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Sobre el Caso Bahia Competitiva

Bahía Competitiva fue una trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía. Fue desarticulada con 31 detenciones y en este momento sigue en marcha con su instrucción, llevada a cabo por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, Lourdes del Río. 50 empresas solicitaban las ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública. El conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan específico de ayudas para el fomento empresarial, pero nunca se produjo. En la investigación se ha llegado a conocer que el dinero acabó vinculado a distintas empresas radicadas en paraísos fiscales.

El entramado investigado se sustentaba en tres pilares. En primer lugar existía, supuestamente, un grupo de empresarios encargado de formalizar todos los trámites requeridos legalmente para la solicitud de este tipo de subvenciones. Posteriormente, entraban en escena una serie de empleados públicos cuya función sería la facilitación de forma irregular de la concesión de los fondos a los responsables de las mercantiles. Finalmente, un segundo grupo de empresarios se encargaría de ocultar los beneficios para defraudar a la Hacienda Pública.

Si en el caso de las detenciones de esta semana por malversación de caudales públicos, f raude, falsedad documental y asociación ilícita el inicio de todo fue la denuncia presentada por un empresario perjudicado por la trama en 2014, en Bahía Competitiva todo se inició por la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Ya entonces había serias sospechas de la existencia de un entramado empresarial que se habría creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la propia Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria, para el fomento empresarial. A partir de ahí, todo fue cayendo como un castillo de naipes.

Las primeras se llevaron a cabo en 2011 en Santiago de Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas en La Coruña), en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el País Vasco.

La investigación, llevada a cabo por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria, llevó posteriormente a la detención de funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. También fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, hasta llegar a un total de 31.

La instrucción proseguirá durante varios meses más después de la petición que realizó recientemente el Fiscal Anticorrupción para que fuera considerada como macrocausa. El Ministerio Público considera que quedan diligencias pendientes de practicar, como el análisis de material informático o de correos electrónicos. Son indagaciones aún en trámite que podrían dar lugar a nuevas imputaciones.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 21000000
  • Total implicados: 31
  • Año de los hechos: 2007
  • Estado judicial: Abierto
Empresas
Actualizado el: 11 de Junio del 2018
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Implicados
Alejandro Dávila Ouviña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


John Thomas Abkemier
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


David Wyatt Hardell
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


Joaquín Arespacochaga Llopiz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Inspector de Hacienda en excedencia, asesor fiscal


Juan Arespacochaga
  • Situación Judicial: Imputado


Juan Díaz Herrera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Notario


Gorka Retolaza Gaviña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


Miguel Retolaza Gaviña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


Teodoro Clavijo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-empleado de la Diputación de Cádiz


María José Valencia García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-concejala de Sanlúcar, ex-diputada de la Diputación de Cádiz


Adelaida Moraes Gainza
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefa de servicio del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial de Cádiz