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Sobre el Caso À Punt

A la dirección de À Punt se le acumulan los problemas. Después de que voces del consejo rector y la propia Generalitat criticasen el «fracaso» de un modelo que no ha conseguido los objetivos previstos en cuanto a audiencia e ingresos publicitarios, ahora el juez ha llamado a declarar como imputados a la directora general del ente, Empar Marco, y al presidente del consejo rector, Enric Soriano, tras admitir una querella presentada por el PP en la que se denunciaban posibles irregularidades en la adjudicación en unos contratos para rodar una serie de ficción de la cadena autonómica y para fichar personal del organismo.

El escrito presentado por Jorge Bellver, diputado popular en Les Corts, en el juzgado de Paterna alertaba de que se había podido producir un presunto delito de prevaricación. ¿Por qué? La dirección del ente adjudicó un contrató a una empresa (Mediterráneo Media Enterteinment) propiedad de un exconcejal del PSPV de Benifaió. Una operación que se habría llevado a cabo por un importe de 1,3 millones sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva ni tampoco procedimiento sin publicidad en el que existiese una negociación previa sobre el precio y características del servicio, por lo que la tramitación que se le da es la propia de un contrato menor pese a su elevado importe.

En la querella se sostiene que la firma «no contaba con solvencia técnica ni económica suficiente para ejecutar el contrato» y que desde À Punt no se preocuparon en comprobar este requisito legal. El contrato millonario fue adjudicado en el año 2017 y esa empresa en el ejercicio anterior tan sólo había tenido un volumen de negocio de 4.500 euros. Algo que llama de forma especial la atención a los populares. Además, remarcan que À Punt anticipó el pago de casi medio millón de euros «por unos trabajos no realizados en el momento del pago, ya que no consta la recepción de los mismos».

La querella pone en duda la adjudicación de una serie y la contratación de personal

En la querella también se pone encima de la mesa otros supuestos que podrían haberse producido de manera irregular. En este caso hace referencia a contratos con distintas personas físicas, que consideran que encubren salarios de personal no contratado ya que el PP apunta que con carácter previo a su contratación como personal laboral, se pagaron cantidades a modo de «salarios», pero disfrazando estas prebendas dándoles apariencia de contrataciones para la prestación de servicios tan genéricos como elaboración de informes o estudios. Otras operaciones dudosas son las relativas a tres personas para puestos de carácter directivo sin la previa realización de un proceso selectivo que garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad a los que se refiere la normativa actual.

Tanto Marco como Soriano deberán dar explicaciones sobre estos hechos el próximo 20 de junio. Esta imputación ha llegado en un momento complicado para la cúpula del ente ya que han surgido voces críticas tanto desde dentro del consejo rector como de la Generalitat que no ha dudado en calificar de «fracaso» la gestión de la máxima responsable de la cadena autonómica a pocas semanas de que se cumpla un año del arranque de las emisiones.

Las críticas hacia la dirección del organismo llegan por dos asuntos fundamentales, la audiencia y los ingresos publicitarios. Objetivos estaban plasmados en el contrato programa. La cuota de pantalla de À Punt es de sólo un 2% y tan sólo tiene algunos picos puntuales y por tanto queda muy lejos del 8% que suelen tener las otras televisiones autonómicas y que era el objetivo previsto en el documento base. Por su parte, los fondos que se han ingresado por los anuncios son de 800.000 euros pese a que se esperaba que fuera de cuatro millones. Esta situación complica que se puedan cuadrar los números y prueba de ello es que la cadena cerró el ejercicio económico de 2018 con pérdidas de 48 millones. Y por ello, los cerca de 60 millones que se reciben de forma anual por parte de la Generalitat de momento parece que van a ir dirigidos a cubrir las pérdidas que acumula la cadena.

Aclarar los hechos

Desde À Punt no quisieron hacer ayer ningún tipo de declaraciones sobre el asunto de la imputación. Por su parte, Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano sí que aseguró que «aunque respeta la presunción de inocencia» al detectar su partido estas posibles irregularidades quisieron ponerlo en conocimiento del juzgado por si se había constituído algún tipo de delito. Por ello, la líder de los populares consideró que ahora es necesario que se den explicaciones sobre los hechos y que el juzgado se pronuncie sobre si se ha podido incurrir en algún tipo de delito por parte de la cúpula de la radiotelevisión valenciana.

Una mayoría de dos tercios de la dirección puede cesar a Marco

El Consell Rector de À Punt celebra hoy una reunión de vital importancia después de unas semanas en las que se ha puesto en duda la gestión de la máxima dirigente del ente, Empar Marco. Los malos resultados de audiencia y la dificultad para recaudar ingresos de la publicidad han dejado al límite un modelo que podría tener los días contados si así lo deciden un tercio de los miembros de la cúpula del organismo.

La Ley 6/2016, de 15 de julio del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat establece una serie de supuestos por los que se podría proceder a la revocación de Marco antes de que expire el mandato que debería terminar en 2020. Uno de ellos hace referencia a «un acuerdo motivado» por mayoría de dos tercios de la dirección de la radiotelevisión. Este es un punto que no contempla una causa concreta y que dejaba abierta la posibilidad para supuestos no contemplados en la ley en los que no habría debate como son la renuncia o incapacidad física. Una prerrogativa que en este año de emisiones no se había llegado a poner encima de la mesa hasta ahora.

En el orden del día de la reunión no está previsto un punto concreto sobre la destitución pero sí que se tiene intención de tratar esta cuestión a la hora de abordar la reunión mantenida por la comisión mixta de seguimiento del contrato-programa suscrito por la Generalitat y la radiotelevisión pública. Otro asunto que se espera que se analice será la imputación de Marco y de Enric Soriano, presidente del Consell Rector y que podría ser un argumento más para proponer su cese. Hasta ahora, tan sólo se había propuesto la baja de Marco por parte de uno de los consejeros pero los últimos acontecimientos han fomentado que más personas la hayan reclamado.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas Públicas
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 2
  • Año de los hechos: 2017
  • Estado judicial: Abierto
Empresas Públicas
Actualizado el: 03 de Mayo del 2019
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Implicados
Enrique Soriano Hernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación
  • Cargo: Presidente de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC)


Empar Marco Estellés
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación
  • Cargo: Directora de Á Punt


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