ALEJANDRO Català Bas
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Falsedad y prevaricación
  • Cargo: Subsecretario de la Consejería de Solidaridad

Condenado a cuatro años, seis meses y un día de prisión en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES


Agustina Sanjuán Ballesteros
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Malversación de caudales públicos en concurso, prevaricación administrativa en el que intervino en calidad de cooperadora necesaria y delito continuado de falsedad en documento oficial sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
  • Cargo: Secretaría general administrativa de la Conselleria

Condenada a seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta en la pieza que investigaba las subvenciones otorgadas a la Fundación CYES. Imputada también en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.